Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 04/05/26 (Más).- Con pozos y tajos abandonados e inundados, veneros rotos y otros daños ambientales en la región Carbonífera, comunidades de la zona donde se proyecta la extracción de gas por fracking en Coahuila reclamarán primero la falta de remediación ambiental acumulada durante más de 100 años por la actividad minera del carbón, antes de permitir que llegue una nueva forma de explotación con el gas, adelantó la activista Cristina Auerbach.
La integrante de colectivos como Coahuila contra el Fracking y la Alianza Mexicana contra el Fracking, originaria del municipio de Múzquiz, señaló que la región no puede ser sometida a otro modelo extractivo mientras siguen sin atenderse los daños provocados por la minería carbonífera, entre ellos minas abandonadas, terreros, tajos a cielo abierto y cuerpos de agua contaminados.
Auerbach sostuvo que en la zona existen al menos 260 pasivos ambientales derivados de la explotación del carbón, sin que hasta ahora se conozca un plan efectivo de remediación. Por ello, dijo, antes de hablar de fractura hidráulica, los gobiernos federal y estatal deben explicar cómo obligarán a los concesionarios mineros a reparar los daños que dejaron durante décadas.
“Me gustaría insistir en el tema de la remediación ambiental”, planteó la activista, al señalar que tanto el Gobierno del Estado, que durante años cobró impuestos relacionados con la actividad carbonífera, como el Gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, deben informar cuál será el plan para restaurar una región que ha sido impactada por la extracción de carbón.
De acuerdo con Auerbach, aunque la ley contempla obligaciones ambientales por proyecto, en la práctica la remediación no se ha cumplido. Afirmó que hay pasivos ambientales de hasta 70 años y casos donde la actividad minera fracturó veneros, lo que dejó tajos inundados con agua contaminada con azufre, sin posibilidad de aprovechamiento seguro.
En ese contexto, consideró contradictorio que se pretenda presentar el fracking como una alternativa energética o económica para la región Carbonífera, cuando –dijo– ni siquiera se ha resuelto la deuda ambiental de la industria anterior.
“No van a remediar lo anterior y pretenden hacernos creer que no van a dañar con el fracking”, cuestionó con tono incrédulo.
La activista también recordó que entre 2009 y 2012, cuando Pemex realizó trabajos o pruebas relacionadas con el potencial gasífero de la zona, la población no fue informada ni consultada. Señaló que no hubo reuniones comunitarias, explicación pública de los trabajos, ni presentación de resultados.
Auerbach dijo que ese antecedente alimenta la desconfianza actual, pues las comunidades temen que nuevamente se tomen decisiones sobre su territorio sin participación de quienes viven en la región.
A su juicio, la llamada licencia comunitaria que tendría que acompañar proyectos de esta magnitud difícilmente se aplicará a las comunidades de la región Carbonífera, pues históricamente, aseguró, no se les ha preguntado qué modelo de desarrollo quieren ni cómo deben aprovecharse sus recursos.
La activista rechazó además la idea de un fracking amigable, ecológico o sustentable. Señaló que la fractura hidráulica implica riesgos para los mantos acuíferos, el uso intensivo de agua en un estado con estrés hídrico y posibles afectaciones a actividades como la agricultura y la ganadería.
En particular, advirtió que Múzquiz y la región Carbonífera tienen una fuerte vocación ganadera, por lo que cualquier afectación al agua o al territorio tendría impactos más allá de los puntos específicos donde se instalaran pozos.
También planteó que el gas se encuentra debajo de zonas carboníferas ya concesionadas, lo que abriría otro frente de incertidumbre: la eventual afectación de mantos de carbón mediante la fractura hidráulica y la falta de claridad sobre cómo se resolverían los conflictos entre concesiones mineras y proyectos gasíferos.
Auerbach cuestionó igualmente el argumento de la soberanía energética. Dijo que antes de pedir a las comunidades aceptar nuevos sacrificios ambientales, el Gobierno federal debe explicar para quién se produciría esa energía y quiénes serían los principales beneficiarios, pues sostuvo que una parte importante de la energía generada en el país se destina a la gran industria.
La entrevistada consideró que el proyecto todavía enfrenta obstáculos técnicos, financieros, legales y sociales. Señaló que no existen permisos, inversión suficiente ni actos concretos de autoridad contra los cuales las comunidades puedan promover recursos legales, aunque reconoció que sí observa una decisión política de avanzar.
Por ello, dijo que los colectivos ciudadanos se mantendrán organizados y actuarán conforme el proyecto avance. Indicó que, por ahora, Coahuila contra el Fracking y la Alianza Mexicana contra el Fracking buscarán informar a la población, documentar riesgos y exigir que cualquier decisión pase por las comunidades.
Auerbach criticó además la integración de comités técnicos o grupos de análisis donde, según dijo, predominan perfiles favorables al fracking y no se ha incluido a organizaciones ciudadanas de la región. A su juicio, ese tipo de espacios no garantizan una evaluación imparcial si dejan fuera a las comunidades que podrían resultar afectadas.
Para la activista, el fondo del debate no es sólo técnico, sino de justicia territorial. Una región que ya aportó carbón durante más de un siglo, con altos costos humanos, sociales y ambientales, no debería ser nuevamente sacrificada sin remediación previa, sin información completa y sin consulta real.
“Si el fracking lo tuvieran que hacer donde viven quienes lo promueven, no lo harían”, afirmó Auerbach, al sostener que las decisiones energéticas suelen tomarse lejos de las comunidades que cargan con sus consecuencias.
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