Ciudad de México, 11/08/26 (Más).- Empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen un esquema de presuntas estafas relacionadas con tiempos compartidos, mediante el cual ciudadanos estadounidenses y canadienses, principalmente adultos mayores, son contactados con ofertas para vender o recuperar sus paquetes vacacionales y posteriormente se les solicitan nuevos pagos para concretar supuestas operaciones.
De acuerdo con un reportaje publicado por El País, documentos y testimonios de personas afectadas muestran que los cobros continuarían realizándose pese a las sanciones impuestas por autoridades de Estados Unidos y México contra empresas e individuos relacionados con una red que operaba en Puerto Vallarta y Nayarit.
El pasado 19 de febrero, Estados Unidos sancionó a una red integrada por 17 empresas señaladas por su participación en fraudes con tiempos compartidos y por sus presuntos vínculos con el CJNG. Entre las compañías señaladas se encuentra Kovay Gardens, complejo ubicado en Nayarit que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habría sido utilizado para defraudar a aproximadamente 6 mil personas en Estados Unidos.
El esquema investigado consiste en ofrecer a propietarios de tiempos compartidos la posibilidad de vender sus membresías o recuperar el dinero invertido. Después de aceptar las operaciones, las víctimas reciben nuevas solicitudes de pago relacionadas con supuestos impuestos, trámites, comisiones o servicios necesarios para liberar los recursos prometidos.
Uno de los casos documentados es el de una mujer identificada como Laura, nombre utilizado para proteger su identidad, quien adquirió en marzo de 2025 una membresía en Kovay Gardens por cerca de 30 mil dólares. Representantes de la empresa Blue Point Converters le ofrecieron vender otros tiempos compartidos que ya poseía y le aseguraron que recibiría más de 100 mil dólares un año después.
Al cumplirse el plazo acordado, en marzo de 2026, Laura comenzó a solicitar el pago. Inicialmente recibió respuestas en las que le pedían esperar algunos días, hasta que dejaron de contestar sus llamadas. La afectada posteriormente conoció las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra la red relacionada con Kovay Gardens.
Según la información publicada, el complejo fue fundado por Carlos Humberto Rivera Miramontes, señalado por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con narcotraficantes. Las investigaciones también identifican una relación con Michael Ibarra Díaz Jr., a quien Estados Unidos ha señalado como facilitador de operaciones de venta de tiempos compartidos a turistas estadounidenses y canadienses.
Tras las sanciones, Kovay Gardens suspendió sus canales formales de atención, reservas y sitios web y redes sociales. Sin embargo, posteriormente algunos clientes recibieron comunicaciones de Kovay Vacations en las que se les informó sobre un cambio de dominio y de canales de comunicación hacia Selvara Signature Collection, un nombre relacionado con VG Desarrollos de la Bahía, también incluido en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
El caso de Jeremiah, otro ciudadano estadounidense que solicitó mantener su nombre en reserva, muestra una segunda etapa del presunto fraude. Después de que Blue Point Converters incumpliera con la operación prometida, las empresas Blue Sky Realty y Title Escrow Services le ofrecieron comprar su tiempo compartido en Nayarit por cerca de 100 mil dólares.
Posteriormente, Title Escrow Services le solicitó pagos adicionales para supuestos trámites fiscales en México. Primero le requirieron poco más de 60 mil pesos, equivalentes a cerca de 4 mil dólares, y después más de 80 mil pesos por presuntos impuestos estatales relacionados con la operación. Los pagos fueron realizados a nombre de Grupo Comercial Mow S.A.S. de C.V., empresa que, según la revisión referida por El País, no aparece constituida legalmente.
Los supuestos documentos fiscales entregados a Jeremiah también presentaron inconsistencias. El abogado especializado en fraudes fiscales Luis Pérez de Acha concluyó que las constancias eran falsas, debido a que la operación correspondía a un inmueble en Nayarit, mientras que los documentos involucraban al Gobierno de la Ciudad de México y al Servicio de Administración Tributaria en el supuesto cobro de impuestos estatales.
El caso incluyó además documentos bancarios que supuestamente acreditaban la existencia de una cuenta a nombre de Jeremiah en BBVA, donde estaría depositado el dinero que debía recibir.
El banco informó que los documentos presentaban inconsistencias y señaló que no cuenta con un producto denominado “cuenta transfronteriza”, como el mencionado en los correos enviados a la víctima.
La última exigencia económica que recibió Jeremiah fue cercana a 6 mil dólares, más de 100 mil pesos mexicanos, bajo el argumento de que debía cubrir impuestos federales para poder recibir los más de 100 mil dólares prometidos por la venta de su tiempo compartido.
Por otra parte, otra denunciante identificada como Maxine señaló que un despacho ubicado en Monterrey, denominado Sander, Meyer y Asociados, se puso en contacto con ella y afirmó representar a Comercializadora del Mar, empresa desarrolladora de Kovay Gardens en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
El despacho le ofreció un pago superior a 200 mil dólares por un supuesto incumplimiento contractual de Blue Point Converters, pero la afectada también recibió solicitudes relacionadas con el proceso para resolver la controversia.
Personas afectadas organizadas en grupos de Facebook han advertido sobre comunicaciones similares en las que supuestos despachos legales ofrecen indemnizaciones elevadas y posteriormente solicitan transferencias por impuestos, aranceles o trámites.
Entre las empresas que han contactado a víctimas aparecen también Boutique Private Residence Club, con presencia señalada en Punta Mita, Nayarit, así como Philly 1st Real Estate y East Coast Real Estate Investments, ambas supuestamente ubicadas en Filadelfia, Estados Unidos. Las comunicaciones siguen un patrón similar basado en promesas de ganancias por la venta o renta de tiempos compartidos a cambio de pagos previos.
El esquema de tiempos compartidos constituye una fuente de ingresos ilícitos que autoridades estadounidenses han relacionado con las operaciones financieras del CJNG. Thyssen Duva, fiscal adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que las ganancias obtenidas mediante estas operaciones habrían sido utilizadas por la organización criminal para financiar actividades como el tráfico de drogas, la compra de armas y el pago de sobornos.
Las sanciones de febrero tuvieron como objetivo afectar empresas e individuos presuntamente vinculados con la red de fraude. Sin embargo, los testimonios recopilados muestran que algunas víctimas continúan recibiendo propuestas y solicitudes de dinero de compañías que utilizan nuevos nombres, canales de comunicación o supuestas representaciones legales para mantener el contacto con los afectados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue consultada sobre las denuncias y sobre posibles acciones posteriores a las sanciones emitidas en febrero. Según El País, un portavoz de la institución respondió que por el momento no podía emitir declaraciones al respecto.
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