20/04/26
Por Heriberto Medina
México bajo tortura
Un grupo delictivo con el amparo del gobierno: oficiales que miran y permiten que dos sujetos persigan e intenten golpear a un reportero, elementos que golpean a los ciudadanos, que torturan a los detenidos, que extorsionan a los familiares de las víctimas; efectivos a los que a veces se les pasa la mano y terminan asesinando a algún detenido. Esa es la clase de policías y de corporaciones policiacas que tenemos en México. Y Coahuila no escapa a esta realidad.
Lo peor es que ya ni nos espanta. Nos indigna un rato, nos asusta otro tanto y luego seguimos. Aquí el uniforme es amenaza, la patrulla llega a negociar, y el ciudadano aprende a callarse, a no mirar, a no grabar, a no preguntar, a no “meterse en problemas”.
Hay policías decentes, hay agentes que hacen su trabajo, que se juega la vida sin extorsionar a nadie. Pero el sistema tolera demasiado a los otros: a los que usan la placa como licencia para golpear, sembrar, intimidar, fabricar culpables o “arreglarse” con el que puede pagar.
Caso uno: Edith no llega a su casa
Edith sale a una entrevista de trabajo en un edificio de departamentos de la Ciudad de México y no regresa. Nada extraordinario, salvo porque en México lo cotidiano puede convertirse en pesadilla sin aviso. La familia se desespera, hace lo obvio, corre a la Fiscalía capitalina a denunciar la desaparición. Y ahí aparece el monstruo.
Porque el monstruo no se activa para buscar: se activa para cobrar. En vez de poner en marcha un protocolo, en vez de mover cielo y tierra, en vez de rastrear cámaras, entradas, salidas, registros, llamadas; en vez de actuar con urgencia, les piden dinero, los extorsionan. El horror no sólo es que Edith no aparezca: el horror es que el Estado, en lugar de volverse herramienta de búsqueda, se vuelve herramienta de presión.
Tuvieron que pasar trece horas para que otro equipo decidiera actuar. Trece horas son una vida completa en un caso así. Trece horas son el margen en el que se pierden rastros, se mueven cuerpos, se borran cámaras, se acomodan coartadas. Y cuando por fin “hacen algo”, lo hacen a la mexicana: detienen al primer individuo cerca, lo golpean, lo amenazan, lo empujan a declararse culpable. Hoy sigue detenido. El expediente ya tiene “responsable”.
Caso dos: Colima y el uniforme que responde a otro patrón
Un puñado de policías de Colima es detenido. Trabajaban para la delincuencia organizada. Ese es el titular. Pero el fondo es peor: No tenían empacho en posar como defensores de la ciudadanía mientras operaban para los mismos a los que supuestamente debían perseguir.
Esa escena se ha repetido demasiadas veces en México, en demasiados estados, con demasiados nombres. Cambia el uniforme, cambia el gobernador, cambia el secretario, cambia el eslogan; pero el patrón se mantiene: corporaciones permeadas y mandos coludidos, .
Y luego llega el discurso: “son casos aislados”, “ya los detuvimos”, “habrá cero tolerancia”. A otro perro con ese hueso.
Caso tres: Chris, el “accidente” y la muerte bajo custodia
Chris sale a celebrar su cumpleaños en Torreón. En el antro le quieren cobrar de más, reclama y la respuesta es una golpiza. Los guardias lo entregan a la policía municipal. La policía lo lleva a la cárcel municipal. Horas después aparece en un hospital y muere.
No es solo la versión inverosímil: es la facilidad con la que pretenden que la creamos. Un joven bajo custodia muere, el cuerpo —según relatan familiares— presenta múltiples lesiones y fracturas, y aun así quieren que todo quepa en la palabra “resbalón”. ¿Qué fue? ¿Un resbalón múltiple? ¿Un tropiezo con fracturas de regalo?
Y eso es lo más corrosivo: que un país normal se escandalizaría por una muerte bajo custodia. Aquí se negocia. Aquí se diluye. Aquí se vuelve “tema delicado” que termina en silencio. Y el silencio, en México, es el lubricante de la impunidad.
Caso cuatro: Saltillo y el reportero perseguido ante policías inmóviles
En Saltillo un reportero cubre una volcadura. Llega la policía. Los accidentados iban a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol y cuando se dan cuenta de que los están grabando, persiguen al reportero para golpearlo. ¿Y la policía? Mirando. Sin detenerlos. Sin interponerse.
Ese detalle es el corazón del asunto: no es solo la agresión, es la protección por omisión. Porque cuando una autoridad presencia un intento de golpiza y decide no actuar, manda un mensaje claro: “aquí hay ciudadanos de primera y de segunda”. Y el reportero, por supuesto, cae en la categoría incómoda: el que documenta, el que exhibe, el que estorba.
La pregunta es simple: ¿quiénes eran esos sujetos y por qué se sintieron con permiso? ¿Qué les dijo la mirada complaciente del uniformado? ¿Qué sanción recibieron? ¿Qué pasó con esos policías? Porque si no hubo sanción, entonces no fue un “error”: fue un acuerdo tácito.
Y aquí aplica otra verdad: cuando se normaliza que se golpee a quien graba, se normaliza que se golpee a cualquiera. Primero es el reportero. Luego el vecino. Luego el conductor. Luego el detenido.
Caso cinco: la tortura que mata y el padre que no se cansa
Un padre clama justicia después de años. Su hijo fue detenido en Saltillo y fue torturado. Los policías le introdujeron una navaja por el recto. El joven murió. Y los policías no están en prisión.
No hay adjetivo que alcance. Esto no es un “abuso” menor, no es “uso excesivo de la fuerza”, no es “se calentaron”: es tortura pura. Es sadismo institucional. Es el tipo de crimen que descompone a una sociedad porque te dice algo horrible: que el Estado puede hacerte eso y luego seguir funcionando como si nada.
Y las corporaciones se lava la cara con campañas: policías tomándose fotos con niños, dando cursos en primarias y jardines de niños, hablando de valores, de prevención, de civismo. Una cosa es educar; otra es usar a la infancia como detergente de imagen.
El país está lleno de padres así: padres que no se cansan, que no pueden cansarse, que no tienen derecho a cansarse. Y el sistema apuesta al desgaste: al “ya suelte”, al “ya pasó”, al “ya no se puede”. Pero el dolor no se archiva, y la impunidad tampoco.
El fondo: un país donde el uniforme ya no tranquiliza
Estos cinco casos no son de la misma ciudad, ni del mismo estado, ni del mismo expediente. Pero sí son del mismo país: un país donde la violencia institucional se volvió parte del paisaje. Donde hay delincuentes sin uniforme y delincuentes con uniforme.
¿Qué se necesita? No slogans, no ceremonias, no cursos en escuelas para la foto. Se necesita control real: cámaras corporales obligatorias, protocolos que se cumplan, ministerios públicos que no sean tapete de la corporación, jueces que no validen confesiones a golpes, sanciones penales, depuración de mandos, y sobre todo: consecuencias. Porque sin consecuencias, todo es teatro.
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