Ciudad de México, 05/11/26 (Más).- Al menos cuatro mujeres integrantes de la Guardia Nacional (GN) han muerto de manera violenta durante el último año, en hechos investigados como posibles feminicidios o asesinatos, sin que hasta ahora existan resoluciones judiciales definitivas en sus casos. El más reciente corresponde a Cristian Ziboney Cárdenas, de 34 años, localizada sin vida y con signos de violencia en una vivienda de Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con información de El País, los casos de Cristian Ziboney, Stephany Carmona Rojas, Dalila Acosta Medina y Jenyfer López Becerril evidencian una serie de agresiones contra mujeres pertenecientes a la corporación, algunas de ellas presuntamente cometidas por integrantes de la propia institución. Las familias de las víctimas han denunciado falta de avances, inconsistencias en las investigaciones y ausencia de justicia.
Cristian Ziboney Cárdenas tenía 34 años, era originaria de Teacapán, comunidad pesquera del municipio de Escuinapa, Sinaloa, y madre de una niña de ocho años. Su familia señaló que ingresó a la Guardia Nacional con la intención de servir al país y obtener mejores condiciones de vida para su hija.
La mujer fue encontrada muerta con signos de violencia en una vivienda de Culiacán que compartía con Erik Gustavo Acero Hernández, de 29 años, también integrante de la Guardia Nacional. Ambos habían contraído matrimonio el 18 de abril de 2026, de acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales.
Después de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución encargada de la Guardia Nacional, emitió una ficha de búsqueda para localizar a Acero Hernández, quien fue visto por última vez el 2 de noviembre en el domicilio donde posteriormente fue encontrada Cárdenas. Hasta el momento referido en la publicación, las autoridades no habían informado sobre su localización.
La Sedena aseguró que mantiene coordinación con las autoridades civiles y que proporciona apoyo para esclarecer el caso. Sin embargo, la familia de Cristian Ziboney solicitó que el asesinato no quede impune y señaló que su hija quedó en una situación de desamparo tras la muerte de su madre.
La exigencia de justicia también ha sido respaldada por la colectiva Orquídeas Moradas, integrada por mujeres de Escuinapa, municipio de origen de la víctima. Sus integrantes señalaron que la violencia contra las mujeres ha aumentado en la región y relacionaron esta situación con la escalada de violencia criminal que atraviesa Sinaloa desde 2024.
Las activistas indicaron que, de acuerdo con los registros que conocen, al menos 20 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Escuinapa durante 2026. También señalaron que en el caso de Cárdenas existía una presunta llamada de denuncia por violencia familiar, tras la cual habrían acudido elementos policiales al domicilio y encontrado a la mujer sin vida.
La colectiva cuestionó la falta de resultados para localizar al presunto agresor, al considerar que la institución cuenta con mecanismos de comunicación y registro de sus integrantes que podrían contribuir a establecer su ubicación y movimientos.
Otro de los casos documentados corresponde a Stephany Carmona Rojas, de 19 años, quien murió el 14 de octubre de 2025 durante una práctica de tiro en el 51 Batallón de la Guardia Nacional, ubicado en Acapulco, Guerrero.
Antes de su muerte, la joven había presentado una queja formal dentro de la institución por presunto acoso atribuido al sargento Yair Manuel Ramírez de la Cruz. De acuerdo con las investigaciones referidas por el medio, el elemento habría disparado contra ella en dos ocasiones, bajo el argumento de que se trató de un accidente.
Después del hecho, el sargento salió de las instalaciones militares y permaneció prófugo durante cuatro días. La familia de Stephany, originaria de Puebla, aseguró que inicialmente recibió información de que la joven había sufrido un accidente.
Su madre, María Fernanda Rojas, mantiene la exigencia de justicia y ha señalado que el proceso no ha avanzado de manera suficiente. El 30 de noviembre está prevista una audiencia para dar continuidad al caso, mientras que el sargento señalado cumple una condena militar, aunque todavía debe responder por los hechos relacionados con la muerte de la joven.
El tercer caso corresponde a Dalila Acosta Medina, de 28 años, originaria del Estado de México, cuyo cuerpo fue localizado el 6 de enero de 2026 en el estacionamiento de su destacamento en Acapulco.
La mujer presentaba un disparo en el rostro y vestía ropa de civil. Junto a su cuerpo fueron encontrados un arma de fuego y uno de sus teléfonos celulares. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones bajo la hipótesis de suicidio, pero sus familiares rechazaron esa versión y señalaron que existen inconsistencias en los elementos periciales.
La familia de Acosta Medina denunció que el expediente permanece sin avances y que no hay personas detenidas por el caso. También manifestó dificultades para conseguir representación legal, debido a las presuntas irregularidades que identifican en los peritajes.
El cuarto antecedente corresponde a Jenyfer López Becerril, integrante de la Guardia Nacional, cuyo cuerpo fue encontrado en enero de 2025 en su domicilio, en el Estado de México.
En un primer momento, su pareja, Víctor Hugo N, quien también se desempeñaba como sargento de la corporación, sostuvo que se trataba de un suicidio. Sin embargo, el hombre fue detenido semanas después y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los hechos. El caso continuaba en etapa de juicio, sin una resolución definitiva.
Los casos de Stephany Carmona y Dalila Acosta fueron expuestos ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus conferencias de prensa, donde la mandataria se comprometió a revisar la situación. No obstante, las familias han manifestado que continúan enfrentando dificultades para obtener respuestas y avances en las investigaciones.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional no había respondido a los cuestionamientos sobre el estado procesal de los distintos casos de muertes violentas de mujeres dentro de la Guardia Nacional.
La muerte de Cristian Ziboney se suma así a los expedientes de otras tres integrantes de la corporación, cuyas familias mantienen reclamos de esclarecimiento y justicia. Mientras continúan las investigaciones, persisten los señalamientos sobre la necesidad de garantizar que las denuncias de violencia contra mujeres dentro de las instituciones de seguridad sean atendidas y que los hechos no queden sin consecuencias legales.
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