Cerro del Pueblo

24/08/26

Por Heriberto Medina

La actividad política siempre ha sido una monumental puesta en escena en la que la verdadera historia ocurre tras bambalinas.

Desde hace varias semanas se ha venido observando una serie de hechos que podrían interpretarse como señales de un acuerdo secreto entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración que encabeza Claudia Sheinbaum.

A finales de abril, el Gobierno de México enfrentó uno de los momentos más tensos en su relación con el vecino país del norte. Se había hecho pública la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador por ese mismo estado, Enrique Inzunza, y de funcionarios del gobierno de esa entidad.

En cuestión de días, la crisis escaló: Rocha Moya pidió licencia; el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense, y la presidenta mantuvo una postura pública que, de alguna manera, confrontaba al gobierno de Donald Trump.

La mandataria repitió una y mil veces que no había pruebas, cuestionó a los funcionarios estadounidenses por haber filtrado las solicitudes de extradición y encabezó un acto político en el que, metafóricamente, se envolvió en la bandera y argumentó una defensa de la soberanía frente al injerencismo del país vecino.

En ese evento pareció que México quemaba las naves y llegaba a un punto de no retorno, en el que el país parecía avanzar más hacia el totalitarismo que hacia la izquierda progresista.

Se esperaba alguna acción o reacción del Gobierno estadounidense, y la hubo, pero en sentido contrario. Comenzaron a sucederse una serie de reconocimientos a Sheinbaum por su lucha frontal contra el crimen organizado, hasta llegar al abrazo —en el más amplio sentido del término— de Terrance C. “Terry” Cole, titular del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno federal.

Mientras tanto, acá, en tierras tabasqueñas, el propio Andrés López Beltrán, Andy, hijo de Andrés Manuel López Obrador, anunció que su visa para ingresar al vecino país del norte había sido cancelada.

Y no fue lo único: el régimen argentino, afín a los estadounidenses, accedió a enviar a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, pieza clave en la red de huachicol fiscal.

Fue en este punto de la historia cuando comenzó a volverse sospechosa la relación entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum. Empezaron a circular versiones suspicaces: ¿qué acordaron?, ¿qué no sabemos?, ¿a qué accedió Claudia?

Para agregarle más sazón al guiso, la Fiscalía General de la República detuvo a Fausto Corrales Rodríguez, testigo clave de la reunión que derivó en el traslado de Ismael “el Mayo” Zambada a Estados Unidos y en el asesinato de Melesio Cuén, enemigo público de Rocha Moya.

A juzgar por lo ocurrido, desde su escondite, al gobernador con licencia de Sinaloa lo atormentaban las mismas dudas. Seguramente se preguntaba si sería precisamente él la moneda de cambio del inconfesable trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Rocha Moya no aguantó la ansiedad e, inopinadamente, decidió regresar al cargo. Así, sin decir agua va, el viernes nos desayunamos con la noticia de que había decidido volver. Pero una decisión como esa no se toma sin antes sopesar sus consecuencias. ¿De qué manera influirá eso en la de por sí violenta lucha entre las facciones del Cártel de Sinaloa? ¿Qué pensará la presidenta?

En los usos y costumbres de la política a la mexicana —sin importar si gobierna Morena o el PRI—, un gobernador no se manda solo y mucho menos desafía a la Presidencia de la República, a menos que cuente con la venia de un poder mayor o de un personaje más poderoso que Claudia Sheinbaum.

Es imposible no considerar como una hipótesis seria que Rocha Moya primero habló con AMLO y luego decidió regresar al Gobierno de Sinaloa, donde lo cobijaba el fuero.

Sin embargo, el audaz y desesperado movimiento de Rocha Moya tal vez le cueste a Morena perder las elecciones de 2027, en las que se renovarán el Congreso federal y las gubernaturas de varios estados.

Ya vimos lo que ocurrió después: un día le duró el gusto y volvió a pedir licencia. Pero la afrenta a la autoridad presidencial quedó ahí, al igual que la percepción de que México entregará algo o a alguien a Estados Unidos próximamente.

Sigue vigente la posibilidad de que Rocha Moya e Inzunza duerman próximamente en algún centro de reclusión estadounidense. No se trata de una opción descabellada; incluso, en algún escenario, podría salvar la elección para el partido de la presidenta.

En tanto, Sheinbaum transita por una delgada cuerda floja: en público mantiene un discurso que agrada a López Obrador y, en privado, pareciera sostener otro que agrada a Estados Unidos. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo: quien a dos amos sirve, con uno queda mal.

Y, mientras todo esto ocurre, cada vez se vuelve más factible que, en un futuro cercano, volvamos a ver a AMLO en alguna boleta electoral, ya sea como diputado federal o como senador, en un cargo que le garantice la protección del fuero.