Chiapas, 03/05/25 (Más).- A pesar del aparente regreso de la calma y del turismo a la región fronteriza de Chiapas, muchas familias desplazadas por la violencia continúan negándose a regresar a sus comunidades por considerar que no existen condiciones reales de seguridad. Mientras las autoridades presumen una “pacificación” de zonas como Lagos de Colón, los testimonios de pobladores y desplazados indican que el temor, la vigilancia permanente y el control de grupos armados persisten.
Lagos de Colón, en el municipio de La Trinitaria, ha comenzado a recibir nuevamente visitantes. Los estanques de mojarras en los comedores han recobrado actividad tras años de abandono debido a la inseguridad. “Apagamos el agua que los alimenta porque los turistas dejaron de llegar. La inseguridad trajo años de miedo y de crisis económica”, comentó el propietario de uno de los restaurantes del sitio ecoturístico.
La reapertura oficial ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando el gobernador Eduardo Ramírez se lanzó a las aguas del balneario como símbolo de recuperación. Desde entonces, se ha buscado proyectar una imagen de estabilidad. No obstante, numerosas casas y negocios a lo largo de la carretera federal 190 continúan vacíos.
Entre los motivos de este vacío, están las historias como la de una mujer desplazada de Chamic, en el vecino municipio de Frontera Comalapa, quien afirma que no hay garantías para regresar. “Quieren que se vea que hay paz, que ya no hay desplazados, pero nosotros no regresaremos, pues no hay condiciones de seguridad”, declaró. Según dijo, hay presión por parte de comisariados ejidales para que las familias regresen, bajo amenaza de perder sus tierras o pagar hasta 50 mil pesos en multas por no haber participado en los trabajos colectivos ni en los bloqueos que grupos criminales impusieron.
Entre mayo de 2023 y principios de 2024, se reportó el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa, uno de los municipios más afectados por la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos impusieron control sobre la vida diaria de las comunidades: ocuparon viviendas, cobraron derecho de piso, controlaron fiestas y hasta reclutaron civiles mediante amenazas.
Los bloqueos en la carretera 190 fueron frecuentes hasta diciembre de 2024, cuando asumió el cargo el gobernador Eduardo Ramírez. Desde entonces, se desplegó el cuerpo de élite llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y cesaron los enfrentamientos. Sin embargo, pobladores como la mujer desplazada citada anteriormente consideran que este “orden” obedece más a un posible acuerdo entre autoridades y grupos delictivos que a una verdadera recuperación del control institucional.
“Creo que el gobierno llegó a un acuerdo con los grupos criminales. Es la única explicación posible de esta repentina pacificación”, afirmó. Agregó que los principales líderes delictivos se retiraron antes del despliegue de fuerzas estatales, lo que evitaría enfrentamientos y daría la apariencia de una intervención exitosa.
En enero de este año, el entonces presidente municipal interino de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido por su presunta relación con el crimen organizado, poco después de posar en redes sociales junto al mando de la FRIP. El municipio ha tenido una serie de autoridades desaparecidas y reaparecidas, en algunos casos, con vínculos reconocidos públicamente con grupos delictivos, como ocurrió con el ex alcalde Irán Mérida Matamoros, quien apareció meses después en un video con miembros de una organización criminal.
Aunque 52 familias han regresado a sus comunidades, según el alcalde del municipio colindante, aún persisten conflictos dentro de los ejidos. Algunos pobladores que permanecieron en la región exigen que los desplazados paguen sanciones por su ausencia. “Esta reacción muestra que la presencia de estos criminales rompe lo comunitario, lacera el tejido social, crea desconfianza”, afirmó la mujer desplazada.
Ella y otros desplazados están trabajando en procesos de reconstrucción comunitaria, enfocados en la recuperación del suelo y la soberanía alimentaria. “Trabajamos la confianza y mantenemos vivos nuestros sueños, los necesitamos para no morirnos. Y si un día retornaremos será de manera colectiva y organizada, para que entre todos agarremos fuerza para sostener al grupo”, concluyó.
Mientras tanto, el contraste entre la reapertura del turismo en Lagos de Colón y el temor persistente en Chamic ilustra la fragilidad de la llamada pacificación en una región donde la violencia dejó marcas profundas y la paz aún se vive con reservas.
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La calma y la paz en esos lugares es pura ilusión.