Culiacán, Sinaloa, 11/11/26 (Más).- La mayoría de los centros penitenciarios de Sinaloa presentan deficiencias en infraestructura, falta de personal suficiente y trabajadores que no cuentan con el perfil adecuado para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad, situación que evidencia la crisis que enfrenta el sistema carcelario estatal, advirtió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que durante una revisión reciente a los centros penitenciarios se identificaron diversas irregularidades relacionadas con las condiciones de las instalaciones y la capacidad del personal para cumplir con las tareas de vigilancia, atención y reinserción social.
El ombudsman estatal explicó que uno de los principales problemas es la insuficiencia de trabajadores dentro de las cárceles, además de que parte del personal no reúne las características profesionales necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones, particularmente en las actividades orientadas a la rehabilitación de los internos.
Loza Ochoa indicó que estas condiciones afectan el funcionamiento de los centros de reclusión y dificultan el cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario, cuya responsabilidad no se limita a mantener bajo custodia a las personas privadas de la libertad, sino también a garantizar condiciones para su reintegración a la sociedad.
El titular de la comisión también advirtió que la crisis penitenciaria se refleja en los fallecimientos registrados al interior de los establecimientos carcelarios, entre ellos uno ocurrido recientemente en el penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán.
Explicó que, ante cada deceso registrado en un centro de reclusión, la CEDH inicia una investigación de oficio y solicita información a las autoridades correspondientes para conocer las circunstancias en que sucedieron los hechos y determinar si existieron posibles violaciones a los derechos humanos.
El funcionario reconoció que los fallecimientos forman parte de una problemática más amplia que enfrenta el sistema penitenciario sinaloense, por lo que consideró necesario revisar tanto las condiciones de seguridad como la atención que reciben las personas internas.
Otro de los aspectos señalados corresponde a la antigüedad de las instalaciones. Como ejemplo, mencionó que el Centro Penitenciario de Culiacán tiene más de 50 años de funcionamiento, situación que representa un desafío para mantener espacios adecuados a las necesidades actuales de la población penitenciaria.
Aunque existen otros centros de reclusión construidos en fechas más recientes, Loza Ochoa sostuvo que tampoco cuentan con infraestructura suficiente para garantizar condiciones óptimas de operación, por lo que las deficiencias no se limitan a los establecimientos más antiguos.
La problemática también está relacionada con la sobrepoblación penitenciaria, que incrementa las necesidades de espacios, servicios y personal para atender a las personas privadas de la libertad. En este sentido, el presidente de la CEDH consideró que la construcción de nuevas instalaciones podría contribuir a disminuir la presión sobre los centros existentes.
Sin embargo, aclaró que la creación de nuevos penales no resolverá por sí sola las deficiencias del sistema, debido a que también se requiere modificar los modelos de operación y atención para responder a los requerimientos actuales de las instituciones penitenciarias.
El ombudsman señaló que cualquier proyecto de infraestructura debe acompañarse de una estrategia que contemple personal suficiente y capacitado, así como programas efectivos de rehabilitación y reinserción social.
Asimismo, consideró necesario que las autoridades penitenciarias revisen los perfiles de quienes trabajan en los centros de reclusión, debido a que la atención de las personas internas requiere preparación específica para cumplir con las responsabilidades institucionales.
La CEDH mantiene la revisión de las condiciones en los establecimientos penitenciarios y las investigaciones relacionadas con los fallecimientos ocurridos en su interior, con el propósito de obtener información sobre las circunstancias de cada caso y determinar las posibles responsabilidades.
Las observaciones de la comisión colocan nuevamente bajo revisión las condiciones del sistema penitenciario de Sinaloa, particularmente en materia de infraestructura, capacidad operativa, preparación del personal y cumplimiento de los objetivos de reinserción social.
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