Atribuyen a policías 100 desapariciones

Corporaciones de seguridad y dependencias aparecen señaladas en la desaparición de 127 personas en Coahuila. Hasta 2025, el Poder Judicial de Coahuila había registrado apenas cuatro sentencias

Saltillo, Coahuila, 21/08/26 (Más).- Corporaciones de seguridad y dependencias gubernamentales aparecen señaladas en la desaparición de 127 personas en Coahuila entre 2007 y 2025, con una presencia especialmente relevante de policías municipales, grupos especiales y otras fuerzas de seguridad. Pese al número de casos documentados, el Poder Judicial estatal había registrado únicamente cuatro sentencias por desaparición forzada hasta 2025.

De acuerdo con información obtenida por Milenio mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, los datos fueron entregados por la Fiscalía General del Estado y muestran que las policías municipales están relacionadas con 67 casos.

A ellos se suman expedientes en los que aparecen integrantes de agrupaciones especiales, corporaciones federales y Fuerzas Armadas, lo que amplía la participación atribuida a agentes de seguridad en este tipo de hechos.

Entre las corporaciones municipales señaladas se encuentran las policías de Torreón, Saltillo, Matamoros, Francisco I. Madero, San Buenaventura, Piedras Negras y Allende. El registro también incluye 17 casos en los que aparecen integrantes de los grupos de élite conocidos como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (Gatem) y Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (Groms), creados para atender operaciones consideradas de alto riesgo.

A estos señalamientos se agregan ocho casos relacionados con integrantes de la extinta Policía federal, cuatro con elementos del Ejército y seis con personal de la Marina. Otros expedientes mencionan a corporaciones estatales, policías judiciales y agentes del Instituto Nacional de Migración.

En conjunto, los datos muestran que las desapariciones atribuidas a servidores públicos no se concentran en una sola institución, aunque los elementos de seguridad municipal representan el grupo con mayor número de señalamientos dentro de la información proporcionada por la Fiscalía.

Por regiones, Laguna concentra la mayor cantidad de casos vinculados con corporaciones o instituciones gubernamentales, con 58 registros. Le siguen la región Norte, con 24; la Sureste, con 20, y la región Centro, con 18. La distribución permite observar que los señalamientos se encuentran extendidos en diferentes zonas del estado y no corresponden exclusivamente a un municipio o periodo.

La diferencia entre las investigaciones abiertas y las resoluciones judiciales es uno de los principales reclamos de las familias de personas desaparecidas. Mientras la Fiscalía registra 127 víctimas en expedientes donde existen señalamientos contra agentes o instituciones, el Poder Judicial había reportado solamente cuatro sentencias por desaparición forzada, correspondientes a procesos en los que fueron condenados tres expolicías de Saltillo y dos de Torreón por hechos ocurridos entre 2011 y 2021.

La brecha entre ambos registros refleja las dificultades para llevar los casos desde la investigación hasta una resolución judicial. Para los colectivos de familiares, la existencia de expedientes durante años sin avances sustanciales mantiene abiertas interrogantes sobre el destino de las víctimas y sobre la responsabilidad penal de quienes pudieran haber participado en su desaparición.

El problema se desarrolla en una entidad que, hasta mayo de 2026, acumulaba 3 mil 688 personas desaparecidas. Torreón encabezaba la lista municipal con mil 35 casos, seguido de Saltillo, con 642; Piedras Negras, con 641; Acuña, con 237, y Monclova, con 233, según los registros considerados en la evaluación más reciente.

La evolución histórica muestra que la crisis se intensificó a partir de 2008 y alcanzó sus niveles más altos en 2010 y 2011, cuando se documentaron 525 y 515 desapariciones, respectivamente.

“A partir de 2015 los casos registrados en el estado disminuyeron y se mantuvieron en números bajos hasta 2022, donde se da un repunte hasta 198 casos; el año siguiente disminuyó a 111 para luego subir hasta 124 y, finalmente, en 2025 se registraron 64 desapariciones”, destaca el informe.

Coahuila ha desarrollado durante más de una década distintas instituciones y normas para enfrentar esta problemática. Entre ellas se encuentran una Comisión de Búsqueda, una Fiscalía Especializada, una Comisión de Víctimas, un Panteón Forense, así como legislación en materia de víctimas, desaparición de personas y declaración de ausencia. La evaluación de Red Lupa coloca al estado en un “nivel medio inferior de gravedad”, aunque también advierte la existencia de pendientes institucionales.

Uno de esos pendientes es la creación de un consejo ciudadano que supervise y dé seguimiento a las acciones desarrolladas por las autoridades. Los colectivos han señalado además que la existencia de leyes y organismos especializados no garantiza por sí misma investigaciones efectivas ni resultados concretos para las familias que llevan años buscando a sus seres queridos.

La falta de avances llevó a organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios a presentar la situación ante instancias internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas determinó dar seguimiento a una solicitud relacionada con la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Los colectivos han insistido además en que las investigaciones requieren mayores recursos y herramientas especializadas. Diana Iris, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007, explicó que muchas familias mantienen expedientes abiertos desde hace años sin que hayan sido judicializados.

“Hay muy poquitas carpetas, expedientes judicializados, y somos muchos de larga data donde no hay respuesta y donde las investigaciones nunca avanzan o sufren un agotamiento en el que ya no pueden continuar. Y esa es la parte que nos preocupa”, señaló.

La madre buscadora también demandó recursos adicionales para fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía Especializada en Desapariciones.

“Le pedimos más recursos al gobernador porque se queja la Fiscalía Especializada en Desapariciones de que no tienen recursos para instalar una Unidad de Análisis de Contexto, que creemos que es lo que nos faltaría para poder investigar los casos abordando el tema de la macrocriminalidad, al ser de larga data”.

Para las familias, el principal problema continúa siendo transformar el marco legal y las instituciones creadas en resultados concretos. Aunque reconocen programas de atención y mecanismos de diálogo con el gobierno estatal, consideran insuficientes los avances en búsqueda, localización y sanción de responsables, particularmente en casos donde los propios agentes encargados de brindar seguridad aparecen señalados.

La combinación de 127 desapariciones relacionadas con instituciones o cuerpos de seguridad, miles de personas cuyo paradero continúa sin conocerse y apenas cuatro sentencias por desaparición forzada mantiene abierta una deuda en materia de justicia en Coahuila. Los colectivos mantienen como prioridad localizar a las personas desaparecidas, esclarecer la posible participación de agentes públicos y lograr que los expedientes acumulados durante años deriven finalmente en responsabilidades ante los tribunales.