Bahía de Banderas, Nayarit, 22/10/26 (Más).- Dos torres del condominio Punta Paraíso, ubicado en la playa de San Pancho, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, colapsaron presuntamente a consecuencia de huracanes y tormentas, por lo que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al lugar para evaluar la situación y coordinar acciones de emergencia con autoridades de Protección Civil.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la intervención de las autoridades ambientales se produjo después del colapso de las estructuras, relacionadas con un desarrollo inmobiliario que fue objeto de sanciones por la ocupación irregular de terrenos en la zona federal marítimo-terrestre. La dependencia informó que participa en la evaluación de los protocolos de emergencia para priorizar la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas.
La Profepa señaló que mantendrá presencia en el sitio para acompañar las acciones que determinen las autoridades responsables de atender la contingencia. También indicó que buscará que las medidas de seguridad y mitigación tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente y el ecosistema costero de San Pancho.
Según la dependencia federal, el colapso de las edificaciones estuvo relacionado con los efectos de huracanes y tormentas. Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil deben evaluar las condiciones del área y determinar las medidas necesarias para prevenir riesgos adicionales derivados de los daños estructurales y de la posible presencia de materiales desprendidos.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, sostuvo que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y coordinar las labores necesarias para atender la emergencia. En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, señaló que la institución trabaja con Protección Civil para procurar que las acciones de mitigación protejan tanto a la comunidad como al entorno natural.
El colapso ocurrió después de que una resolución judicial confirmara las sanciones impuestas por la Profepa contra la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., responsable del desarrollo inmobiliario. De acuerdo con la información difundida, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo promovido por la compañía.
Con esa determinación, quedó confirmada la validez de las sanciones administrativas relacionadas con las construcciones realizadas en terrenos considerados zona federal de la playa de San Pancho. La resolución obliga a la empresa a demoler las edificaciones levantadas irregularmente, cubrir una multa económica y restituir la superficie ocupada sin autorización.
El procedimiento judicial se relaciona con la ocupación no autorizada de terrenos federales por parte de la desarrolladora. La resolución ratificó las medidas impuestas por la autoridad ambiental, cuyo objetivo es atender las afectaciones derivadas de la ocupación irregular y recuperar la superficie correspondiente conforme a las disposiciones aplicables.
La resolución también establece obligaciones para la empresa en materia de restitución del terreno, independientemente de las acciones que deban ejecutarse para atender los daños ocasionados por el colapso. La intervención de las autoridades ambientales deberá considerar tanto el cumplimiento de las disposiciones judiciales como la protección de las personas y del ecosistema costero.
Mariana Boy calificó el fallo judicial como un avance para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental, al confirmar las sanciones contra el desarrollo inmobiliario. La funcionaria destacó que la atención inmediata de la contingencia debe centrarse en reducir los riesgos para la población y coordinar las medidas necesarias con las autoridades competentes.
Por el momento, la Profepa informó que continuará participando en las labores de seguimiento y evaluación de la emergencia. Las acciones posteriores dependerán de las determinaciones de Protección Civil y de las medidas que deban implementarse para atender los daños, reducir los riesgos y cumplir con la resolución judicial que ordena la demolición y restitución de la superficie ocupada irregularmente.
El caso de Punta Paraíso reúne dos asuntos que deberán atenderse de manera coordinada: la emergencia derivada del colapso de las torres y el cumplimiento de las sanciones ambientales confirmadas por el tribunal. Mientras las autoridades evalúan las condiciones del inmueble y del área afectada, la Profepa señaló que mantendrá informada a la población sobre las acciones que se determinen.
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