El exgobernador de Baja California es acusado por delitos de delincuencia organizada y contrabando. El caso está vinculado con una presunta red de importación irregular de hidrocarburos
Ciudad de México, 16/07/26 (Más).- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido este jueves en el municipio de Ensenada por elementos federales, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados con una investigación sobre operaciones de huachicol fiscal, informaron autoridades federales.
La aprehensión fue confirmada por la Fiscalía General de la República, que señaló que la captura fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como parte de una investigación considerada de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustibles vinculada con una empresa fundada por el exmandatario estatal.
Las autoridades indicaron que la investigación está relacionada con operaciones de importación irregular de hidrocarburos, una modalidad conocida como huachicol fiscal, mediante la cual se introducen combustibles al país simulando otro tipo de mercancías o alterando documentación aduanera para evadir el pago de impuestos y controles oficiales.
La FGR no ha dado a conocer los detalles específicos de la carpeta de investigación ni el grado de participación que atribuye al exgobernador.
La Fiscalía informó que ofrecerá más información una vez que concluyan los procedimientos legales correspondientes a la detención.
Hasta las primeras horas posteriores al operativo, el Registro Nacional de Detenciones aún no mostraba la ficha oficial del arresto, mientras continuaban las diligencias ministeriales.
La captura ocurre después de varios meses de investigaciones en torno a la empresa Ingemar, de la cual Ernesto Ruffo ha reconocido ser accionista. Desde que comenzaron a surgir versiones sobre el caso, el exgobernador sostuvo públicamente que la compañía únicamente realizaba trámites aduanales relacionados con la importación de combustibles y negó haber participado en actividades ilícitas.
En junio de 2025, las autoridades federales localizaron 129 carrotanques que transportaban más de 15.4 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo sin la documentación que acreditara su procedencia y traslado legal: 33 unidades contenían alrededor de 3.9 millones de litros y otras 96 almacenaban aproximadamente 11.5 millones. El Gobierno federal lo consideró entonces el mayor decomiso de combustible de esa administración.
El caso fue relacionado posteriormente con Ernesto Ruffo Appel porque el exgobernador de Baja California era accionista de Ingemar, empresa importadora mencionada en las investigaciones sobre los documentos utilizados para ingresar el combustible desde Estados Unidos.
Durante junio pasado, Ruffo compareció ante la FGR en calidad de investigado dentro de las indagatorias relacionadas con el denominado huachicol fiscal. En ese momento rechazó las acusaciones, aseguró que no había solicitado ningún amparo y afirmó que colaboraría con las autoridades para demostrar la legalidad de las operaciones de la empresa.
El caso adquirió relevancia nacional desde 2025, cuando autoridades federales iniciaron investigaciones sobre una amplia red de contrabando de combustibles que habría operado mediante empresas importadoras, agentes aduanales y diversos intermediarios.
En ese contexto, el nombre del exgobernador panista comenzó a ser mencionado por su relación accionaria con Ingemar, empresa vinculada en las investigaciones federales sobre el ingreso irregular de millones de litros de hidrocarburos al país.
Ernesto Ruffo Appel hizo historia en la política mexicana al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ganar la gubernatura de Baja California como candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente también se desempeñó como senador de la República y fue considerado una de las figuras emblemáticas del panismo.
Ni la defensa del exgobernador ni el Partido Acción Nacional han emitido un posicionamiento oficial sobre la detención.
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