El Callejón

02/03/26

Por Juan Ciudadano

El Callejón

Sin narcoblindaje

En Coahuila la ley electoral trae candados, sí… pero no donde se necesita. El Código Electoral presume orden, formato, requisitos de elegibilidad y un catálogo entero de “cumpla con esto”, “presente aquello”, “sepárese de tal cargo en tal plazo”. Pero cuando se trata de que se cuelen candidatos financiados por el crimen organizado o de plano ligados a “la maña”— la ley se queda muda. Ni siquiera aparece la palabra “delincuencia” o “narcotráfico” en todo el documento.

Antes, al menos, se pedía carta de no antecedentes penales y hasta certificado antidoping. Hoy eso ya no existe. El artículo 10 habla de padrón, plazos de separación, declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto, y la prohibición por violencia política de género. Todo muy correcto para el expediente, pero insuficiente para el mundo real, donde un perfil indeseable puede entregar papelitos impecables y pasar como “ciudadano ejemplar” sin que nadie lo toque con una verificación seria.

¿Dónde sí hay controles? En el dinero de campaña. Para independientes, el artículo 116 prohíbe recursos ilícitos; el 112 ordena verificar licitud y castiga violaciones graves; y el 162 permite convenios con autoridades financieras y Fiscalía para investigar origen ilícito. Ese muro está diseñado para frenar billetes sucios, no para bloquear personas con vínculos turbios. El candidato puede llegar “limpio” en papeles, financiar campaña con recursos aparentemente legales… y seguir relacionándose como siempre.

El Instituto Electoral se amarra al principio de legalidad (“no puedo hacer más de lo que la ley me permite”) y a la presunción de inocencia (“si no hay sentencia, no puedo tratarlo como culpable”). Correcto en teoría; inútil en la práctica cuando la puerta queda abierta para perfiles que nadie quiere sentados en el Congreso.

El propio gobernador Manolo Jiménez pidió al IEC, pero sobre todo a los partidos políticos revisar candidaturas para evitar infiltración criminal e incluso verificar que los candidatos no padezcan alguna enfermedad mental.

Bajo observación

La deuda pública del gobierno de Coahuila está bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda por una razón: las participaciones federales están comprometidas para el pago.

Estamos hablando de números grandes, el 30 de octubre de 2023 se contrataron créditos simples que se inscribieron el 8 de noviembre. Nueve créditos, distintas instituciones, 36 mil 189 millones 318 mil 405 pesos, además de un préstamo que ya venía de tiempo atrás de 608 millones da un total vigente registrado de 36,797 millones 318 mil 405 pesos. ¿Por qué tan poquito?

Hacienda dice que todo es “endeudamiento sostenible” y que no hay riesgo elevado, pero, “bajo observación” y ese letrero no es una estrellita en la frente. La deuda no es solo monto; es margen. Y el margen, cuando se reduce, se siente en obras, servicios y en la capacidad de reaccionar cuando truena algo.