Cerro del Pueblo

21/04/26

Por Heriberto Medina

Los castigan por ser ciudadanos ejemplares

Érase una vez un grupo de vecinos que decidió no quedarse con los brazos cruzados y tomó acción para incidir favorablemente en su realidad. No se manifestaron, no bloquearon calles, no fueron a gritarle a nadie. Se pusieron a trabajar, nada más. Su acción fue sencilla, pero trascendente: desarrollaron un jardín de lluvia para la captación de agua, una iniciativa más que pertinente en estos tiempos.

Y no, no se trata de ciudadanos de algún suburbio de Canadá, Finlandia o Noruega. Son saltillenses, nuestros conciudadanos. Tal vez hasta nos hemos topado con ellos enalguna plaza comercial o en la fila del súper. Y tampoco se trata de una colonia de alta sociedad. Son vecinos de Brisas Poniente, colonia de clase media —incluso media baja—, pero son vecinos de alto compromiso, alta calidad y alta participación. En resumen: vecinos de alto valor.

El proyecto fue tan bueno que recibió una distinción internacional en Alemania, hasta aquí se esperaría que en Coahuila y en particular en su ciudad, Saltillo, recibieran un apoyo aún mayor, pero no fue así, lo que obtuvieron fue daño a su iniciativa, obstaculización por parte de la autoridad municipal y hasta una sanción por 2 millones de pesos aplicada por la justicia federal. ¿Cómo llegamos de una distinción en Alemania a una sanción en Saltillo por 2 millones de pesos? esta es la historia

Más, el periódico digital de Coahuila, documentó como estos vecinos ahora enfrentan un proceso legal que podría derivar en una sanción económica de hasta 2 millones de pesos, ¿Por qué? por promover un amparo para proteger el jardín de lluvia que fue afectado por una obra.

¿Dos millones por cuidar un jardín de lluvia? Sí, así como lo lee. Y lo más delicado es el “cómo” llegamos de un reconocimiento internacional a una posible “factura” local.

La historia, en términos concretos, es esta: los vecinos señalan que la empresa Inverdomus construyó un cárcamo en el cruce de Calle 2 e Isidro López Zertuche, obra que —afirman— afectó el funcionamiento del jardín de lluvia.

La intervención habría modificado el flujo natural del agua y provocado encharcamientos prolongados, afectaciones al drenaje pluvial y dificultades de acceso a viviendas, especialmente en temporada de lluvia.

Hasta ahí, la lógica ciudadana es clara: si una obra afecta un sistema público de captación y provoca problemas en la colonia, se reclama, se documenta y se exige corrección. Y eso hicieron. No pidieron alfombra roja; pidieron que no destruyeran lo que ya funcionaba. Incluso, el representante vecinal Armando López Romero, presidente de la Asociación de Defensa del Nogal, lo dijo con una frase que debería ser obvia en un municipio moderno: que el Ayuntamiento se comprometa con un proyecto que ganó la ciudad, porque dejarlo morir “sería un pecado”.

El problema es que cuando intentaron saber qué permisos se le dieron a la constructora, se toparon con el muro de siempre: negativa, silencio y “no es conmigo”. Porque en el amparo se buscaba esclarecer qué instancia autorizó intervenir un área pública considerada zona natural de desagüe, pero las instancias señaladas negaron su participación.

A ver: el cárcamo no lo construyó un duende. Alguien lo autorizó. Alguien firmó. Alguien supervisó (o debió). No fue un duende. la profunda inoperancia de la administración municipal encabezada por José María Fraustro Siller, nos sigue afectando aún hoy

El amparo se promovió hace más de un año y medio para frenar los trabajos que —afirman— destruyeron el espacio ambiental del cual dependían más de 500 familias.

Sin embargo, el recurso fue cerrado sin que el juez resolviera de fondo si hubo irregularidades, y eso abrió la puerta a que la empresa iniciara un proceso por presuntas afectaciones económicas derivadas del juicio promovido por los vecinos.

La abogada Claudia Cristóbal, representante legal de los colonos, explicó que el caso se lleva en el Juzgado Quinto de Distrito y que se fijó una garantía de 2 millones de pesos a solicitud de la constructora.

Y aclaró lo esencial: no sería una multa automática, sino una medida que solo se haría efectiva si el juzgado determina pérdidas reales para la empresa dentro de un juicio de reparación del daño.

O sea: no es que hoy les estén cobrando dos millones, pero ya les pusieron el lazo en el cuello y ahora deben caminar con cuidado para que no se apriete. Y eso, en términos de participación ciudadana, manda un mensaje peligrosísimo: “si te organizas y peleas un asunto ambiental, te puede salir carísimo”.

Lo más absurdo es que esta historia debería ir al revés: si una colonia logró un modelo de infraestructura verde que funciona, lo lógico sería que la autoridad municipal lo reconozca, lo cuide y lo replique con recursos públicos. En lugar de eso, terminamos en una ciudad donde una iniciativa ambiental se defiende en tribunales y se paga con amenazas económicas.

¿Y cómo termina el capítulo, por ahora? El propio reportaje señala que los vecinos alcanzaron un acuerdo con la empresa para retirar la demanda de reparación del daño y priorizar la rehabilitación del jardín de lluvia, acuerdo que esperan formalizar en próximos días.

Ojalá sea cierto y ojalá se cumpla. Pero incluso si se formaliza, la lección ya quedó: en Saltillo, cuidar el agua puede salir más caro que tirarla.

¿Qué estamos premiando como ciudad? ¿La organización o la resignación? ¿La infraestructura verde o el concreto sin rendición? ¿El ciudadano que construye soluciones o el que se queda callado para no meterse en líos?

¿Qué posición asumirá el Alcalde Javier Díaz en este asunto?

Parece que aquí la moraleja está clara, en Saltillo basta con tener dinero y contactos para triunfar ante las autoridades que muestran una miopía extrema, ya no alcanzan a distinguir lo bueno, lo conveniente, lo malo y lo aberrante. Aquí sigue vigente la frase con dinero baila el perro y el dueño del perro.