El alto riesgo de ser periodista en México

La violencia contra la prensa dejó al menos seis periodistas asesinados en México durante el primer semestre de 2026, además de amenazas, atentados e intimidaciones en distintas entidades. El caso más reciente fue el de Josué Martínez Contreras, ultimado en Puebla después de haber denunciado presunto hostigamiento por sus investigaciones sobre el manejo del agua

Ciudad de México, 18/07/26 (Más).- Al menos seis periodistas han sido asesinados en México durante los primeros seis meses de 2026, mientras organizaciones nacionales e internacionales advierten que persisten la impunidad, las agresiones contra comunicadores y las deficiencias en los mecanismos de protección para el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

De acuerdo con una investigación publicada por El País, el caso más reciente corresponde a Josué Martínez Contreras, periodista, académico y abogado de 39 años, quien fue asesinado el 17 de julio en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, cuando viajaba acompañado de su hijo de 13 años. El menor solicitó auxilio tras el ataque, pero los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del comunicador.

Con este homicidio suman seis periodistas asesinados en lo que va del año. La lista incluye a Manuel Alejandro Moreno Serna, ultimado el 3 de julio en Zihuatanejo, Guerrero; Roxana Berenice Guzmán, de Veracruz, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida; Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio en Poza Rica; Juan David Gámez, muerto en marzo en Nuevo León, y Carlos Castro, asesinado el 8 de enero también en Poza Rica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició las investigaciones por el asesinato de Martínez Contreras. Sin embargo, en noviembre de 2025 el propio periodista difundió un video en el que denunció presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades municipales y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de publicar señalamientos sobre supuestas tomas clandestinas de agua y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos relacionados con el servicio.

En esa grabación, Martínez Contreras aseguró que funcionarios acudieron a su domicilio para reclamar un supuesto adeudo por consumo de agua, pese a que mostró comprobantes de pago. También afirmó haber cubierto una multa de seis mil pesos y sostuvo que las presiones estaban relacionadas con sus denuncias públicas sobre el manejo del sistema de agua potable en su municipio.

Tras el crimen, Reporteros Sin Fronteras (RSF) cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas frente a la violencia contra la prensa. El director de la organización para América Latina, Artur Romeu, señaló que abrir investigaciones después de cada asesinato resulta insuficiente y pidió al Gobierno federal implementar medidas efectivas de prevención, protección y rendición de cuentas para evitar nuevos ataques contra periodistas.

Otro de los casos que ha generado preocupación es el de Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz. Su secuestro fue captado en video cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda y se la llevaron por la fuerza.

Un mes después, sus restos fueron localizados en un rancho del municipio de Moloacán. Hasta ahora, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que, de los seis asesinatos registrados en 2026, únicamente el caso de Roxana Guzmán presenta personas detenidas. Consideran que la falta de resultados en las investigaciones fortalece el clima de impunidad y aumenta la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo, especialmente en medios locales.

En Veracruz, donde fueron asesinados Carlos Castro y Luis Ángel López Valdez, la gobernadora Rocío Nahle ha señalado que las investigaciones no apuntan a que los homicidios estén relacionados con la actividad periodística de las víctimas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado en distintas ocasiones que los casos son revisados por el gabinete de seguridad y permanecen bajo investigación.

Además de los homicidios, durante este año se han documentado múltiples agresiones contra periodistas en distintas entidades.

Entre ellas se encuentran el ataque armado contra César Millán Lafarga en Culiacán; el atentado contra Óscar Merino Ruiz en Oaxaca, quien sobrevivió tras permanecer hospitalizado; amenazas contra Juan Manuel Partida Valdez en Sinaloa; el borrado de material periodístico y presuntas intimidaciones de elementos de la Secretaría de Marina contra reporteros de Tamaulipas; el ataque contra Marcos Ramos en Chiapas y un intento de allanamiento al domicilio del periodista independiente Ángel Maldonado en Coahuila.

A estas agresiones se suman las condiciones laborales que enfrentan numerosos comunicadores fuera de la Ciudad de México. De acuerdo con datos oficiales citados en el reporte, el ingreso promedio mensual de autores, periodistas y traductores ronda los ocho mil pesos por una jornada cercana a las 38 horas semanales, situación que obliga a muchos profesionales de la información a desempeñar actividades adicionales para sostenerse económicamente. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han advertido que, además de la violencia física, en diversas entidades se impulsan medidas legales y administrativas que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que reiteran la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico en México.