Dos coahuilenses entre los políticos con visa cancelada

Por lo menos 13 políticos o figuras públicas mexicanas han sido identificados en casos de documentos migratorios revocados. La cifra podría ser mayor porque no todos los casos se han hecho públicos

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila, 04/05/26 (Más).- Al menos 13 políticos, funcionarios o figuras públicas mexicanas han sido identificados públicamente en casos de visas revocadas o reportadas como revocadas por Estados Unidos, entre ellos dos funcionarios coahuilenses, aunque según reportes periodísticos la lista podría rebasar los 50 casos.

El caso de Coahuila corresponde a Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte, y a su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, identificado en los reportes de agosto de 2025 como mando policiaco estatal.

El 22 de agosto de 2025 se informó que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos habría revocado la visa de Villarreal Pérez, priista, exalcaldesa de Piedras Negras y exsecretaria de Seguridad Pública estatal, así como la de Barajas Hernández, a quienes las autoridades migratorias les impidió el ingreso cuando intentaban entrar a Estados Unidos por el puente internacional de Piedras Negras, el 20 de agosto.

Hasta ahora son los únicos coahuilenses dados a conocer públicamente por medios en esta oleada de revocaciones. La información oficial en manos de diversas autoridades norteamericanas es de carácter reservado, ya que la legislación estadounidense no permite revelar los nombres de las personas que obtienen o les es cancelada su visa.

La dimensión nacional del fenómeno fue ampliada por Reuters, que el 14 de octubre de 2025 informó que Estados Unidos había revocado visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una ofensiva contra cárteles y presuntos aliados políticos.

La agencia de noticias precisó que sólo algunos casos se habían hecho públicos y que no pudo conocer todos los nombres; también citó a un funcionario del Departamento de Estado que sostuvo que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento cuando las actividades de una persona sean contrarias al interés nacional estadounidense.

En la cronología pública nacional, uno de los primeros casos conocidos fue el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California por Morena, y su entonces esposo Carlos Torres Torres, también vinculado a ese partido político.

Al respecto, la agencia AP informó en mayo de 2025 que la propia gobernadora anunció en redes sociales que Estados Unidos les retiró las visas de turista a ambos. En la información divulgada se añadió que la embajada estadounidense no comentó detalles por tratarse de expedientes confidenciales y que Torres Torres sostuvo que el procedimiento no representaba acusación formal, investigación ni imputación en México o Estados Unidos.

El 7 de junio de 2025 se conoció por Milenio el caso de Hernán Jesús Vega Burgos, abogado yucateco y candidato ganador a una magistratura local en Yucatán, a quien Estados Unidos notificó desde el 5 de febrero que su visa había sido revocada. La publicación lo vinculó con señalamientos antiguos relacionados con una red de explotación sexual, aunque también refirió que fue absuelto penalmente en México y que no contaba con antecedentes penales.

El 11 de junio de 2025, La Jornada informó que autoridades estadounidenses anularon la visa de Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, de Morena, cuando intentaba ingresar a Arizona por la garita de San Luis Río Colorado. Según esa publicación, la medida también incluyó la retención de las visas de su esposa e hijo, aunque el propio alcalde después negó públicamente que hubiera perdido la visa, por lo que el caso debe manejarse como reportado y controvertido.

El 7 de agosto de 2025, El Financiero reportó que Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora, de Morena, confirmó en video la cancelación de su visa estadounidense. El edil afirmó que tenía la conciencia tranquila y que no se le había calificado de ninguna conducta indebida.

El 15 de agosto de 2025, La Jornada Baja California informó que la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, confirmó mediante comunicado que autoridades migratorias de Estados Unidos revocaron la visa de turista de su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, funcionario sanitario estatal, durante un procedimiento de revisión en la garita Mexicali-Calexico. Este caso se contabiliza por Guerrero Delgado; el de Bustamante no se incluye dentro de los 13 casos firmes porque la información pública sobre su propia visa ha sido contradictoria.

Después de los casos de Coahuila, el 28 de septiembre de 2025, La Jornada publicó que autoridades estadounidenses retiraron la visa al diputado federal Mario Alberto López Hernández, exalcalde de Matamoros, Tamaulipas, postulado por Morena y entonces integrante de la bancada del PVEM. La misma nota señaló que el legislador negó la versión y dijo que sólo se le pidió renovar el documento.

El 15 de octubre de 2025, El Financiero informó que el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, del PRI, confirmó que Estados Unidos le revocó la visa desde el 31 de julio. Astudillo dijo que recibió la notificación por correo electrónico y que no se le explicaron formalmente las razones de la decisión.

El 4 de diciembre de 2025, El Financiero publicó que José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, de Morena, confirmó en redes sociales que su visa había sido revocada cuando intentó cruzar a Estados Unidos por Calexico. El edil dijo desconocer los motivos oficiales de la cancelación.

Ese mismo 4 de diciembre de 2025, Milenio informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, entonces director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México. El medio señaló que autoridades diplomáticas estadounidenses le confirmaron la anulación del documento y que la decisión formaba parte de una estrategia de revisión de visados.

El caso más reciente incorporado a la lista pública es el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena. Latinus, con base en una publicación de Los Angeles Times, informó el 27 de abril de 2026 que Rocha no contaba con visa para viajar a Estados Unidos porque le habría sido revocada desde 2025. Dos días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí confirmó oficialmente una acusación penal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses por delitos de narcotráfico y armas; esa acusación debe distinguirse de la revocación de visa, que hasta ahora aparece como reporte periodístico.

La reserva oficial sobre estos casos tiene sustento legal. El Departamento de Estado señala que los expedientes de visa son confidenciales bajo la sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y la regulación federal estadounidense autoriza a un oficial consular, al secretario de Estado o a un funcionario delegado a revocar una visa de no inmigrante en cualquier momento y de manera discrecional.

Por esa razón, la lista conocida públicamente no equivale a una lista oficial completa ni permite concluir, por sí sola, responsabilidad penal o vínculos criminales de todos los afectados. En la mayoría de los casos, la información proviene de declaraciones de los propios involucrados o de reportes periodísticos; sólo en el caso de Rocha Moya existe, además, una acusación penal formal de autoridades estadounidenses, sujeta a presunción de inocencia.