Amnistía Internacional denuncia que el Estado mexicano no busca activamente a las personas no localizadas y deja esta labor a las familias
Ciudad de México, 2 may (EFE).- A las más de 127,000 personas desaparecidas y no localizadas en México las han buscado sus familias, por lo que cuando las autoridades dicen que no hay desaparición forzada a quienes están ofendiendo es a ellas, afirma a EFE la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, al subrayar que es “un tema ineludible” en el país.
“No se está ofendiendo a los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) es a las familias”, subraya Olivares sobre los señalamientos del Gobierno de México hacia este comité de las Naciones Unidas, que califica la crisis nacional de desapariciones como sistemática y generalizada.
Esta afectación estructural de las violaciones a los derechos humanos en territorio mexicano la comparte AI en su reciente informe ‘La situación de los Derechos Humanos en el Mundo’, que fue presentado el pasado martes.
“Las violaciones a derechos humanos se cometen en México todos los días desde hace más de 50 años, algunas son reiteradas como las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza (…) Pero un tema ineludible hoy es la desaparición forzada”, destaca.
El Estado “no busca a los desaparecidos”
Según datos oficiales, en 2024 se contabilizaron 13,588 personas desaparecidas en México, además en abril ya van 1,050 casos nuevos.
Aún así, detalla, “el Estado mexicano no garantiza que no desaparezcamos” y el otro problema es que “no busca a las personas desaparecidas».
“El hallazgo del Rancho Izaguirre (en Teuchitlán, Jalisco) justamente lo que muestra es que quienes están encontrando a estas personas desaparecidas son los propios familiares”, resalta.
Y estas búsquedas someten a las familias a una gran cantidad de violencias y riesgos porque el Estado no las protege. “Ya llevamos más de 29 personas buscadoras asesinadas, en el mes de abril asesinaron a cuatro (…) Estamos ante una situación realmente crítica”, denuncia.
Sobre estos riesgos, Olivares apunta que las reformas anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después del hallazgo del campo de adiestramiento en Teuchitlán del Cartel Jalisco Nueva Generación, deben hacer que las instituciones hagan su labor de búsqueda, que haya agentes del Estado suficientes, capacitados y profesionalizados.
Además, expone, los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada deben garantizar la protección de los colectivos de búsqueda (…) Y es imprescindible que el Gobierno mexicano omita la insistencia en reclasificar el delito de desaparición forzada.
El informe (2024-2025) de Amnistía Internacional también recordó que la estrategia militar de tener al Ejército mexicano en operaciones de seguridad pública desde hace 17 años ha fallado.
“¿Qué es lo que nos están vendiendo los militares en México? Porque no es cierto que México sea un país más seguro, la estrategia militar es una estrategia fallida. Este es un país muchísimo más peligroso hoy”, sostiene Olivares. Este documento también expone una gran preocupación sobre la colaboración del Gobierno mexicano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un vecino cada vez más cercano a los grupos antiderechos que enardecen los ataques a las personas migrantes.
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