Callejón

El Callejón

26/02/26

Por Juan Ciudadano

Siguen bastos para la gente de Monclova, se cayó la subasta de AHMSA, el proceso sigue empantanado. el falló se tomó bajo la conducción judicial del concurso, encabezada por la jueza Ruth Hagi Huerta García.

En el centro de las dudas aparece el cínico, a no perdón, fue el auto corrector, quise decir el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez. Se le cuestiona duro: hay quien considera deshonesta su participación y hay quien piensa que el proceso se está conduciendo con demasiada comodidad para ciertos intereses. Punto. Meses de plazos movidos, promesas recicladas y cero resultados no ayudan a disipar nada.

La región centro de Coahuila está atorada en lo mismo: la espera. No por paciencia, sino porque no hay opción, cada anuncio termina en nada. A los exobreros les piden calma, comprensión y fe en el procedimiento, como si el procedimiento pagara el gas, la escuela y el súper.

Y en medio de ese desgaste catearon la casa de un extrabajador identificado en reportes como Guadalupe “N”, exobrero y excomisionado sindical. Con el trabajador sí hay prisa. Con el trabajador sí hay operativo. Con el trabajador sí se demuestra músculo. Pero a ver si van a catear la casa de Alonso Ancira. Ahí cambia el tono. Ahí se les arruga el cutis. Y la gente lo lee como lo que es: valentía selectiva.

No hace falta exagerar para que se entienda. Si la autoridad quiere investigar, que investigue. Si quiere actuar, que actúe. Pero que no se vea —otra vez— que el mensaje va dirigido al más fácil. Porque el responsable señalado de la quiebra no es el que perdió el empleo: es el que manejó la empresa hasta estrellarla y dejó a miles con la vida en pausa.

La subasta desierta no es un trámite: es otra puerta cerrada. Y cada puerta cerrada alimenta lo mismo: no tienen llenadera de dilaciones, de vueltas y de “ahora sí”.

La mala noticia es que en los pasos que siguen el síndico sigue siendo quien marque la pauta, eso es igual a pérdida de tiempo, la juez Ruth Hagi debería inhabilitar a Aguilera y colocar en esa posición a alguien más imparcial, más profesional, más ejecutivo.

Lo mínimo que la ciudadanía exige en este caso es claridad, que el proceso deje de sentirse como castigo para el obrero y blindaje para el poderoso.


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