Ciudad de México, 03/07/26 (Más).- En ocho de las entidades con mayor incidencia de extorsión en el país, menos del uno por ciento de los delitos estimados llega a convertirse en una carpeta de investigación y únicamente una fracción mínima concluye con una sentencia condenatoria, de acuerdo con una investigación sobre el funcionamiento del sistema de justicia en estos casos.
Según la información publicada por Animal Político, el análisis, elaborado a partir de solicitudes de transparencia y datos oficiales, muestra que la mayoría de las víctimas decide no denunciar debido al temor a represalias, la desconfianza en las autoridades y los obstáculos que enfrentan durante los procesos de investigación.
La investigación documenta el caso de Alexis, nombre ficticio de una trabajadora que laboró en un food truck en una ciudad turística de Quintana Roo.
Según su testimonio, el negocio comenzó a ser víctima de cobros de derecho de piso por parte de un grupo criminal que impedía su operación pese a que los propietarios ya habían realizado pagos por alrededor de 40 mil pesos.
Con el paso de las semanas, las amenazas aumentaron. Integrantes del grupo siguieron a los trabajadores, tomaron fotografías de la encargada sin su consentimiento e incluso uno de ellos la sujetó por el rostro para fotografiarla mientras le advertía que el problema era con los dueños del negocio. Finalmente, el establecimiento dejó de operar y Alexis perdió su empleo.
La entrevistada afirmó que nunca consideró presentar una denuncia debido al temor de que las autoridades pudieran filtrar información a los responsables o que las represalias alcanzaran a sus familiares. La investigación señala que este tipo de percepciones coincide con los bajos niveles de denuncia registrados en el país.
El reportaje también presenta el caso de Kimberly, una joven de Guadalajara que sí decidió denunciar después de ser víctima de una extorsión telefónica.
Delincuentes obtuvieron acceso a parte de su información personal y utilizaron su número telefónico para contactar a familiares y amigos con amenazas e imágenes violentas para exigir dinero.
Aunque la Fiscalía de Jalisco inició una investigación y posteriormente informó que las llamadas presuntamente provenían de un inmueble en la Ciudad de México, la víctima desistió de continuar el proceso tras recibir asesoría jurídica sobre los costos, el tiempo y las escasas probabilidades de obtener una resolución favorable.
Los datos obtenidos por Animal Político muestran que en la Ciudad de México se estiman alrededor de 600 mil extorsiones al año, mientras que durante 2025 la Fiscalía capitalina abrió únicamente mil 753 carpetas de investigación.
De ellas, 155 fueron judicializadas y cerca de 60 concluyeron con sentencia, lo que equivale aproximadamente a una condena por cada 10 mil extorsiones estimadas.
En Jalisco, la investigación refiere que se registran alrededor de 275 mil extorsiones anuales. Durante 2025 se iniciaron 438 carpetas de investigación, de las cuales solo 15 fueron judicializadas y una concluyó con sentencia, proporción que representa uno de los niveles más bajos entre las entidades analizadas.
El estudio señala que el mismo patrón se observa en otros estados. Incluso en Nuevo León, donde existe la mayor proporción de denuncias respecto del universo estimado de víctimas, menos del uno por ciento de las extorsiones llega a conocimiento formal de las autoridades.
En Guanajuato se reporta el mayor porcentaje de sentencias respecto de las carpetas iniciadas, mientras que en Michoacán una parte importante de las investigaciones permanece abierta o archivada.
Especialistas consultados por el medio atribuyen este fenómeno a diversos factores, entre ellos el miedo de las víctimas a sufrir represalias, la percepción de posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales, la burocracia para presentar denuncias, la insuficiencia de ministerios públicos y policías de investigación, así como la sobrecarga de expedientes en las fiscalías.
La investigación también refiere que, aunque el Gobierno de México sostiene que desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en 2025 el delito registra una tendencia a la baja, los informes oficiales se concentran en indicadores como detenciones, llamadas al número 089 y extorsiones evitadas, sin detallar cuántas investigaciones concluyen con sentencias condenatorias, etapa en la que persisten los mayores niveles de rezago del sistema de justicia.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.