Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 28/04/26 (Más).- Luego de que el índice de transparencia del gasto en salud de las entidades federativas 2026, elaborado por la consultora ARegional, colocó a Coahuila con una calificación reprobatoria, la Secretaría de Salud estatal defendió que el cumplimiento en la difusión de información sanitaria se mide conforme a los criterios de ley y a partir de la evaluación de la autoridad de transparencia, que sí le ha otorgado calificación aprobatoria.
Daniela Sánchez Molina, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, señaló que la dependencia no desestima el estudio de ARegional, pero aclaró que se trata de una evaluación privada y externa a la administración pública, distinta a las verificaciones que realiza el órgano competente en Coahuila.
“Nosotros nos basamos en lo que nos pide la ley”, explicó la funcionaria, al señalar que la Secretaría de Salud atiende las obligaciones establecidas por la Ley General de Transparencia y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.
De acuerdo con Sánchez Molina, anteriormente la autoridad rectora en la materia era el hoy extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, mientras que actualmente esa función corresponde al Órgano de Información y Transparencia de Coahuila (Intrac).
La funcionaria sostuvo que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud trabaja de manera mensual en la recopilación de información con las distintas áreas de la dependencia, para cargarla en los portales oficiales conforme a los formatos y rubros que marca la ley.
La defensa de la Secretaría de Salud se apoya también en dictámenes oficiales de cumplimiento. En el cuarto trimestre de 2025, la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Coahuila y la Unidad de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública obtuvieron calificación de 100 puntos en la evaluación de portales de transparencia, según documentación del Intrac.
Para el primer trimestre de 2026, los dictámenes de verificación también acreditan cumplimiento, aunque con porcentajes distintos: la Secretaría de Salud obtuvo 96.38 por ciento, Servicios de Salud de Coahuila 94 por ciento y la Unidad de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 98.33 por ciento.
Sánchez Molina explicó que esos documentos son los que formalmente acreditan el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del sector salud estatal, al tratarse de evaluaciones emitidas por la autoridad competente y no por una consultoría privada.
El estudio Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por ARegional, calificó a Coahuila con 32.15 puntos de 100 y lo ubicó en el lugar 16 nacional, por debajo del promedio del país, que fue de 37.86 puntos. La medición colocó a 28 de las 32 entidades en el rango de transparencia deficiente, mientras que sólo Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato alcanzaron calificaciones aprobatorias.
De acuerdo con la metodología difundida sobre el índice, ARegional revisó información del ejercicio 2025 y parte de 2026 disponible en portales oficiales del sector salud estatal, con el objetivo de medir el acceso, disponibilidad y calidad de la información relacionada con el uso de recursos públicos en salud.
La evaluación se organiza en seis bloques: marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas; además, toma en cuenta problemas como información incompleta, documentos no editables, ligas rotas, falta de series históricas y ausencia de datos sobre rubros sensibles como medicamentos, plazas, sueldos, auditorías y resultados.
La funcionaria reconoció que ARegional puede aplicar criterios propios de revisión, pero señaló que para emitir una respuesta puntual sería necesario conocer con precisión qué portales revisó, bajo qué parámetros y si la información observada corresponde o no a plataformas alimentadas directamente por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud.
La diferencia central, según la postura de la dependencia, está en que ARegional mide la visibilidad, calidad, orden y disponibilidad de información en distintos portales, mientras que la autoridad estatal revisa el cumplimiento de las obligaciones legales específicas que debe atender cada sujeto obligado.
Uno de los puntos señalados por el estudio privado fue la falta de información visible sobre plazas, personal e información financiera histórica del sector salud. Sobre ello, Sánchez Molina sostuvo que el hecho de que cierta información no esté cargada en una plataforma específica no significa que no sea pública ni que la dependencia se niegue a entregarla.
Explicó que cualquier persona puede solicitar información por las vías oficiales y que la Unidad de Transparencia está obligada a apoyar a los ciudadanos, estudiantes, periodistas o cualquier solicitante que requiera datos de la dependencia.
“Que no esté publicada porque la plataforma no me dice ‘súbela’, no quiere decir que no la tengamos o que no seamos transparentes; la podemos entregar en cualquier momento”, defendió.
La titular de la Unidad de Transparencia añadió que, si bien no le corresponde decidir cambios generales en otros portales o plataformas, sí pueden hacerse recomendaciones a las áreas responsables de cargar información para que ésta sea lo más completa posible.
También consideró necesario que evaluaciones como la de ARegional expliquen con mayor detalle qué revisan y cómo lo revisan, para que las dependencias puedan contrastar esos criterios con las obligaciones establecidas en la ley.
La funcionaria reiteró que la Secretaría de Salud está abierta a proporcionar información tanto a la ciudadanía como a cualquier instancia que la solicite, incluida la propia consultora, y afirmó que la dependencia continuará atendiendo las obligaciones legales de transparencia que le corresponden.
El caso deja abierta una diferencia de fondo entre dos formas de medir la transparencia. Una, el cumplimiento normativo ante el órgano garante estatal; y dos, la exigencia de información más accesible, ordenada, histórica y útil para la ciudadanía, como la que evalúan ejercicios externos como el ITGSEF de ARegional.
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