Saltillo, Coahuila, 29/07/25 (Más).- El Gobierno de Coahuila creó la Administración General de Comercio Exterior con el propósito de incrementar el control y la recaudación por mercancías importadas mediante la instalación de retenes en los puentes internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña.
La nueva instancia, que sustituyó a la anterior Administración Local de Comercio Exterior, tiene facultades ampliadas para confiscar bienes, imponer multas, embargar propiedades y bloquear cuentas bancarias de contribuyentes.
En Ciudad Acuña, una ciudadana identificada como Giselle denunció que el pasado 16 de julio fue detenida junto con su pareja cuando ingresaban al país en un vehículo extranjero, del cual afirmaron contar con documentación que acreditaba su propiedad, según publicó Proceso.
La mujer declaró que empleados de la nueva dependencia, apoyados por elementos de la Policía Civil de Coahuila, confiscaron el vehículo sin proporcionar explicaciones, amenazaron a la pareja y retuvieron la credencial de elector de su esposo tras obligarlo a firmar un documento. “Mi esposo prefirió firmar, pero ya no quisieron regresarle su credencial de elector”, relató.
La mujer afirmó que no ha logrado conocer el paradero del vehículo, pues en la Aduana, la Fiscalía y con los operadores de grúas no obtuvo respuesta.
Otro caso fue difundido por la emisora La Rancherita del Aire, donde un ciudadano relató que tras pagar dos mil pesos de impuestos en la Aduana por introducir fierros al país, personal de la nueva dependencia estatal le exigió un pago adicional de 9 mil 800 pesos.
“Dicen que es una multa por haber traído esos fierros, que lo que pagué en la Aduana no servía”, expresó el afectado, quien decidió regresar a Eagle Pass, Texas, sin concluir su ingreso.
Proceso informó que revisó los documentos que se entregaron a la ciudadana y confirmó que en febrero pasado, el gobierno estatal modificó el reglamento interno de la Administración Fiscal General, con lo cual elevó el rango de la unidad y amplió sus atribuciones. A partir de esa reforma, la dependencia puede incautar mercancías y vehículos si considera que el valor declarado ante la Aduana no corresponde al valor real, incluso si ya se han pagado impuestos federales.
La nueva Administración General de Comercio Exterior está dirigida por Luis Alfonso Rodríguez Garza, quien anteriormente fungió como responsable del programa Mejora en la región Carbonífera, mientras que la operación a nivel estatal está bajo la supervisión de Gabriel Elizondo Pérez, primo político del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Las facultades de esta dependencia se basan en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, suscrito por Coahuila con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2015. Dicho convenio permite a las entidades federativas realizar tareas que habitualmente corresponden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Aduana.
Entre las atribuciones asignadas a esta dependencia se encuentran requerir documentación contable, realizar visitas domiciliarias, aplicar sanciones por incumplimiento, ejecutar embargos y ordenar el congelamiento de cuentas bancarias. También puede designar peritos contables que evalúen la veracidad de la información fiscal proporcionada a la autoridad federal.
No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos de 2025 del estado de Coahuila no se reportan estimaciones por concepto de recaudación de impuestos relacionados con el comercio exterior, lo cual sugiere que no se contemplan ingresos adicionales derivados de esta persecución fiscal.
Proceso informó que solicitó una postura oficial al director de Comunicación Social del gobierno estatal, Diego Rodríguez Canales, respecto a las denuncias por decomisos, la falta de transparencia sobre los valores asignados a las mercancías incautadas, el monto de las multas, así como el destino de los bienes asegurados. Aunque el funcionario indicó que revisaría el tema, no volvió a responder.
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