Autoridades fiscales reconocen la implicación de redes criminales y funcionarios en el delito, y llaman a reforzar controles aduanales. Judicializan casos que representan apenas el 2.7% del daño estimado
Ciudad de México, 03/10/25 (Más).- El llamado huachicol fiscal, modalidad de contrabando de combustibles que implica el ingreso ilegal de gasolinas al país disfrazadas como otros productos para evadir el pago de impuestos, ha generado pérdidas sin precedentes al erario nacional, con un daño estimado en 600 mil millones de pesos, informó Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la funcionaria detalló que, pese al elevado monto de las pérdidas, hasta ahora solo se han presentado denuncias formales por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos, lo que representa apenas el 2.7% del total calculado por las autoridades fiscales.
En el encuentro entre legisladores federales y altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda se abordó la dimensión del problema y la necesidad de fortalecer las medidas para erradicarlo. Los legisladores cuestionaron la lentitud en la judicialización de estos casos y la escasa recuperación de recursos.
Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del Partido Acción Nacional, criticó que entre 2022 y 2025 no se hayan publicado informes oficiales sobre el contrabando de combustibles e importaciones irregulares de aceites y lubricantes. Exigió a las autoridades fiscales y hacendarias presentar los datos pendientes y realizar un desglose que permita conocer con precisión la evolución del fenómeno y sus responsables.
Por su parte, Homero Niño De Rivera Vela, también legislador del PAN, subrayó la gravedad del problema al señalar que en 2024 el contrabando de combustibles alcanzó un valor cercano a los 170 mil millones de pesos, lo que refleja el nivel de sofisticación y penetración del delito en los sistemas logísticos y aduanales del país.
Galeano García explicó que muchas de las investigaciones continúan en proceso debido a la complejidad de los esquemas delictivos involucrados, los cuales suelen estar ligados a redes de delincuencia organizada.
Esta conexión, dijo, implica mayores retos para las autoridades ministeriales y fiscales, ya que las investigaciones requieren tiempo, análisis de redes financieras, colaboración interinstitucional y protocolos de seguridad reforzados.
La procuradora también fue cuestionada sobre la posible implicación de elementos de la Secretaría de Marina en casos de huachicol fiscal. Aunque evitó dar detalles concretos, sí confirmó que hay funcionarios y exfuncionarios federales involucrados en diversas carpetas de investigación, sin precisar cargos ni dependencias.
En este mismo contexto, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, advirtió que el papel de los agentes aduanales ha sido clave en el tráfico de combustibles ilegales, pero lamentó que hasta ahora su responsabilidad haya sido poco visibilizada y que no existan procesos judiciales abiertos en su contra, a pesar de las evidencias recabadas.
Lerma Cotera también afirmó que gracias al reforzamiento de los controles aduaneros, la recaudación por esta vía ha aumentado más de 200 mil millones de pesos anuales, en parte debido a la contención de mercancías ilícitas. Resaltó que en lo que va del año se han decomisado más de 65 millones de litros de hidrocarburo, cifra que evidencia tanto la magnitud del problema como la respuesta del gobierno federal.
“Muchos de los resultados que se están viendo y las querellas que se están integrando tienen que ver con investigaciones del pasado”, señaló el subsecretario ante los diputados, quienes demandaron no minimizar el impacto del contrabando de combustibles y exigieron sanciones ejemplares a quienes resulten responsables. Ambos funcionarios coincidieron en que se necesita una mayor coordinación entre las instituciones del Estado, así como una revisión a fondo de los procesos aduanales, fiscales y de supervisión, para cerrar el paso al ingreso ilegal de hidrocarburos y garantizar que los recursos públicos no sigan siendo afectados por estas redes criminales.
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