Ciudad de México, octubre 3. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención y posterior deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como una de las presuntas responsables del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que provocó la muerte de 49 niños y dejó 106 lesionados.
De acuerdo con información de Infobae México, Téllez Nieves se encontraba prófuga en Estados Unidos desde 2022, según lo habían denunciado previamente los padres de las víctimas. Tras su deportación, ingresó al país por la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, y fue puesta a disposición de las autoridades mexicanas.
La acusada deberá responder por los delitos de homicidio y lesiones culposas, mismos por los que había sido sentenciada a casi 29 años de prisión. Su traslado se realizó bajo un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, fue internada en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez que lleva el caso.
Responsabilidades y reclamos de justicia
Los padres de las víctimas, organizados en el Movimiento Cinco de Junio, han señalado desde el inicio a Téllez Nieves como una de las principales responsables de la tragedia, acusándola de operar la guardería en condiciones irregulares, sin medidas de protección civil adecuadas, y bajo presunta protección de redes políticas vinculadas al IMSS y al gobierno federal.
Han insistido en que el incendio no fue un accidente, sino consecuencia de corrupción, omisiones y complicidad institucional. La detención reaviva las exigencias de justicia integral, que incluyen sanciones no sólo para los dueños de la guardería, sino también para funcionarios públicos que autorizaron y supervisaron su operación.
A más de 15 años de la tragedia, los familiares continúan demandando verdad, reparación y castigo. Una de las voces más visibles ha sido la de la senadora Lily Téllez, quien calificó el caso como una “herida abierta” y advirtió que la justicia no estará completa hasta que todos los responsables enfrenten consecuencias penales.
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