Ciudad de México, 13/08/25 (Más).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los empresarios mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de encabezar un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) para obtener contratos millonarios, manipular licitaciones y frenar auditorías desfavorables.
Según la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas, los pagos ilícitos incluyeron dinero en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador.
De acuerdo con la investigación, entre junio de 2019 y octubre de 2021, Rovirosa y Ávila entregaron aproximadamente 150,000 dólares –equivalentes a 2.8 millones de pesos– a tres funcionarios de Pemex, con el fin de asegurar contratos de obras, servicios y plataformas, así como cerrar una auditoría que afectaba a sus empresas. Este periodo coincidió con la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con Octavio Romero Oropeza como director de la petrolera estatal.
Rovirosa, abogado egresado de la Universidad Olmeca, se presentaba como empresario con experiencia en la construcción y mantenimiento de gasoductos y exploración de campos petroleros en el sureste de México. Desde 2011, su empresa Tubular Technology, junto con otras seis compañías vinculadas a él, obtuvo contratos por al menos 746 millones de pesos, además de permisos para explotar pozos. En 2017 se le asignó un contrato para exploración y extracción de hidrocarburos en Veracruz.
Ávila, político con trayectoria en el Partido Acción Nacional y exsubdirector de Pemex entre 2010 y 2012, ya había sido señalado en el fraude de facturas falsas de la empresa Oceanografía. De acuerdo con la acusación, él fungía como enlace directo con los funcionarios de Pemex para acordar pagos y favores. Actualmente se encuentra prófugo.
Uno de los casos descritos por las autoridades estadounidenses ocurrió en marzo de 2020, cuando Tubular Technology y Energy Onshore Service ganaron un contrato por 30 millones de pesos para rehabilitación y conservación de caminos y plataformas terrestres. Ese mismo mes, Rovirosa y Ávila pagaron 220,000 pesos a dos funcionarios para asegurar la adjudicación. Según los mensajes presentados como evidencia, un auditor de Pemex celebró con la frase: “Misión cumplida, hermano!!!”, acompañando la comunicación con una copia de la adjudicación.
Otro soborno estuvo relacionado con un contrato de mantenimiento de gasoductos ganado por Rovirosa en 2013. En 2019, una auditoría interna detuvo pagos por hasta 20 millones de pesos. Ávila ofreció al auditor una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot de 12,500 dólares si el resultado de la revisión les favorecía, lo que se tradujo en una reducción del monto a devolver a Pemex y el desbloqueo de los pagos.
El tercer caso documentado ocurrió en agosto de 2019, cuando las empresas de Rovirosa participaron en una licitación pública para un contrato de “Integridad Mecánica”. Aunque su propuesta técnica fue inicialmente descalificada, el auditor intervino con apoyo del coordinador de adquisiciones para mantenerlos en el proceso. A cambio, solicitó “empezar a ver un poco de amor”, en referencia a nuevos pagos y obsequios, incluyendo dos relojes Hublot.
Los documentos judiciales señalan que la red de corrupción también involucró a tres coconspiradores cuya identidad no ha sido revelada: un asistente de Ávila y dos familiares o empleados de Rovirosa. El modus operandi incluía transferencias entre múltiples cuentas y entregas en efectivo, como el viaje de un secretario de Ávila a Campeche para pagar sobornos.
Rovirosa fue detenido y enfrenta una fianza fijada en un millón de dólares, mientras que Ávila continúa prófugo. La acusación detalla que seis empresas relacionadas con Rovirosa fueron beneficiarias directas del esquema de corrupción, asegurando contratos y ventajas competitivas mediante la manipulación de procesos internos en Pemex.
Los montos y fechas de los contratos adjudicados a las empresas de Rovirosa coinciden con los periodos y eventos descritos en la acusación. El caso expone la persistencia de prácticas ilícitas en el sector energético estatal, pese a los intentos de reestructuración y saneamiento financiero impulsados durante el sexenio pasado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó que los acusados enfrentan cuatro cargos de conspiración y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión y sanciones económicas.
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