BAJO LA LUPA 30 AYUNTAMIENTOS: ARRASTRAN POSIBLE CORRUPCIÓN

Por Miguel Villarello

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Unas 30 administraciones municipales, de las 38 que conforman el estado de Coahuila, cuya gestión va desde el 2013 al 2020 están siendo investigados para saber si se les finca responsabilidad penal por la comisión de delitos como daño a la cuenta pública, mal ejercicio de recursos, ejercicio indebido de funciones públicas, desvío de recursos y mala administración entre otros.

No obstante que a finales del año pasado la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que se trata de por lo menos 300 carpetas de investigación, las penas podrían ser aplicadas tanto a alcaldes como a funcionarios de primero y segundo nivel municipal que hoy son investigados, entre ellos Torreón, Parras, San Pedro, Francisco I. Madero y Monclova.

No obstante que algunos aprovecharon el período de la investigación para solventar las observaciones o llegar a un arreglo con la autoridad como la reparación del daño, aspecto que la legislación prevé y permite, aun así en caso de resultar culpables del delito, independientemente del nivel jerárquico que hayan ostentado empleados o funcionarios públicos, alcaldes o directores de área, no se salvan de la sanción que puede ser fijada desde tres meses de suspensión de actividades para ejercer el ejercicio público hasta el despido o cese.

Lo anterior en dos vertientes, la primera, corre por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila (FEDHC) que da cumplimiento a la integración de carpetas de investigación contra dependencias públicas por posible desvío de recursos, cohecho, ejercicio indebido de la función pública, quebranto financiero o hasta sobornos contra funcionarios públicos o dependencias tanto del sistema estatal, como municipal, organismos autónomos y descentralizados, entre otros.

Y la segunda, por parte de la Auditoría Superior del Estado que, una vez que el Congreso terminara con el análisis y diera su visto bueno al informe de las cuentas públicas correspondiente al 2020, enfoca sus baterías al procedimiento subsiguiente y que refiere al período para requerir que se solventen las observaciones derivadas de cientos de auditorías practicadas a las dependencias públicas estatales y municipales.

Período que se alargará por 40 días a partir de enero de 2022, porque en caso de incumplimiento, es decir, de no quedar debidamente solventadas o legalmente justificadas las observaciones, la ASE seguirá su ruta y estará interponiendo ante la FEDHC las denuncias correspondientes contra los entes o servidores públicos que hayan incumplido.

Sin embargo, tanto la ASE, como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado se reservan el enunciar cuáles son realmente los ayuntamientos y funcionarios investigados, la justificación, por estar en etapa de investigación o judicialización del proceso y que todos tienen derecho a la presunción de inocencia.

DENUNCIAS 2016-2018

A principios de febrero la ASE daría a conocer que 19 de los 38 municipios de Coahuila habían sido denunciados por posible quebranto a las arcas públicas en sus cuentas presupuestales y que eran investigados por la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción.

Armando Plata Sandoval, auditor superior del Estado, acotó que dichas cuentas corresponden a administraciones pasadas que fungieron entre el 2016 y 2018 y atañen a cuatro diversos ejercicios fiscales en lo general.

“Entre alcaldes y ámbito estatal la mayoría son alcaldes, aunque ya hay otros que en la Fiscalía Anticorrupción están en proceso, como Parras, Torreón y Viesca, entre otros; pero es cuestión de la Fiscalía el iniciar las investigaciones”, agregó.

Inclusive evidenció que la mayoría de las carpetas se refieren a la cuenta pública: “no son revisiones especiales y de ahí derivan observaciones de los seis capítulos de gasto, por ejemplo, fundamentalmente nóminas, obra no es tanto porque no hubo mucha obra ejercida debido a la austeridad en los municipios, es variable”.

Por ello insistió en que la investigación corresponde a la FEDHC: “ante quien se han presentado denuncias por estos hechos contra la mitad de los municipios del estado hablando a groso modo”.

Al tiempo, el auditor recordó que en la segunda quincena de enero del 2022 la ASE presentó el informe semestral, que viene con todas las denuncias que se presentaron hasta diciembre del 2021: “inclusive ya quedó hospedado en la página de la ASE para consulta de detalles; se trata de denuncias acumuladas, las pendientes y pues es un informe de mil 200 planas”.

Recalcó luego que no hay posibilidad de que los alcaldes o funcionarios pudieran solicitar una rectificación a la auditoría o gozar de la posibilidad de solventar las observaciones: “porque nosotros presentamos un informe de observaciones y ya se les dieron 45 días hábiles para poder solventar”.

Ante ello, Plata Sandoval ratificó que las denuncias presentadas ya son a cargo de la FEDHC y ahí es donde tienen que comparecer los alcaldes, que todas corresponden a gestiones entre 2016 y 2018.

Previendo la ignorancia de algunos medios en la entrevista el auditor superior del Estado precisó que los entes públicos no están todavía en etapa de solventar lo correspondiente al 2020, mucho menos el 2021: “puesto que apenas en diciembre se presentó el informe de auditoría del 2020 ante el Congreso para luego pasar a la etapa en que deberán solventarlas, por lo que se refiere a las cuentas del 2021 se está revisando apenas”.

MÁS DE 8 MIL MDP

Según el Informe Anual de Resultados 2020 (IAR) de la Auditoría Superior del Estado, y basados en una investigación de datos electrónicos, más de 8 mil 200 millones de pesos estarían si comprobar, pues están en estatus como “monto no solventado”, derivado de auditorías practicadas a diversos entes públicos estatales y municipales.

Ello derivado de auditorías de tres tipos y que la misma autoridad fiscalizadora presenta en su IAR 2020 en el apartado “Resultados de la Fiscalización”, página 05, de la presentación del informe.

Se trata de auditorías de cumplimiento, de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y financieras que, según el documento fueron practicadas por la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio fiscal correspondiente al 2020.

En ellas se incluyen seis rubros conformados por los poderes del Estado, los organismos autónomos, los organismos públicos descentralizados estatales, los ayuntamientos, los sistemas de aguas y saneamiento municipales y los organismos públicos descentralizados también municipales.

En un análisis somero, como resultado de esa fiscalización, el monto no solventado en cuanto a la auditoría de cumplimiento, los seis entes mencionados acumularon observaciones por 2 mil 759 millones de pesos en total; mientras que en cuanto a la auditoría de CFDIs acumulan 5 mil 432 millones de pesos relativo al monto no solventado; mientras que por el concepto de auditoría financiera éste solo asciende a 77 millones de pesos y son atribuidos únicamente a organismos públicos descentralizados estatales y los municipios.

En la sumatoria, todo ello resulta en un total de 8 mil 268 millones de pesos de observaciones por solventar solamente correspondientes al año 2020.

Aunque en la gráfica la ASE no especifica a qué entes, dependencias públicas o autónomas o municipios corresponden, ni a qué funcionarios se solicitó el solventar las observaciones derivadas de la auditoría, sí especifica en las páginas 23 a la 32 de la sección A Tomo I del Informe Ejecutivo que las Auditorías de Cumplimiento se presentan los resultados de la revisión y comprobación de los procesos operativos contables, presupuestales y programáticos del ejercicio de la gestión financiera de los entes auditados.

Ello a fin de comprobar que la recaudación, administración, manejo y aplicación de los ingresos y egresos se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Por lo que refiere a las Auditorias de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet el documento indica las que presentan los resultados de la validación y comparación efectuada entre los registros contables y los CFDI en su formato “XML” que emiten y reciben las entidades auditadas y que fueron incorporados en la solución tecnológica desarrollada por este Órgano de Fiscalización Superior denominada “Portal para el Registro de CFDI”.

Y relativo a las Auditorías Financieras para el ejercicio 2020, informa la ASE, se realizaron dos tipos de auditorías financieras, la primera de ellas se enfoca en revisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con la finalidad de constatar el sano desarrollo de las finanzas públicas estatales y municipales.

En la segunda evaluó el cumplimiento de los procedimientos, formalidades y registros aplicados en los procesos de depuración de saldos contables, realizados por las entidades fiscalizadas con base en los Lineamientos para la Depuración de Saldos Contables emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila.

De ese modo es el mismo documento que cita que como parte de las acciones que derivan de la fiscalización de las cuentas públicas se encuentran las promociones de responsabilidades a cargo de la ASE ante las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Y cita casi al final el Informe que: “en virtud de lo anterior, las acciones a realizarse con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 2020 serán clasificadas de la siguiente manera: promoción de sanciones por faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dar vista por faltas administrativas no graves ante los Órganos Internos de Control, presentación de denuncias y/o querellas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la presentación de denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado”.

Inclusive este IAR 2020 resalta la importancia en señalar: “que los pliegos de observaciones y recomendaciones ya fueron notificados a las entidades fiscalizadas, para tal efecto se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar los pliegos de observaciones y atender los pliegos de recomendaciones”.

“Por ello en el apartado denominado ‘Resultados de la Fiscalización’ se encuentran todas y cada una de las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas o atendidas”.

En ese sentido y con respecto a las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas, la Auditoría Superior estatal: “con posterioridad a la presentación del IAR 2020 llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes respecto a las observaciones que no hubieran sido solventadas por los organismos públicos”, advierte el documento.

“Ello en virtud de que a partir de la presentación de dichos resultados la ASE inicia una etapa que consiste en la integración de los expedientes de responsabilidades”.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila se siguen acumulando carpetas de investigación por delitos como peculado, observaciones al ejercicio fiscal, quebranto, desvío de recursos y ejercicio de atribuciones indebidas principalmente de municipios y dependencias estatales.

Este volumen de investigación incide en el atraso pues la dependencia cuenta con pocos ministerios públicos e investigadores de casos de ayuntamientos como Múzquiz, Acuña, Torreón, Zaragoza y Parras entre otros.

El principal delito del que se tiene sospecha en la indagatoria es el desvío de recursos mediante una elaborada telaraña de tráfico de influencias entre funcionarios, empresas fantasmas o “fachada” y ciudadanos, de ahí la tardanza en las conclusiones de procedimientos judiciales que lleva la fiscalía anticorrupción, aclaró en un momento su titular Jesús Homero Flores Mier.

Para muestra están las más de 300 carpetas de investigación acumuladas, de las cuales el 75 por ciento llega a un acuerdo reparatorio contemplado en la ley y la consecuente inhabilitación del funcionario por varios años en el ejercicio de la función pública.

A esta circunstancia se le denomina “reparación del daño” a las arcas municipales o públicas y se obtiene la conclusión del proceso judicial.

Mientras que el 25 por ciento se judicializa y después de un proceso largo, que pudiera tardar cuatro años en promedio, se aplica la sanción, pago de multa, reparación del daño e inhabilitación definitiva de la persona si es funcionario público y la baja del sistema de proveedores de los organismos gubernamentales si se trata de una empresa particular la involucrada o cárcel, reparación del daño y multa también si se trata de ciudadanos.

Dicho acumulado en los archivos de procedimientos abarca carpetas principalmente de 2013 y administraciones municipales que iniciaron en 2014 y terminaron en 2017, mientras que sólo en lo que va del año 2021, de acuerdo con información aportada por la misma FEDHC, hay alrededor de 47 carpetas judicializadas y son en contra de los 38 municipios de la entidad, sin embargo, no dio a conocer de qué período administrativo se trata.

APROBADAS POR CONGRESO

Volvamos al 2020 y el Informe Anual de Resultados de la Auditoría Superior del Estado, documento público disponible en el sitio www.asecoahuila.gob.mx.

Una vez que la ASE lo entregó al Congreso estatal para su análisis en diciembre del año pasado, éste demoró poco más de un mes para entregar su dictamen, el cual fue en el sentido de aprobar todas las cuentas públicas para el procedimiento consecuente que fue el que la ASE pasara a la fase de solicitar a los ayuntamientos el solventar las observaciones, proceso que concluirá aproximadamente en abril del 2022.

De acuerdo con datos el Legislativo analizó las cuentas de 144 dependencias: los tres poderes del Estado, 10 organismos autónomos, 52 organismos públicos descentralizados del gobierno, 22 Sistemas municipales e intermunicipales de aguas, 19 organismos públicos descentralizados municipales y los 38 Municipios.

Ello a través de mil 903 auditorías, de las cuales mil correspondieron a Cumplimiento, 142 de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 164 de Obra Pública, 140 de Legalidad, 175 de Desempeño y 281 auditorías Financieras.

En la sesión, que se alargó por más de tres horas, el Pleno votó por mayoría, 17 a favor y 8 en contra solamente para dictaminar que concluyó el proceso de análisis en la Comisión de Cuenta Pública e instruyó a la ASE a continuar con el seguimiento a las acciones y recomendaciones emitidas como resultado de la revisión de dichas cuentas.

Además, emitió el exhorto a las entidades fiscalizadas y particularmente a sus órganos de control interno a llevar a cabo las acciones necesarias para el desahogo de las acciones derivadas con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020 que fueron promovidas por la ASE.

En la discusión, mientras que la diputada Natalia Virgil del PAN acusó a la ASE de falta de transparencia, deficiencias técnicas y contables del informe; Edna Dávalos del PRI defendió las labores de la Comisión por el trabajo en equipo y Rodolfo Wals Aurioles del PAN acusó a la Comisión de Cuenta Pública legislativa del desaseo de sus dictámenes: “pues la Comisión de Auditoria Legislativa es inútil e incompetente”.

24 CARPETAS PARRAS

Un caso demasiado conocido es el de Parras, cuenta con 24 carpetas de investigación que abarcan varias administraciones municipales.

De acuerdo con una entrevista proporcionada por Jesús Homero Flores Mier a finales del 2021, el funcionario acotó que la investigación de la corrupción es tardada por ser: “estructuras muy complejas, un monstruo de mil cabezas o mil manos que se va haciendo cada vez más grande”.

Y destacó que en cuatro años en Coahuila se tienen logros: “se han obtenido sentencias favorables, de acuerdos reparatorios y se ha sancionado a mucha gente, hemos judicializado más de 40 asuntos en el estado y es algo que nunca en la historia se había visto”.

“No todas las investigaciones llegan a concluir con una sanción pues la ley prevé la reparación del daño de las cuales, en 30 carpetas se ha llegado a este final con una recuperación de alrededor de 15 millones de pesos, por lo que no todas se judicializan”.

Abordó entonces el caso del alcalde de Parras y comentó que: “sigue un proceso, no sé a cuál exalcalde te refieras, pues tenemos ahí varias denuncias, son 24 carpetas de investigación del ese municipio y estamos llevando a cabo las indagatorias e integramos las carpetas”.

De lo que se investiga explicó que la mayoría es: “por abuso de funciones, peculado y contratación ilícita, son cuatro administraciones las que se investigan solamente de Parras, entre ellas hay varias carpetas de la administración actual 2019-2021”.

Inclusive los medios dieron cuenta de que el alcalde de entonces, Ramiro Pérez Arciniega, de filiación de MORENA había comparecido en una ocasión por algunas imputaciones dentro de una carpeta de investigación ante la FEDHC a mediados del 2021.

“Este alcalde tiene abiertas más de cuatro carpetas de investigación por irregularidades administrativas detectadas por la ASE”, reconoció Flores Mier entonces.

Y pasó al acumulado de la Fiscalía Anticorrupción: “Históricamente teníamos 312 carpetas de investigación que se han abierto, a la fecha hay alrededor de 237 carpetas de investigación en contra de municipios y mismas que se han estado integrando”.

“Algunas no son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, han estado trabajando y dándole el debido trámite o procedimiento a cada una y, por ejemplo, en lo que se refiere a La Laguna, del total de carpetas corresponderían 60 y se hablaría de los últimos ayuntamientos pues vienen de administraciones de 2014 a la fecha”, declaró.

Por su parte fuentes internas dicen que cada uno de los siete agentes de ministerio público que tiene la FEDHC manejan mediante proceso 40 carpetas de investigación, lo que significaría que la dependencia tiene 280 documentos indagatorios.

SIMAS TORREON

Más actual y para el caso ya hay quienes se han pronunciado superficialmente, como el alcalde de Torreón que recientemente vislumbró irregularidades en las cuentas públicas de un organismo municipal de aquella ciudad se trata del sistema municipal de agua de la administración anterior, 2019-2021, encabezada por Jorge Zermeño.

“Se percibe que pudiera haber posible mal uso de las cuentas públicas o ejercicio indebido del servicio público en el Sistema Municipal de Agua y algunas obras públicas”, dijo Román Alberto Cepeda, cuya administración abarca del 2022 al 2024, en una visita a la capital del estado con motivo de la firma del convenio de Mando de Coordinación Municipal de Seguridad.

“De resultar verdadero se dará cuenta a la autoridad para iniciar un proceso ya sea penal, administrativo o civil contra quien resulte responsable pues no seremos tapadera.

El análisis comprende algunos aspectos muy serios y uno de ellos tiene que ver con el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, con obra pública y otras estrategias que se tejieron en otra administración; al respecto tendremos que ser muy puntuales ya que nos obliga a decir que pasó, cómo lo hicieron y en qué fue”, añadió.

Aparte, recalcó, los únicos procesos que están abiertos corresponden al año 2018 y por parte de la Auditoría Superior del Estado: “pues nosotros como municipio vamos a dar cuenta de lo que sigue y lo vamos a dar con puntualidad”.

INFORME ASE

De regreso con el Informe Anual de Resultados 2020 de la Auditoría Superior del Estado, el documento explica que las auditorías de cumplimiento son un proceso sistemático para obtener y evaluar objetivamente la evidencia.

Tienen el objetivo de comprobar que la recaudación, captación, administración, manejo y aplicación de los ingresos y egresos se ejerzan en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios establecidos y con base en los programas aprobados.

“Al efecto de lo anterior, se llevan a cabo evaluaciones sobre los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos del ejercicio de la gestión financiera de los entes auditados que permitan conocer el cumplimiento de los aspectos más significativos del ente público, aplicando criterios de auditoría.

En este tipo de auditorías, también se encuentran las realizadas a programas de inversión y obra pública, donde se evalúa y comprueba la planeación, adjudicación, ejecución y destino de las obras y demás inversiones fijas, y que estas se hayan efectuado de acuerdo a las leyes y normas establecidas, evaluando el cumplimiento en cuanto a estándares de calidad previstos, volúmenes, plazos de ejecución, formalización de contratos y el soporte de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”.

Y el análisis corresponde únicamente a las auditorías de cumplimiento, en este caso.

Por lo que, sólo por citar algunos ejemplos someramente ya que en algunos casos se emiten varias decenas de observaciones, es en lo correspondiente a 2020 pues lo que atañe a las cuentas públicas del 2021 la ASE apenas desarrolla las auditorías,

En ese sentido habrá que esperar un año aproximadamente para conocer las faltas e irregularidades y si habrá denuncias por posibles hechos de corrupción.

Se señala que corresponden al 2020 y únicamente de varios municipios, no se analizaron dependencias gubernamentales ni organismos autónomos ni descentralizados; además el análisis no corresponde al 2019 o años anteriores, porque en su mayoría se trata de alrededor de 230 expedientes que ya están en poder de la FEDHC en proceso de investigación.

TORREÓN

Del IAR-2020-ASE se tomaron en cuenta tres ayuntamientos en cuanto a las observaciones emitidas.

Torreón que obtuvo observaciones no solventadas, es decir, que deberá justificar legalmente más de 71.9 millones de pesos en cuanto a su cuenta pública 2020; Viesca que deberá justificar documental o financieramente el destino de poco más de 11 millones de pesos de su cuenta pública o Monclova que tendrá que solventar 67.2 millones de pesos de su cuenta pública; ello sin contar lo referente a obra pública y otros rubros normativos.

Así, por ejemplo, en 2020 Torreón devengó un presupuesto de 2 mil 775 millones 798 mil 190 pesos, pero el aprobado a ejercer fue de 2 mil 690 millones 497 mil 055 pesos, una variación de 103.17 por ciento.

A continuación, dice el documento, se detallan las observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto y en cuanto a su cuenta pública 2020 por un valor de 71 millones 976 mil 176 pesos.

Un ejemplo fue que, como resultado de la auditoría número ASE-04947-2021 en cuanto a Obra se detectaron deficiencias en la realización de los trabajos contratados y durante la inspección de las obras o acciones se advierten deficiencias físicas y técnicas por el valor que se informa en este apartado, integrados en una observación, por un valor de 674 mil 155 pesos con 87 centavos.

Como resultado de la auditoría número ASE-04948-2021 se desprenden dos observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades de Obra con deficiencias normativas en los procesos de adjudicación de los contratos o en la modalidad de adjudicación aplicada, integrados en dos observaciones por un valor de 4 millones 342 mil 866 pesos con 92 centavos.

Como resultado de la auditoría número ASE-06869-2021 se desprenden 25 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 66 millones 959 mil 153 pesos y 79 centavos.

En cuanto a los Egresos, comprobación o justificación insuficiente, relativas al ejercicio presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones, integrados en cuatro observaciones, por un valor de 24 millones 603 mil 155 pesos con 93 centavos.

VIESCA

Otro análisis corresponde a Viesca que en 2020 devengó un presupuesto de 79 millones 705 mil 129 pesos, pero el aprobado a ejercer fue de 77 millones 471 mil 843 pesos, una variación de 102.88 por ciento.

A continuación, el documento cita el detalle de observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto y en cuanto a su cuenta pública 2020 por un valor de 11 millones 78 mil 947 pesos con 41 centavos.

Un ejemplo fue que, mientras como resultado de la auditoría número ASE-04951-2021 en Obra se desprenden dos observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de cero pesos; en otra y como resultado de la auditoría número ASE-04953-2021 se desprenden cinco observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 308 mil 81 pesos y que refieren deficiencias en la realización de los trabajos contratados pues durante la inspección de las obras o acciones se advierten deficiencias físicas y técnicas.

En otra obra se detectó que, como resultado de la auditoría número ASE-05663-2021 también de Obra se desprenden 20 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 8 millones 310 mil 866 pesos y 34 centavos.

En cuanto a los Egresos e ingresos se detectó un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza u otras disposiciones normativas, integrados en 13 observaciones cuyo valor asciende a 5 millones 590 mil 878 pesos; y en los Ingresos un incumplimiento de disposiciones legales relativas a la aprobación, adecuación, registro o publicación del presupuesto de ingresos integrados en una observación, por un valor de 254 mil 991 pesos con 20 centavos, y otras dos observaciones derivadas de la auditoría número ASE-05664-2021 que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 2 millones 460 mil pesos.

MONCLOVA

Toca el turno a Monclova, en cuyo análisis se desprende que en 2020 devengó un presupuesto de 830 millones 835 mil 468 pesos, pero el aprobado a ejercer fue de 708 millones 407 mil 747 pesos, una variación de 117.28 por ciento.

Luego el IAR explica el detalle de observaciones no solventadas por la entidad durante el plazo legalmente establecido para tal efecto y en cuanto a su cuenta pública 2020 por un valor de 67 millones 279 mil 614 pesos con 51 centavos.

Un ejemplo fue que como resultado de la auditoría número ASE-04796-2021 se desprenden 18 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 13 millones 316 mil 840 pesos y 86 centavos.

Otra más en cuanto a Obra y señala deficiencia en la realización de los trabajos contratados durante la inspección de las obras o acciones se advierten deficiencias físicas y técnicas por el valor que se informa en este apartado integrados en 5 observaciones por un valor de 4 millones 353 mil 894 pesos y 13 centavos.

Incluso, cuenta una observación más, falta comprobación del egreso o la documentación e información presentadas son insuficientes para comprobar y justificar el ejercicio presupuestal por el valor que se informa en este apartado integrados en cuatro observaciones cuyo monto va hasta los 8 millones 962 mil 946 pesos con 73 centavos.

Por lo que refiere a los Egresos, falta comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su comprobación y justificación, integrados en 16 observaciones y por un valor de 16 millones 391 mil 770 pesos, además del incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza o con otras disposiciones normativas integrados en dos observaciones cuyo monto llega a los 7 millones 524 mil 310 pesos y 36 centavos.

Y en Ingresos las observaciones fueron, según la auditoría número ASE-05520-2021, cinco 5 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de 2 millones 792 mil 997 pesos con 99 centavos.

LEY

En cuanto al seguimiento a los resultados de la anterior fiscalización, con posterioridad a la presentación de este Informe Anual de Resultados, la Auditoría Superior del estado por conducto de la Dirección de Investigación, clasificará las observaciones no solventadas como faltas administrativas graves y no graves.

Ello a efecto de iniciar los procedimientos correspondientes en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, entre otras, sin perjuicio de la facultad de presentar las denuncias y/o querellas penales a que hubiere lugar por los probables delitos que se pudieran configurar.

Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez que les fueron notificados los pliegos de observaciones y recomendaciones a las entidades, se les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las observaciones y atender las recomendaciones contenidas en los mencionados pliegos.

El mismo documento, el IAR-2020-ASE, cita que si de la revisión y fiscalización que realice la Auditoría Superior se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a promover ante el Tribunal la imposición de sanciones a los servidores públicos o particulares vinculados por las faltas administrativas graves que detecte.

Incluso dar vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas, la existencia de daños a la hacienda pública o al patrimonio y que deriven de faltas administrativas no graves.

Presentar las denuncias y querellas penales ante la FEDHC y coadyuvarla en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial; inclusive si procede presentar una denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado.

INVESTIGACIONES

Una vez que el auditor superior del Estado informara que las denuncias están presentadas ante la Fiscalía General del Estado para abrir las carpetas de investigación contra alcaldes o municipios, su titular Gerardo Márquez Guevara precisó que la fiscalía puede dar información del número de denuncias y contra qué administraciones: “pero en particular con las personas contra las que se pudiera enderezar la investigación no lo podemos hacer porque es parte de la investigación”.

Y reconoce que tienen: “prácticamente denuncias en contra de todos los municipios del estado, hay que recordar que en este momento existe el principio de inocencia y que incluso dentro de la investigación e integración de las carpetas que nosotros haremos también se pueden solventar algunas de las observaciones que ha hecho la ASE, aunque se encuentren plasmadas en las denuncias”.

Y explicó que la FGE está: “llamando, haciendo algunas diligencias según las investigaciones y de ahí se desprenderá si existe o no la posibilidad de gestar acción penal, de judicializar, en contra de algunos funcionarios que podrían ser titulares o no del ayuntamiento o algunos titulares de algunos otros entes también dependientes del ayuntamiento”.

¿Son de los 38 municipios estas investigaciones y corresponden a administraciones entre el 2013 y 2018?, se le pregunta y responde que prácticamente de todos, que: “realmente pueden ser incluso hasta del 2020 porque el 2021 todavía está sujeto a revisión”.

Una vez que se le pone en antecedente de que el Auditor Superior aclaró que las denuncias o investigaciones son contra 19 municipios, se le cuestiona si entre las denuncias hay ya algunas correspondientes al 2020 y cuántas son.

Y comenta que no recuerda: “pero nosotros recibimos casi al final del mes de diciembre arriba de 50 denuncias, algunas pueden ser de entes distintos a la titularidad del ayuntamiento, en otras palabras, no necesariamente serían contra el alcalde, sino contra directores de área o funcionarios o empleados de nivel jerárquico inferior”.

“Todas están en proceso de investigación, de integración de las carpetas y en esa medida, algunas como te dije podrán ser solventadas ahí, y se determinará que no existe acción penal, pero en otras pues habremos de ejercitar la acción penal como ya lo hemos hecho en otras ocasiones en contra de algunos otros entes municipales”, advierte.

En cuanto a las cantidades en pesos que oscilan las denuncias relacionadas con quebranto a las cuentas públicas o desvío de recursos, Márquez Guevara dice que algunas tienen que ver con numerario y otras no.

Que hay muchas circunstancias, no es solamente por cantidades de dinero: “o sea, pueden ser por cuenta pública y pueden ser por alguna forma irregular de su aplicación”.

De los 38 municipios sin decir nombres de personas, ¿cuál es el que tiene más?, porque es sabido que Parras, Torreón o Monclova tienen varias denuncias acumuladas, el fiscal sostiene que no recuerda, pero acota que: “todos los municipios deben tener alguna observación y en función de eso nosotros investigaremos si hay procedencia o no”.

En cuanto al tiempo para determinar si hay ejecución de la acción penal o se cierra la carpeta de investigación que tiene la FGE, expresa finalmente que: “el único término que tenemos nosotros es que no prescriba la acción penal y es cuando transcurre el término medio aritmético a la sanción que le corresponde al delito de que se trate”.

Ante ello solo resta esperar a que estas 30 administraciones municipales cuyos períodos administrativos van del 2013 al 2018 y a través de más de 300 carpetas, más las que se acumulen correspondientes al 2019 y 2020, sean resueltas por la ASE y la FEDHC.

Y se penalice, sancione, multe o dé de baja del ejercicio público a funcionarios, alcaldes, trabajadores o particulares involucrados en los delitos de quebranto a la cuenta pública, mal ejercicio de recursos, ejercicio indebido de funciones públicas, desvío de recursos, mala administración, mala ejecución en obra pública o mala aplicación de normativa entre otros.