Madrid, España, 11/05/26 (Más).- La presunta trama de corrupción que involucra al exministro español José Luis Ábalos habría tenido uno de sus primeros vínculos internacionales en México, país donde empresarios y actores políticos facilitaron contactos y reuniones que posteriormente derivaron en relaciones señaladas por la Fiscalía Anticorrupción de España como parte de una “verdadera organización criminal”.
De acuerdo con información de El País, dada a conocer durante el juicio que se sigue en España, el empresario y comisionista Víctor de Aldama logró ingresar al círculo cercano de Ábalos gracias a sus conexiones políticas y empresariales en México, entre ellas el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el líder sindical y político Pedro Haces.
Según las investigaciones, estas relaciones permitieron a Aldama posicionarse como intermediario entre empresarios y funcionarios españoles.
El caso se centra principalmente en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 entre 2020 y 2021, cuando Ábalos encabezaba el Ministerio de Fomento, hoy denominado Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La Fiscalía sostiene que empresas vinculadas a Aldama recibieron contratos públicos a cambio de presuntos sobornos y beneficios otorgados al exfuncionario y personas de su entorno.
Durante el juicio, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón aseguró que la relación entre Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama conformó “una verdadera organización criminal”. Las audiencias se extendieron durante 14 sesiones y contaron con la participación de cerca de 70 testigos, incluidos los principales implicados.
Según declaró Aldama ante el tribunal, una de las claves para consolidar su cercanía con Ábalos fue la organización de un viaje oficial a México realizado en febrero de 2019.
El empresario aseguró que presentó al entonces ministro español una amplia red de contactos mexicanos, entre ellos Pedro Haces, Alejandro Murat y figuras vinculadas al Partido Revolucionario Institucional, además de empresarios relacionados con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
El empresario también afirmó que las conversaciones con funcionarios españoles se enfocaron en proyectos estratégicos impulsados en México, como el Tren Maya y el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De acuerdo con el testimonio, Aldama habría gestionado reuniones para facilitar oportunidades de negocio y contratos para empresas españolas interesadas en participar en las grandes obras de infraestructura del nuevo gobierno mexicano.
En diciembre de 2018, Aldama organizó además una visita a Madrid de Alejandro Murat, entonces gobernador de Oaxaca.
Posteriormente, Ábalos y parte de su equipo viajaron a México, donde sostuvieron reuniones con autoridades mexicanas, empresarios y representantes del sector transporte. Entre las actividades reconocidas por el propio exministro se encuentra una visita al Senado de la República gestionada por Pedro Haces y un viaje a Oaxaca para reunirse con Murat.
Durante esa gira, Ábalos sostuvo encuentros con Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, así como con Rafael Marín Mollinedo, encargado del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
Según medios españoles, el viaje tuvo un costo aproximado de 44 mil euros y fue integrado por funcionarios, asesores y escoltas.
Uno de los objetivos principales del viaje, según declaró Ábalos, era proteger las inversiones realizadas por la empresa pública española Ineco tras la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El exfuncionario aseguró que lograron mantener participación de la empresa en el desmontaje del proyecto y abrir nuevas oportunidades de colaboración en infraestructura.
Posteriormente, Ineco, junto con las empresas Renfe y DB Engineering & Consulting, obtuvo un contrato por adjudicación directa relacionado con el Tren Maya por 332 millones de pesos para desempeñarse como operador sombra del proyecto ferroviario.
Además, otras compañías españolas como Acciona y Azvi consiguieron contratos de construcción en distintos tramos de la obra.
Las empresas mencionadas han rechazado las acusaciones sobre presuntos pagos ilegales o beneficios indebidos para obtener contratos tanto en España como en México.
Sin embargo, las revelaciones del juicio han vuelto a colocar bajo escrutinio las relaciones políticas y empresariales construidas alrededor de proyectos de infraestructura impulsados durante el sexenio pasado en México y las conexiones internacionales de la trama investigada por las autoridades españolas.
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