Cerro del Pueblo

05/07/26

Por Heriberto Medina

Derechos de las audiencias

Aclarando amanece. Antes de que se malinterprete el contenido del presente artículo, quiero precisar que estoy en contra de que el gobierno aplique a los medios de comunicación —en este caso, la radio y la televisión— cualquier instrumento jurídico para regular los derechos de las audiencias, ya que esto constituye una clara oportunidad para ejercer control y censura.

Lo anterior no quiere decir que las audiencias carezcan de derechos, tampoco que los concesionarios de la radio y la televisión sean unas blancas palomas y mucho menos que no sea necesario poner límites a estos medios.

Mucho se ha dicho y abundante tinta ha corrido en torno al tema de los derechos de las audiencias; sin embargo, hay aspectos que permanecen intocados y que resulta indispensable conocer para entender lo que está pasando y valorar con mayor precisión el debate en la opinión pública.

¿Qué pensaría, estimado lector, si de pronto se diera cuenta de que ya existen lineamientos sobre los derechos de las audiencias, vigentes y aplicables, y que son mucho peores que la propuesta presentada ahora por el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum? Pues así es.

Tal como se ha desarrollado el debate, podría pensarse que actualmente no existen disposiciones aplicables y que la nueva propuesta es una forma retrógrada de censurar a la radio y la televisión. Pero no es así: en febrero de 2025 se aprobaron y entraron en vigor los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Tanto sus contenidos de forma y fondo como las atribuciones y sanciones que establecen bien podrían haber sido redactados por Torquemada: son de terror. Lo más probable es que hayan sido elaborados durante la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador y que se quedaran como una más de las muchas herencias malditas que recibió la presidenta.

Debo decir que di por casualidad con los lineamientos vigentes. Lo que buscaba era la propuesta de Sheinbaum, pero abrí por equivocación ese documento, que me espantó. Yo seguía creyendo que se trataba del planteamiento actual y que eso era lo que pretendían implementar. Más adelante me di cuenta de que esas eran las disposiciones en vigor y las comparé con el proyecto que recientemente dio a conocer el gobierno federal. Encontré una diferencia considerable.

Los lineamientos vigentes están redactados en tono amenazante desde el segundo párrafo, en el que se establecen atribuciones inquisitorias. Asimismo, en el inciso noveno del artículo segundo, al definir el término «Comité», se menciona que esa instancia tendrá facultades para suspender las transmisiones de radiodifusoras y canales de televisión.

En el mismo artículo segundo, correspondiente al glosario, el inciso XVI, referente a la discriminación, presenta una definición tan amplia y coercitiva que constituye una verdadera amenaza. El concepto indica que esta puede generarse con o sin intención e incluso presentarse por identidad o filiación política. También menciona los antecedentes penales y deja abierta la posibilidad de considerar cualquier otro motivo. Además, incluye la misoginia y la homofobia, nociones que someten la definición a interpretaciones subjetivas y discrecionales.

Por si lo anterior no fuera suficientemente peligroso, los lineamientos entran a juzgar la veracidad de la información transmitida por la radio y la televisión. En el inciso XXXV del artículo segundo señalan que la información difundida debe encontrarse «respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento en la realidad».

Las disposiciones vigentes también obligan a los medios a la «difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional», lo que representa otra puerta abierta a la interpretación discrecional. Los contenidos que posibilitan la censura continúan a lo largo del documento, cuya extensión es de 33 cuartillas, distribuidas en 68 artículos y siete capítulos.

Por el contrario, la propuesta de Sheinbaum elimina de plano la suspensión de transmisiones y establece una multa que puede ir del 0.01 % al 1 % de los ingresos acumulables.

Los lineamientos en debate suprimen la definición de veracidad y, en el caso de la discriminación, excluyen los aspectos discrecionales contenidos en el ordenamiento vigente.

Lo que realmente ocurrió fue que los concesionarios de la radio y la televisión cabildearon para eliminar los lineamientos actuales, que sí son muy peligrosos, y lograron que se preparara un documento mucho más moderado, que es el que ahora se discute en la opinión pública. Por esa razón, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión no ha formulado objeción alguna e incluso apoya las nuevas disposiciones.

Los lineamientos actuales seguirían vigentes si las voces opositoras frenaran la nueva propuesta. En todo caso, también tendrían que pugnar por la eliminación de la normativa en vigor, pero, al parecer, ignoran su existencia.

En cuanto a la honorabilidad de los concesionarios de la industria de la radio y la televisión, resulta muy complicado defenderla a la luz de múltiples ejemplos que seguramente se reproducen en todo el país.

Un caso claro es el de Televisa Leaks, el trabajo periodístico difundido por Carmen Aristegui en el que se documenta cómo la televisora tenía un departamento especial para elaborar y difundir noticias falsas, mediante las cuales mantenía campañas de desprestigio contra quienes consideraba sus enemigos.

En Coahuila tenemos nuestros propios ejemplos: comunicadores de poca vergüenza y triste memoria que difaman con la facilidad que solo proporciona el hecho de saberse intocables e impunes.

Esos excesos evidencian la necesidad de poner límites a los medios y contener sus abusos. Sin embargo, resulta muy peligroso que sean las propias instancias gubernamentales las encargadas de hacerlo, ya que, como contendientes en la arena política, no pueden sustraerse a su naturaleza de control y censura. Son juez y parte; por lo tanto, carecen de una visión imparcial.

En todo caso, es preferible contener desde la ciudadanía los abusos de la radio y la televisión antes que abrir la puerta a la censura gubernamental.