Ciudad de México, 15/07/26 (Más).- El presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) registró una reducción de 43.2% en términos reales entre 2018 y 2026, de acuerdo con cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), situación que especialistas consideran ha limitado la capacidad operativa de la dependencia para realizar inspecciones y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental.
De acuerdo con información de El Universal y datos analizados por el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México, el presupuesto de la Profepa pasó de un monto equivalente a mil 456 millones 12 mil 229 pesos, ajustado por inflación, en 2018, a 827 millones 72 mil 298 pesos para 2026, lo que representa una disminución real de 43.2%.
El análisis muestra que, tras alcanzar el nivel más alto en 2018, los recursos de la dependencia han mantenido una tendencia descendente durante los últimos ocho años, con reducciones sostenidas que afectan las funciones de inspección, vigilancia y protección ambiental en todo el país.
Anaíd Velasco, gerente de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que la disminución presupuestal impacta directamente en la disponibilidad de inspectores, la contratación de personal y la capacidad institucional para supervisar los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS).
La especialista explicó que uno de esos espacios fue Animal Experience México, establecimiento del que escapó el tigre Kenzo, ejemplar que murió el pasado 2 de julio durante un operativo para su contención en el Estado de México.
Posteriormente, la Profepa realizó una clausura temporal del sitio al detectar irregularidades en su plan de manejo y aseguró otros animales, entre ellos jaguares y un oso negro.
Tras ese caso, integrantes de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) señalaron que la experiencia y preparación del personal encargado de atender este tipo de emergencias resulta determinante para evitar desenlaces fatales en el manejo de fauna silvestre.
Velasco indicó que la reducción de recursos también limita la capacitación del personal de inspección, lo que puede afectar el desarrollo de investigaciones administrativas y penales.
Explicó que el desconocimiento de protocolos puede romper la cadena de custodia de las evidencias y dificultar la imposición de sanciones por delitos ambientales.
La Ley General de Vida Silvestre establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza el funcionamiento tanto de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) como de los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), mientras que corresponde a la Profepa realizar las inspecciones para verificar el cumplimiento de la normatividad.
La gerente de CEMDA consideró que la Procuraduría enfrenta una capacidad limitada para supervisar la totalidad de los recintos que operan en el país, situación que se agrava por la falta de personal y por los riesgos que enfrentan los inspectores en zonas donde existen intereses de grupos delictivos o económicos.
Como antecedente, en octubre de 2025, la titular de la Profepa, Mariana Boy, informó que la institución contaba con aproximadamente 500 inspectores para atender las labores de vigilancia en todo el territorio nacional.
En los últimos años también se han registrado otros casos relacionados con fauna silvestre, entre ellos la clausura del santuario Black Jaguar-White Tiger en 2022 y los operativos realizados en el Santuario Recica entre 2025 y 2026.
El Universal informó que consultó a la Profepa sobre el impacto de los recortes presupuestales en sus actividades; sin embargo, la dependencia declinó emitir comentarios sobre el tema.
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