La constructora brasileña admitió en 2016 el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América y dos países de África. El equipo de la red periodística Investiga Lava Jato en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México -donde se concentraron casi el 80% de las coimas de la región sin incluir los pagos ilícitos de Brasil- determinó que la empresa ha iniciado demandas en cuatro de estos países por un monto cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica.
PUBLICADO MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. –
A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).
De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.
Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.
Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.
El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribió acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.
En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.
REPARACIONES VERSUS DEMANDAS
Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638.6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81.6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.
Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37.5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.
República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado, pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la empresa en dos instancias, pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones porque la constructora apeló al tribunal supremo.
Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.
A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países, pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales.
El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos.
A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.
Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.
La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.
También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, que forma parte del Grupo SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.
EL MECANISMO DE LA COLABORACIÓN
“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.
“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.
“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.
En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados.
En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos.
El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.
TRANSPARENCIA VENEZUELA CALCULÓ CIFRA DE COIMAS POR MÁS DE MIL 300 MDD
Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ocasionó, en 2021, 5 muertos y 17 lesionados tras choques contra los únicos pilares que se levantaron. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.
El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares. Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”.
“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.
En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.
El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Argentina, es otra de las obras inconclusas de Odebrecht y sus socias locales. En los tribunales, la investigación penal por presunto pago de sobornos a exfuncionarios del matrimonio Kirchner no tiene aún procesados.
Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas.
Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR.
En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.
Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.
Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.
ODEBRECHT, EL ÁREA ENCARGADA DE GESTIONAR EL PAGO DE DINERO ILEGAL.
Los únicos nombres en clave que se revelaron en el país fueron aportados por El Informe, programa televisivo que integró la investigación “División de Sobornos” encabezada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la participación de periodistas de la red Investiga Lava Jato.
NI UN PESO EN MÉXICO
Además del pago de los 184 millones de dólares, que representa el doble del monto de la coimas que admitió la empresa haber pagado a cambio de ser favorecida con contratos en República Dominicana, Odebrecht se comprometió a entregar a la Procuraduría información relevante y precisa para identificar a las personas sobornadas, así como el contexto y las circunstancias en que se pagaron dichos sobornos, según el acuerdo homologado por los tribunales.
“Si lo que tenemos es lo que entregaron, ahí no está toda la información”, afirmó Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción de República Dominicana. La funcionaria aclaró que la recepción de información fue durante la gestión anterior, encabezada por Jean Alain Rodríguez, ahora investigado por corrupción y quien dirigió la procuraduría entre 2016 y 2020.
En el país, el caso penal concluyó con la absolución de cuatro de los implicados y sólo dos condenas de ocho y cinco años de cárcel, que fueron apeladas. La empresa no identificó a ninguno de los receptores de las coimas camuflados con apodos en los registros del Departamento de Operaciones Estructuradas de
ODEBRECHT, EL ÁREA ENCARGADA DE GESTIONAR EL PAGO DE DINERO ILEGAL.
Los únicos nombres en clave que se revelaron en el país fueron aportados por El Informe, programa televisivo que integró la investigación “División de Sobornos” encabezada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la participación de periodistas de la red Investiga Lava Jato.
A pesar de que hay documentos y declaraciones ministeriales que comprueban que la trama de corrupción de Odebrecht en México se extendió entre 2006 y 2014 e involucró a distintos gobiernos locales y federales, la Fiscalía ha centrado su acusación en torno a los señalamientos que ha realizado Emilio Lozoya, un exdirector de Pemex, a quien le ofreció beneficio procesal a cambio de información.
El resultado fue la aplicación de una justicia selectiva, pues el caso se ha dejado de lado o ha minimizado el posible involucramiento de personajes que colaboran en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Leonardo Cornejo, quien firmó los contratos a favor de Odebrecht en la refinería de Tula y quien ahora es directivo de Pemex; o Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del gobierno mexicano, quien en su periodo como gobernador de Michoacán asignó a Odebrecht la obra de una represa.
Como resultado, Odebrecht fue sancionada en México con multas equivalentes a 81,6 millones de dólares de los que finalmente no pagó ni un peso: la autoridad fiscal mexicana le canceló sanciones económicas por 54 millones y además la compañía busca que le anulen otras multas por 27 millones de dólares.
Odebrecht tampoco enfrentó consecuencias penales en el país y contraatacó con su propia demanda contra Pemex en diciembre de 2018 por 99 millones de dólares por supuestos pagos adeudados por obras. Además, por vencimiento de plazos y gracias a litigios contra el Estado, la constructora fue retirada de la lista de empresas sancionadas y a partir de 2022 ya puede volver a concursar para obtener contratos en México.
La compañía brasileña también ha logrado que Pemex le pague supuestos adeudos por otros 4,5 millones de dólares y que se anulen multas impuestas por otros 10 millones de dólares a un exdirectivo de la constructora y a una empresa con la que Odebrecht estuvo asociada en la trama de corrupción en México.
SUMAS Y RESTAS EN ECUADOR
En Ecuador, la situación ha sido similar a la de México. En diciembre de 2017, el vicepresidente en funciones, Jorge Glas Espinel, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita, acusado de haber recibido 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para adjudicar a la constructora contratos entre 2010 y 2012. Por este proceso, Glas Espinel aún está detenido en su domicilio. El exfuncionario se considera un “preso político” y “víctima del lawfare” o guerra judicial, al igual que el expresidente de Brasil y candidato a la Presidencia de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, absuelto por el Superior Tribunal de Justicia brasileño.
Los tres procesos tienen un denominador común: el proyecto Pascuales Cuenca, un poliducto de 200 kilómetros que parte del Puerto de Guayaquil en el Océano Pacífico, cruza la cordillera de los Andes y finaliza en un centro de almacenamiento en la ciudad de Cuenca, en el suroeste de Ecuador.
IMPUNIDAD EN VENEZUELA
Los primeros y únicos intentos de administrar justicia sobre el caso Odebrecht en Venezuela fueron truncados el mismo año en que fueron anunciados. En enero de 2017, el Ministerio Público venezolano a cargo de la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer la activación de las investigaciones sobre los manejos del patrimonio público y su relación con los contratos de la constructora brasileña en el país.
Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra del metro en Venezuela presentaba apenas 27% de avance. Odebrecht recibió del gobierno 8.972 millones de dólares, pero en Caracas sólo quedan algunas columnas y parte del paso de las vías sobre la autopista, donde debía construirse el paso del metro.
En los allanamientos se encontraron carpetas con información de los contratos del Metro de Caracas y Los Teques, de los relacionados con PDVSA, el aeropuerto internacional de Maiquetía, el Tercer Puente sobre el Orinoco, entre otras obras de la empresa en el país, así como correspondencia dirigida a Nicolás Maduro y documentos firmados por Hugo Chávez y su sucesor en el poder.
Los obstáculos para investigar los casos de gran corrupción como el de Odebrecht en Venezuela fueron reconocidos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas en su segundo informe publicado en septiembre de 2021. La Misión de la ONU denunció las presiones y persecuciones que sufrieron los fiscales que investigaron el caso Odebrecht, a quienes las autoridades intentaron detener cuando regresaron de Brasil para interrogar a testigos de este caso.
REFORMAS Y LITIGIOS EN PERÚ
Odebrecht dijo inicialmente haber pagado sobornos por 29 millones de dólares en Perú. Sin embargo, hasta la fecha se han contabilizado pagos ilegales por más de 69 millones de dólares, que involucran también a candidatos políticos y otros operadores.
Perú sólo tiene una condena judicial por el caso Lava Jato, pero las revelaciones de Odebrecht en diciembre de 2016 generaron dos reformas positivas en el país. A raíz de las evidencias sobre los aportes ocultos a las campañas electorales de distintos partidos y candidatos, en 2019 se incorporó al Código Penal peruano el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas; y además se promulgó la ley que generó las condiciones para promover que las compañías aseguren previamente el pago de una eventual reparación civil —de ser halladas culpables— o que incluso
ARGENTINA EN PUNTO MUERTO
Odebrecht admitió sobornos por 35 millones de dólares en Argentina, entre 2007 y 2014, a funcionarios argentinos para poder asegurarse tres obras públicas en el país, pero nunca logró negociar un acuerdo de colaboración. En cambio, por cada obra, se inició una investigación penal. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados.
Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.
*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).
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