Boluarte out

Dina Boluarte fue destituida por el Congreso peruano tras un proceso exprés que evidenció el colapso de su respaldo político y su baja popularidad, marcada por escándalos de corrupción y creciente violencia criminal. Su gestión, sostenida por una alianza con el fujimorismo, cayó tras el quiebre de ese pacto y la presión social por su autoritarismo y falta de resultados

Redacción Más

Dina Boluarte se convirtió en otra pieza caída del ajedrez político peruano. La madrugada del viernes, el Congreso de la República destituyó a la primera mujer en ocupar la presidencia del país, en un proceso exprés que terminó con 118 votos a favor de su vacancia por “permanente incapacidad moral”. Su salida del poder confirma la inestabilidad crónica que aqueja a la política peruana, donde ningún presidente ha logrado concluir su mandato desde 2018.

La destitución sorprendió a muchos, no por falta de razones, sino por el momento en que ocurrió. Durante casi dos años, Boluarte logró mantenerse en el cargo a pesar de su bajísima aprobación popular y de los escándalos que minaron su credibilidad. Su permanencia fue posible gracias a una alianza política con el fujimorismo y otros bloques conservadores, pacto que se resquebrajó en las últimas semanas.

La mandataria, que llegó al poder tras la fallida intentona golpista de Pedro Castillo en diciembre de 2022, termina su mandato en medio de un clima de violencia creciente, denuncias de corrupción y acusaciones de autoritarismo.

De acuerdo con el análisis publicado por la cadena BBC, el detonante final de su caída fue la inseguridad. La escalada de violencia criminal y el auge de la extorsión en todo el país, particularmente en Lima, marcaron el punto de inflexión. El ataque armado a la reconocida banda de cumbia Agua Marina durante un concierto en un club militar de la capital sacudió a la opinión pública.

Según informes oficiales, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron más de 20 mil denuncias por extorsión en todo el país –una cada 19 minutos– y se registraron al menos 209 homicidios solo en agosto. La cifra de asesinatos en el primer semestre de este año fue 161 casos mayor respecto al mismo periodo de 2024, y más de 180 conductores del transporte público fueron asesinados por negarse a pagar “cupos” a bandas criminales.

La respuesta del Ejecutivo –decretar el estado de emergencia y desplegar a las Fuerzas Armadas– fue considerada insuficiente por sectores sociales y políticos. Las protestas del gremio transportista, afectado por las extorsiones, se volvieron frecuentes, mientras la percepción ciudadana sobre la ineficacia del gobierno crecía.

Pero la violencia no fue el único frente que debilitó a Boluarte. La exmandataria arrastraba una pesada carga de escándalos de corrupción. En dos años de gestión, fue implicada en al menos siete investigaciones fiscales. Una de las más comentadas fue la relacionada con la presunta aceptación de relojes de lujo y joyas sin declarar, además de una investigación abierta por haberse ausentado de sus funciones para someterse a cirugías estéticas sin informar al Congreso, como exige la ley.

Su popularidad cayó al nivel más bajo registrado por un jefe de Estado en tiempos recientes: apenas 3% de aprobación en septiembre, según Ipsos, y 0% entre los jóvenes de 18 a 24 años en algunas encuestas. Con este desgaste, los aliados que la sostuvieron comenzaron a alejarse, conscientes de que el costo político de mantenerla era demasiado alto.

La Fiscalía General anunció que los procesos judiciales en su contra se acelerarán ahora que dejó el cargo. El fiscal Tomás Gálvez señaló que se solicitará la prohibición de salida del país para evitar que Boluarte siga la estrategia de sus predecesores: evadir la justicia refugiándose en el extranjero. “En cuanto amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la fiscalía provincial como desde la Fiscalía de la Nación”, advirtió.

Otro de los factores clave en su caída fue el autoritarismo con el que enfrentó las protestas sociales. Desde el encarcelamiento de Castillo, su gobierno reprimió con dureza las movilizaciones populares, dejando decenas de muertos. Acusó sin pruebas a los manifestantes de “terroristas” y de recibir financiamiento extranjero. Su negativa a convocar elecciones anticipadas y su intento de completar el periodo presidencial de Castillo –que concluye en 2026– le generaron un rechazo total entre los sectores que la llevaron inicialmente al poder.

El giro político que dio al pactar con el fujimorismo selló su ruptura con la izquierda y con amplios sectores ciudadanos. A cambio de apoyo parlamentario, Boluarte desacató recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), avaló la liberación del expresidente Alberto Fujimori y respaldó leyes que permitían la prescripción de delitos de lesa humanidad.

Analistas sostienen que el Congreso evitó empujar la vacancia antes para no acortar su propio mandato. Pero con el calendario electoral más cerca, y con una presidenta en caída libre, los partidos vieron en su destitución una salida conveniente y menos costosa.

Su último discurso, transmitido desde el palacio de gobierno apenas conocida su destitución, fue abruptamente interrumpido por la transmisión de la juramentación de su sucesor, José Jerí. En su mensaje, Boluarte no asumió ninguna responsabilidad, se limitó a enumerar los supuestos logros de su administración y advirtió que su salida podría afectar la estabilidad democrática del país.

El gesto final reflejó lo que fue su mandato: interrumpido, impopular y sin espacio para la autocrítica. Como sus antecesores, Boluarte abandona el cargo cercada por la justicia y por la falta de respaldo ciudadano. Su salida cierra un capítulo más en la inestabilidad política de Perú, un país donde el poder parece tener fecha de caducidad desde antes de que se asuma.