Coahuila se abre al fracking entre la inconformidad ciudadana

Organizaciones ambientalistas y colectivos civiles han encendido las alertas ante una posible autorización para usar fractura hidráulica, por los severos riesgos ecológicos y sociales que implicaría. Las críticas surgieron tras declaraciones de autoridades estatales y federales que muestran una aparente apertura a esta técnica, pese a promesas previas de prohibición

Redacción Más

La posible autorización para llevar a cabo actividades de fracking en Coahuila ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil, quienes alertan sobre los graves riesgos ecológicos y sociales que implicaría su implementación.

A través de un pronunciamiento conjunto, 27 agrupaciones defensoras del medio ambiente advirtieron que esta técnica de extracción de hidrocarburos profundizaría la crisis hídrica que ya afecta a la región, una de las más áridas del país, además de representar una amenaza directa para la salud de las comunidades.

La preocupación se originó tras las declaraciones del secretario de Economía estatal, Luis Olivares Martínez, quien durante el Foro Regional de Consulta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) 2026, celebrado en octubre, mostró apertura para permitir esta técnica en la entidad.

Según información publicada por Animal Político, estas declaraciones fueron vistas por los colectivos como una señal de respaldo gubernamental a un modelo extractivo que, aseguran, ha provocado daños ambientales y sociales documentados en otras regiones del país y del mundo.

Las organizaciones señalaron además que el Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) contempla la posibilidad de retomar la exploración y explotación de gas fósil mediante fracking en varios estados, entre ellos Coahuila.

Esta estrategia representa un giro respecto a declaraciones anteriores de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina del 6 de diciembre de 2024 afirmó: “No va a haber fracking, y eso sí se va a quedar”. Sin embargo, diez meses después, la misma administración presentó el plan de Pemex que, según Greenpeace México, incluye el uso de fracking sin nombrarlo directamente.

Greenpeace denunció que el documento emplea una redacción ambigua al referirse a la estimulación de yacimientos de geología compleja, lo cual, aseguran, es una forma indirecta de referirse al fracking. La organización calificó este lenguaje como tramposo y acusó al gobierno federal de intentar confundir a la ciudadanía y evitar el debate público sobre una técnica que ha sido rechazada durante más de una década por amplios sectores sociales y científicos.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking explicó que esta técnica consiste en la perforación vertical y horizontal de pozos para inyectar una mezcla de agua, arena y químicos a alta presión con el fin de fracturar formaciones rocosas y liberar gas o petróleo atrapado en su interior. Este proceso no solo requiere millones de litros de agua por pozo, sino que también conlleva una alta probabilidad de contaminación de acuíferos, suelos y aire, además de liberar metano, uno de los principales gases de efecto invernadero.

Los colectivos también advirtieron que, debido al rápido declive en la producción de cada pozo, se hace necesario perforar constantemente nuevas zonas, ocupando vastas extensiones de territorio y generando un impacto ambiental acumulativo.

En el caso de Coahuila, la preocupación se intensifica por las condiciones de sequía que persisten en la entidad. Datos del Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señalan que el norte del estado enfrenta una sequía que va de moderada a extrema, con registros continuos de escasez de lluvias entre junio y octubre de este año.

“El fracking sólo profundizará esta situación”, señalaron las 27 organizaciones en su posicionamiento, al destacar que millones de litros de agua son contaminados durante el proceso y que estas sustancias tóxicas infiltran los acuíferos y degradan los suelos, afectando directamente la viabilidad agrícola y el acceso al agua potable en comunidades rurales y urbanas.

Además del impacto ambiental, las organizaciones también subrayaron el aspecto climático del fracking, que libera grandes cantidades de metano, gas con una capacidad de atrapar calor mucho mayor que el dióxido de carbono. Por ello, hicieron un llamado urgente al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Congreso del Estado de Coahuila a actuar con responsabilidad ante el riesgo ambiental y social, y a rechazar de manera tajante el uso de esta técnica.

Entre las demandas de los colectivos se incluye la prohibición absoluta del fracking en todo el estado, el respeto al derecho de las comunidades a ser consultadas e informadas sobre los proyectos que las afectan, la protección del agua y los ecosistemas frente a intereses extractivos y la promoción de alternativas energéticas verdaderamente sustentables y acordes con los límites ecológicos del territorio.

En el ámbito legislativo, el debate también avanza. En octubre pasado, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena, junto con legisladores del Partido del Trabajo, anunció que presentará una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución, con el objetivo de prohibir explícitamente el uso del fracking en la extracción de hidrocarburos en territorio nacional.

Esta propuesta, que será llevada ante el Congreso de la Unión, busca establecer que queda prohibido al Estado y los particulares realizar actos de investigación, exploración y cualquier alteración de la geología compleja o explotación de yacimientos de hidrocarburos o gaseosos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico, fracking o cualquier otro método de estimulación con efectos equivalentes. Como parte de la presión social contra el fracking, diversas organizaciones como Conexiones Climáticas y la Alianza Mexicana Contra el Fracking han lanzado campañas de recolección de firmas. La petición “¡Prohíba el fracking ya!” ha reunido hasta el momento 125 mil 582 firmas ciudadanas en rechazo a esta técnica, reflejo del creciente descontento por parte de una ciudadanía que exige coherencia ambiental y una política energética centrada en la sustentabilidad.