Chetumal, Quintana Roo, 15/07/26 (Más).- Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo para solicitar la investigación de presuntos delitos cometidos contra el patrimonio arqueológico durante la construcción del Parque de la Memoria Báalam Tun, obra vinculada con los trabajos de salvamento arqueológico del Tren Maya.
De acuerdo con información publicada El Universal, la denuncia fue presentada los días 7 y 8 de julio y solicita que el Ministerio Público investigue la actuación de 26 funcionarios del INAH, entre ellos el exdirector del instituto, Diego Prieto Hernández, así como otros servidores públicos que participaron en el desarrollo del proyecto.
Durante una conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la Comisión y promovente de la denuncia, explicó que el objetivo es determinar posibles responsabilidades por la presunta destrucción de al menos 47 monumentos arqueológicos mayas.
Según lo expuesto por el especialista, los vestigios habrían sido mutilados y posteriormente destruidos, mientras que parte del material pétreo resultante habría sido utilizado para construir estructuras consideradas como monumentos «falsos» dentro del Parque de la Memoria Báalam Tun.
Sánchez informó que la denuncia identifica de manera puntual seis presuntos delitos que, a consideración de los promoventes, fueron cometidos durante la ejecución del proyecto.
Entre ellos se encuentran la destrucción de monumentos arqueológicos; la falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles y fraude ideológico-arqueológico; mala praxis; ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos; y uso indebido de atribuciones y facultades.
La denuncia también solicita investigar la participación de Manuel Pérez Rivas, director del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, así como del Consejo de Arqueología, actualmente encabezado por Laura Ledesma Gallegos, además de cualquier otro funcionario que pudiera resultar involucrado conforme avancen las investigaciones ministeriales.
Los integrantes de la Comisión señalaron que la investigación busca esclarecer si durante los trabajos de rescate, manejo e intervención de los vestigios arqueológicos se incurrió en acciones contrarias a la legislación vigente en materia de protección del patrimonio cultural de la nación.
El caso se relaciona con las labores de salvamento arqueológico desarrolladas durante la construcción del Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno de México, cuya ejecución ha generado diversas posturas sobre la conservación de los bienes arqueológicos en las zonas intervenidas.
Las autoridades federales no han informado sobre la apertura formal de una carpeta de investigación ni han emitido un posicionamiento respecto de los señalamientos formulados por integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH.
La legislación mexicana establece que los monumentos arqueológicos son bienes propiedad de la nación y que su protección corresponde al Estado, por lo que cualquier afectación o intervención fuera del marco legal puede ser investigada y sancionada conforme a las disposiciones aplicables.
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