Ciudad de México, febrero 20.- Exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que fueron despedidos en el marco de los recortes por austeridad enfrentan un laberinto jurídico para acceder a indemnización y resolver sus juicios laborales debido a la ausencia de actas de despido formales, dificultades de acceso a sus expedientes y la presentación de supuestas pruebas falsas por parte de la autoridad, lo que ha dificultado incluso que puedan reincorporarse a empleos formales con prestaciones.
El portal Animal Político, detalla que la falta de actas, la presentación de documentos incongruentes y la imposibilidad de consultar los archivos obstaculizan los procesos judiciales laborales, prolongando los trámites y complicando la situación de quienes perdieron su empleo sin que existiera una formalización por escrito de su despido.
Exfuncionarios como Enrique, despedido hace poco más de un año, relatan que se les informó verbalmente de su salida y después se les impidió entrar a sus oficinas, sin que la institución les entregara documentación que formalizara la baja, lo que ha afectado el cobro de prestaciones como el seguro de desempleo y ha convertido su reclamo legal en una pesadilla.
Enrique presentó una demanda por la falta de un despido formal y actualmente disputa la falsedad de un acta administrativa con la que la Secretaría sostiene que él dejó de asistir a su trabajo. Los reclamos judiciales se han alargado meses debido a que las supuestas pruebas presentadas por la dependencia federan adversas al trabajador y dificultan la resolución de su caso.
Otra exempleada, identificada como R., también enfrenta retrasos en su proceso judicial debido a que no hay documentos que respalden su despido como jefa de departamento, lo que ha limitado su capacidad para consultar su expediente y definir la ruta legal para exigir su reinstalación o indemnización.
R. ha tenido que dedicarse a labores de limpieza desde diciembre de 2024 por la falta de formalización de su separación laboral, y afirma que la situación ha provocado afectaciones económicas, familiares y profesionales, al no poder acceder a empleos con prestaciones debido a que su juicio laboral sigue en curso.
El despido de estos trabajadores se dio en un periodo de transición entre las administraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando la Secretaría de Gobernación eliminó 58 plazas como parte de recortes presupuestarios por austeridad, afectando a personas con entre cinco y 32 años de antigüedad.
Animal Político consultó a la Secretaría de Gobernación sobre los reclamos de los extrabajadores y los procesos legales iniciados tras sus despidos, sin que al momento de la publicación se hubiera recibido respuesta oficial de la dependencia.
Exfuncionarios afectados señalan que las irregularidades documentales no solo han prolongado sus juicios, sino que han creado incertidumbre jurídica y económica, al tiempo que han limitado su capacidad de reinserción laboral con estabilidad, prestaciones y certeza jurídica.
La situación pone en evidencia las complejidades del andamiaje legal al que deben enfrentarse trabajadores despedidos del sector público sin la debida formalización de su baja, lo que puede generar efectos adversos en su vida profesional y personal mientras sus casos permanecen en litigio.
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