Anexos; sucursales del infierno

Por Miguel Villarello

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El asunto de los anexos, así denominados los centros de rehabilitación de adicciones y que de un tiempo a la fecha se han situado en el ojo del huracán, tiene varias aristas, una de ellas es la que tiene que ver con su funcionamiento y regulación en salubridad, otra en cuanto a la esporádica situación que tiene que ver con hechos de inseguridad y violencia en su interior y, otra, la falta de recursos por lo menos de origen federal que han venido a la baja.

En esta ocasión se abordarán los primeros dos de esas aristas por ir caminando casi de la mano, es decir, aunque la gran mayoría de los anexos cumplen con la regulación de que son objeto para su adecuado funcionamiento algunos han caído en omisiones e incumplimientos.

Pero a partir aproximadamente del 2020 unos cuantos de ellos han cerrado sus puertas por haberse visto envueltos en situaciones principalmente de maltrato e inseguridad, las cuales han derivado en abusos y hasta homicidios de sus internos o de quienes acuden ahí a rehabilitarse de sus adicciones.

Los centros de rehabilitación son 65 en la entidad de acuerdo con registros de la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria y no 80 como se afirmó en una ocasión.

No obstante, habría que sumar lo dicho por especialistas y las familias de los mismos internos en el sentido de que por cada seis anexos debidamente acreditados, existe uno que funciona en la clandestinidad, es decir, sin registros ni regulación por no estar sus instalaciones ubicadas físicamente.

En cuanto a sus poblaciones y funciones de atención, los hay que sólo se dedican a rehabilitar adultos hombres o mujeres y mixtos; en otros casos y por cada tres de ellos, funciona uno que atiende a menores.

De acuerdo con las leyes de salud estatal y nacional estos centros son específicamente para atender a personas que buscan por iniciativa propia o la de sus familias atenderse y curarse en cuanto a adicciones como el tabaco, alcohol y sustancias narcóticas primordialmente.

En este aspecto, el trabajo de rehabilitación, la ley dice que ambas instancias el Estado y la Federación deben trabajar juntas, aquí es donde entra la problemática de los recursos, pues por lo menos de parte de la federación cada año, a partir del 2018 los recursos comenzaron a disminuir sustancialmente al grado de llegar al cierre de algunos anexos que funcionaban con recursos públicos o en modalidad privada y en entidades donde la federación contaba con centros de atención.

Por ello en estados como Coahuila la Secretaría de Salud se ve en la imposibilidad de sostener un centro propio de atención, de ahí que se busque trabajar con los centros de atención que se ponen en funcionamiento de manera privada, para eso sólo debe regular su funcionamiento adecuado conforme a la ley y la Norma Oficial Mexicana 028 de Salud.

En este aspecto las visitas de supervisión para su correcto funcionamiento son desarrolladas por personal de la dependencia y con el acompañamiento de la Comisión Estatal Contra las Adicciones.

175 SUSPENDIDOS

Vamos de lo general a lo particular, a principios de julio el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio de la Parra Juambelz, en entrevista citó que la cifra era de 175 suspensiones aplicadas por la dependencia en lo que iba del 2022.

Informó que la Subsecretaría de Regularización suspendió las actividades de diversos negocios de variados giros, ello como consecuencia de 4 mil 188 visitas de inspección que realizó la dependencia prácticamente durante el primer semestre del año.

Explicó inclusive que los motivos generales de la suspensión fueron principalmente por la falta de avisos de funcionamiento, cédulas de funcionamiento y tarjetas de control sanitario, falta de expedientes clínicos y otros documentos.

“Asimismo la falta de áreas de uso especificado como la carencia de áreas de aislamiento para el llenado de garrafones en caso de servicio de venta de agua embotellada, presencia de fauna nociva y malas prácticas de higiene”, agregó De la Parra Juambelz.

Por lo que refiere a los giros inspeccionados y suspendidos, son de distinta índole: “los suspendidos de enero a junio del 2022 son alimentos preparados, purificadores de agua, tortillerías, carnicerías, panaderías, suplementos alimenticios, tabaco y servicios de transfusión”.

“Además de consultorios médicos, establecimientos de medicinas estéticas, tatuadores, veterinarias, guarderías, centros de adicción, funerarias y farmacias”.

CLANDESTINOS

Ya en lo particular y de acuerdo con datos de investigación además que, no obstante que por ley la Secretaría de Salud debe realizar acciones de supervisión y revisión de anexos de rehabilitación cada determinado tiempo, por lo menos del total de anexos que existen en el estado el 40 por ciento funcionan con irregularidades e incumplen constantemente.

El rumor público calculaba la cifra en 80 centros, sin embargo, la dependencia oficialmente dio a conocer que el registro da 65, por lo que el resultado es que 26 anexos estarían en condiciones no óptimas de funcionamiento.

Por otro lado, está el pensamiento, no confirmado pero calculado por las familias de los internos y especialistas en el tema, de que por cada seis anexos dedicados a la rehabilitación de personas sobre todo por adicciones en la legalidad hay uno funcionando en la clandestinidad.

Con el fin de obtener datos actuales se a la dependencia encargada de vigilar las condiciones de este tipo de recintos, la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, a la par que se optó por la búsqueda de antecedentes de manera electrónica y con base en declaraciones recientes del funcionario se obtuvieron algunos datos.

Uno de ellos es que, como conclusión de una supervisión a este tipo de sitios, el 40 por ciento de ellos funciona de manera irregular, por lo que, hasta el mes de mayo pasado se habían suspendido tres solamente.

Semanas antes De la Parra Juambelz había informado este dato en el sentido de que los centros de rehabilitación no cumplían con algunas normas sanitarias y presentaban otro tipo de irregularidades.

Después de reconocer que por dichos motivos tres de ellos habían sido suspendidos recientemente, el funcionario comentó que “a causa de este tipo de incumplimientos es que se les tienen que hacer constantes visitas para verificar que cuenten con lo establecido por la ley”.

De los datos del censo se dio a conocer también que Saltillo, Torreón y Monclova son los municipios donde están la mayoría y que en las dos primeras ciudades se suspendieron esos tres anexos, por no llenar los requisitos para atender adecuadamente a sus internos.

En este caso, destacó el funcionario que los suspendidos podrán reabrir sus instalaciones hasta que solventen sus irregularidades, para lo cual la ley les otorga cierto período dependiendo de la falta.

Y si, de acuerdo con lo dicho antes en el sentido de que por cada seis anexos trabajando con registro y licencia de funcionamiento existe uno clandestino o no registrado, estaríamos hablando de que en Coahuila la cifra sube a casi 76 anexos funcionando en la entidad y que rehabilitan de adicciones como alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.

Luego de precisar que los motivos generales para aplicar una suspensión por parte de la oficina de Regulación Sanitaria están la falta de avisos de funcionamiento, permisos sanitarios, falta de expedientes clínicos, inclusive la presencia de fauna nociva o malas prácticas de higiene, el titular del área mencionó que en lo que va del 2022 se han verificado 22 centros con el resultado de los tres suspendidos temporalmente.

Cabe señalar de nueva cuenta que los anexos, así llamados estos centros de rehabilitación, reciben a personas para someterse a terapias de curación o apoyo para lograr la abstención a ciertas adicciones, sin embargo, a partir del 2020 han sido señalados por incurrir constantemente muchos de ellos en situaciones de maltrato, abuso y violencia contra sus internos, además de ser lugares sin permisos adecuados de funcionamiento.

CONADIC

En el rubro de la regulación sanitaria y que tiene que ver únicamente con la salud de los internos de los anexos a principios de julio una diputada expuso el tema en tribuna.

Fue a través de su fracción parlamentaria priista donde exhortó y derivó en un dictamen para exhortar a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los Centros de Atención Primaria de Adicciones, conocidos como UNEME-CAPAS “debido a la reconversión que tendrán hacia Centros Comunitarios de Salud Mental”.

La legisladora presentó un estudio reciente en el que el consumo de enervantes, alcohol y tabaco ha ido en incremento entre los adolescentes a comparación con los adultos entre los años 2013 y 2019.

Inclusive se refirió a los centros de atención a adicciones y citó que los Centros de Atención Juvenil fueron creadas desde el año 2007, “pero hoy están en funcionamiento 340 centros de atención a adicciones coordinados por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) distribuidos en todo el país”.

“Ocho de estos ubicados en Coahuila y cuyo objetivo es ofrecer un modelo de intervención temprana contra las adicciones que contemple desde la prevención del consumo y la promoción de la salud mental hasta el tratamiento breve, ambulatorio, accesible y de calidad”.

“Se trata de un grupo de psicólogos, trabajadores sociales y médicos enfocados en disminuir y prevenir el consumo de drogas -continuó la legisladora-, cuya atención y apoyo no sólo se brindan al usuario o a quien tenga problemas de adicciones sino también a familiares, amigos o conocidos que tengan la iniciativa de ayudar a alguien más”.

Derivado de ello ante el Pleno congresista advirtió que entre 2005 y 2015 más de 128 mil 221 personas fueron hospitalizadas en México por trastornos relacionados con sustancias y drogas.

“Asimismo, el año pasado la CONADIC advirtió acerca de la inviabilidad de cerrar o clausurar centros de rehabilitación privada, aun cuando mucho de ellos operen de forma irregular, pues el gobierno no cuenta con espacios suficientes para ese objetivo, lo cual revela la magnitud del abismo presupuestal y de infraestructura que existe en el sistema sanitario mexicano”, señaló.

De ahí la idea de exhortar a la CONADIC “para que fortalezca las capacidades técnicas y operativas de los Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME-CAPAS) como prevención ante la reconversión que tendrán hacia Centros Comunitarios de Salud Mental.

65 REGISTRADOS

Y hasta el fin de semana, luego de varios días de estarlas solicitando, la Subsecretaría de Regulación Sanitaria emitió las cifras:

65 centros de rehabilitación están registrados ante la Secretaría de Salud, de ellos, sólo 3 han sido suspendidos por no cumplir con los requisitos de regulación y fomento sanitario en lo que va del 2022, sin embargo, estos asilos suspendidos deben considerarse aparte de otros centros de rehabilitación que, por verse envueltos en acciones de violencia, maltrato e inseguridad, habrían sido cerrados por diversa autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado.

Respecto de los tres suspendidos por Salud, los cuales están ubicados en Saltillo y Torreón, de acuerdo con datos emanados de la dependencia estatal.

No obstante que la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario es la dependencia que tiene bajo su responsabilidad el efectuar las revisiones y condiciones de funcionamiento de los denominados coloquialmente anexos de rehabilitación, realiza la supervisión basada en un listado de requerimientos que este tipo de centro de atención debe cumplir para demostrar su correcto funcionamiento.

Dicha supervisión está indicada en la Ley Estatal de Salud, además que la información emitida por la dependencia explica que, aparte de que son sorpresivas las verificaciones por parte de la Secretaría de Salud en la entidad en cuanto a anexos se refiere, son con apoyo multidisciplinario en el que intervienen la ya mencionada Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario y la Comisión Estatal contra las Adicciones.

Específicamente la misma información confirma que la cantidad de anexos registrados en Coahuila asciende a 65, a los cuales se han realizado un total de 40 visitas de revisión en lo que va del año.

Dichas revisiones son realizadas por las dependencias ya mencionadas, Regulación y Fomento Sanitario y por la Comisión Estatal Contra las Adicciones en las que intervienen 18 inspectores y que, derivado de las visitas de inspección se han suspendido los tres anexos ya mencionados.

Advierte, sin embargo, la información estatal que cuenta con un total de 18 verificadores que son quienes por cada anexo que visitan deben revisar 8 aspectos que comprende el protocolo sanitario.

Hay que destacar que estas revisiones son en lo que se refiere al funcionamiento sanitario del anexo, ya que en lo que corresponde a temáticas como seguridad y actividades relativas a delitos como adicciones, maltrato y violencia son supervisiones competencia de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias del orden estatal y municipal.

Por todo lo anterior, en un ejercicio aritmético se desprende que a cada verificador le corresponde supervisar 3.6 centros de rehabilitación por lo menos dos veces al año de manera sorpresa y si cada anexo es revisado dos veces al año estaríamos hablando de 120 revisiones practicadas en un año.

La información de Salud habla de los aspectos de revisión, por lo que, dentro de su protocolo sanitario cada inspector deberá verificar que el establecimiento cuente con aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, presentar certificado de fumigación, contar con sanitarios y regaderas exclusiva de hombres y mujeres en caso de contar con servicio mixto, contar con agua potable, los dormitorios deben estar separados por sexo y en el caso de haber menores estos deben estar en dormitorios separados de los adultos.

Otros aspectos son el contar con consentimiento por escrito del padre o tutor en caso de haber menores, contar con lineamiento y disposiciones por escrito del proceso de recuperación al que el usuario se va a incorporar y contar con manual de procedimientos aprobado por CONADIC (Comisión Nacional Contra las Adicciones).

FISCALÍA

De pasada al segundo aspecto a exponer, en cuanto a la esporádica situación que tiene que ver con acciones de inseguridad y violencia en el interior de los anexos de rehabilitación contra adicciones, la segunda semana de julio la Fiscalía General del Estado resaltó que se debe tener una supervisión muy específica de los anexos de rehabilitación.

Fue el mismo fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien advirtió que en el corto plazo la Fiscalía emprenderá una supervisión de los anexos que existen en la entidad para ver si cumplen con los requisitos legales por los que se establecieron.

Aunque por la secrecía de varias investigaciones que son realizadas actualmente por la dependencia en esta temática, el funcionario no emitió la cantidad de anexos que existen en el estado, pero es sabido que existen 65 registrados ante Salud.

Todos diseminados en la entidad, pero muchos están ubicados en Saltillo, Torreón y Monclova por ser los municipios con mayor población, esto último de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Y, a manera de deslinde, la Secretaría de Salud es la instancia que otorga los permisos de funcionamiento previa aprobación de los requisitos para la mejora de los internos que atienden, ya que se trata de centros de rehabilitación contra adicciones como tabaquismo, drogadicción y alcoholismo primordialmente.

Por su parte la FGE interviene, junto con otras dependencias entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales, en cuanto a revisión de aspectos que tienen que ver con la inseguridad y la violencia.

Aunque tampoco se sabe cuántos anexos están funcionando en la clandestinidad, Márquez Guevara continuó con su explicación.

“Al efecto se tiene una relación de este tipo de sitios de rehabilitación que existen en todo el estado para tratar de supervisarlos y además establecer cuáles son los requisitos legales que deben observar y los que no los estén observando obviamente cancelarlos”.

Después de resaltar que es muy importante tener una supervisión específica de estos lugares porque de alguna manera son un auxilio para la autoridad en cuanto a la atención de las adicciones el fiscal dijo que, sin embargo, “tienen que observar una serie de requisitos sobre todo esta cuestión de la seguridad”.

Resaltó que no tenía el dato exacto de cuántas carpetas de investigación se tienen abiertas por parte de la Fiscalía para este tipo de sitios por algún incidente relacionado con la inseguridad, “pero seguramente en todo el estado se tienen abiertas como algunas siete u ocho indagatorias”.

La pregunta al funcionario fue en el sentido de la obligación de que estos centros de rehabilitación coloquen videocámaras de vigilancia en sus interiores y Márquez Guevara corroboró que “tienen una serie obligaciones, las videocámaras todavía no, pero sí es una forma de estar supervisando la actuación de cada uno de los que se encuentran internos en el lugar”.

CLAUSURAS

Varios días después llegó la noticia relacionada a circunstancias que tienen que ver con la inseguridad y violencia contra los internos en los anexos, la Fiscalía General del Estado en lo que va del año ha clausurado cuatro anexos de rehabilitación de adicciones en la entidad.

Ello sólo en lo que va del año y mediante la práctica de supervisiones sorpresivas o la denuncia de los mismos internos o sus familias, insistió la dependencia.

Derivado de ello y en una entrevista el fiscal, Gerardo Márquez Guevara, expresó que se trataba de cuatro centros, los cuales habían sido clausurados luego que se suscitaran hechos violentos, entre ellos un homicidio.

“Este tipo de instalaciones, conocidas como anexos de rehabilitación, las que fueron cerradas están orientadas a atender a jóvenes adictos a las drogas en los municipios de Torreón y Saltillo”, sostuvo.

Después de reconocer que la FGE cuenta con “una relación de todos los que existen y se está checando en cuanto a su regulación”, el funcionario mencionó que si, en los términos ordinarios el recinto revisado está reglamentado, no habría problema, pero debido a que existen algunos que no lo están, entonces esos son los que se están clausurando.

Fue entonces que reveló que el municipio que cuenta con más anexos de rehabilitación es Torreón, muy probablemente seguido por Saltillo, Monclova y Piedras Negras, “por lo que se continúa trabajando para privilegiar la seguridad de los internos en estos centros en todo el estado”.

Asimismo, informó que, por lo menos, siete personas han sido detenidas tras estas intervenciones por parte de la FGE y específicamente en Torreón por hechos relacionados con un homicidio o a raíz de haberse suscitado algunos hechos violentos.

El funcionario declaró también que “resulta necesaria la revisión de este tipo de lugares pues son los que se encargan de vigilar el tratamiento de personas que son adictas a las sustancias, además que deben estar regulados”.

INTENSIFICAR REGULACIÓN

Y en lo que tiene que ver específicamente con la seguridad y acciones de violencia contra los internos dentro de los centros de atención también en el Congreso del Estado la diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez del Partido Verde Ecologista de México emitió un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud Federal.

“Ello con el fin de -expresó en Tribuna-, que implemente o intensifique la regulación y autorización de centros de rehabilitación particulares de adicciones a drogas y alcohol que se encuentren en la entidad”.

Añadió que estos anexos no cuentan con el personal y tratamiento adecuado para la atención de pacientes con algún problema de farmacodependencia, por lo que terminan siendo víctimas de un delito.

Con datos más específicos en cuanto a las adicciones la diputada sostuvo que la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas (ENCODAT) arrojó que en el año 2021 en Coahuila “las cuatro drogas más habituales por las que consumidores requieren o solicitan rehabilitación en Coahuila son el tabaco, alcohol, mariguana y cristal”.

Antes explicó que los centros de tratamiento y rehabilitación ayudan a las personas que luchan contra la droga, el alcohol o el abuso o la adicción a las sustancias, que el enfoque del centro de rehabilitación es proporcionar ayuda para que estas personas reduzcan y luego eliminen su dependencia de manera segura.

La problemática que se presenta constantemente en estos anexos privados afirmó, “es la regulación pues muchos de estos centros son clandestinos, otros funcionan de forma irregular y otros tantos abusan de las personas que están en rehabilitación ya sea física, mental o sexualmente, lo cual sucede por falta de personal capacitado”.

Y Rodríguez Márquez continuó: “La CONADIC indicó que en el país existen alrededor de 2 mil 300 centros, pero solamente 500 tienen un permiso de funcionamiento avalado, es decir, que cumplen con la norma exigida por la ley de salud”.

Aparte, declaró, constantemente se hacen reportes anónimos por personas que son testigos de las irregularidades con las que trabajan estos centros; por lo que cabe destacar que en este otro tipo de operativos participan la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Inspección y Verificación, Prevención del Delito, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

En cuanto a la ley federal la diputada citó que el exhorto “lo dirijo a la Secretaría de Salud Federal ya que en el artículo 187 Bis I señala que: Para el tratamiento de enfermedades derivadas del alcoholismo las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, fomentarán la creación de centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad derivada del alcoholismo.

Por lo que advirtió que “como se puede apreciar en los últimos hechos suscitados en diversos centros de rehabilitación particular de la localidad se conoce el origen del problema desgraciadamente una vez que se cometió un delito”.

Así, declaró, considero que de manera preventiva debería de fortalecerse o implementar un método efectivo para la detención y autorización de estos centros de rehabilitación particular.

“Ello con el fin de que cumplan con las medidas necesarias que sean verificados y aprobados sus tratamientos por la autoridad Federal en coordinación con el Estado ya que son necesarios porque las familias de estas personas no saben cómo ayudarlos o como atender médicamente su adicción o alcoholismo”, añadió.

“Pues no podemos seguir permitiendo que sean pacientes que están intentando salir de un problema de adicción y se enfrenten con un tratamiento de dolor, violencia física y mental a raíz de violentar su integridad y sus derechos humanos”.

VIOLENCIA

Quedan pues algunos casos, sólo a manera de inventario ya que hay muchos anexos que se han visto envueltos en hechos de inseguridad y violencia.

Además de que hay cálculos de que, por cada situación de suspensión de la actividad que aplica la Subsecretaría de Regulación Sanitaria se presentan dos casos de violencia al interior de los anexos que son clausurados por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con otros datos existen centros de atención en la Laguna de Coahuila donde la mayoría de los internos tratan de rehabilitarse por el consumo de cristal, pero algunos no cuentan con permisos para operar, su personal no está debidamente capacitado y su infraestructura es deficiente.

En enero del 2022 un anexo de la colonia Nueva Torreón fue escenario de un hecho de violencia cuando varios internos golpearon a un compañero quien perdió la vida horas más tarde, lo que ocasionó el cierre del centro de atención.

En marzo el anexo Génesis 2021 fue objeto de aseguramiento por la autoridad ante una denuncia anónima de movimiento de personas armadas, el lugar fue detectado al funcionar como de operación mixta, sin el permiso correspondiente aparte de estar internados menores quienes no estaban en condiciones muy seguras.

El 10 de junio del presente año, la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en un centro de rehabilitación ubicado en la zona centro del municipio de Arteaga, derivado de una investigación en proceso por los delitos de violación y abuso sexual que habían sido presuntamente cometidos en contra de una mujer al interior del lugar.

Aparte, un centro de rehabilitación más y que trabajaba de manera clandestina en Torreón fue clausurado el 15 de junio por autoridades municipales, el cierre obedeció a que dentro había hombres y mujeres internadas junto con menores de edad y en condiciones no muy salubres.

Otro caso fue el de un joven asilado en un anexo y que dejó de existir por causas no confirmadas en el Hospital General de Salud de Saltillo, la sospecha, atención tardía.

Fue el pasado 29 de junio cuando se dio a conocer que el muchacho, de apenas 19 años y quien estaba internado en el centro de rehabilitación denominado “Familia Sepia”, aquejó un fuerte dolor en su cuerpo a causa de haber sido golpeado por sus mismos compañeros y, aunque fue internado de urgencia en el nosocomio, horas después dejó de existir.

El caso se complicó pues la familia acusó de negligencia al centro de rehabilitación.

Otro caso también en junio fue el que derivó de una inspección entre varias autoridades de Salud y judiciales al anexo denominado “Sánate Laguna AC” pues fue clausurado por operar de manera ilegal, ahí ocurrió la detención de dos personas por presunta imputabilidad de delitos como maltrato y agresión sexual en contra de varios menores internos.

A principios de julio 15 mujeres escaparon del anexo por presunto abuso y violación que sufrían de parte de sus padrinos, el sitio operaba irregularmente y estaba ubicado en la colonia La Merced de Torreón clandestinamente.

No obstante, hay que precisar que todas estas eventualidades tienen que ver con aspectos de inseguridad y práctica de la violencia hacia los interiores de los anexos, mas no con aspectos de regulación sanitaria.

LEY DE SALUD

En cuanto a la Ley Estatal de Salud, de entrada el Artículo 149 Bis sostiene que el Programa contra las Adicciones es de orden público e interés social y tiene por objeto I establecer los procedimientos y criterios fundados en principios de investigación científica y profesional para la sensibilización, prevención, tratamiento y asistencia a personas farmacodependientes del tabaco, alcohol, narcóticos o a una o más sustancias psicoactivas.

El Inciso II regular la prestación del tratamiento y asistencia integral a personas que usan, abusan o son dependientes del consumo de sustancias psicoactivas y deseen recuperarse de su adicción.

En el Capítulo IV del Programa Contra la Farmacodependencia resalta el Artículo 154: “El Gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Salud Federal ejecutará el programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia de conformidad con los acuerdos que al efecto se celebren, mismo que será obligatorio para los prestadores de los servicios de salud del Sistema Nacional y Estatal de Salud, así como en todos los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia”.

“Además deberá contener las siguientes actividades: I preventivas, II de urgencias, III de tratamiento, IV de rehabilitación y reinserción social, y V de reducción de daños y riesgos”.

El Artículo 154 Bis 3 señala que, para el tratamiento de los farmacodependientes la Secretaría deberá crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

El Artículo 154 Bis 5 dice que en esta materia la dependencia I fomentar la participación comunitaria y familiar en la prevención y tratamiento en coordinación con las autoridades federales y las instituciones públicas o privadas involucradas en los mismos para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones.

Para revocar una licencia sanitaria está el Artículo 248 que dicta que la autoridad sanitaria local podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado en casos como, I cuando se compruebe que el ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado constituyan riesgo o daño para la salud; II cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado exceda los límites fijados en la autorización, III porque se dé un uso distinto a la autorización y VI cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria para otorgar la autorización, entre otros.

Mientras que el Artículo 264 habla de la vigilancia sanitaria que se realizará mediante visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria estatal competente y que deberá realizar las respectivas diligencias de conformidad con las prescripciones de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Y finalmente el Artículo 266 que dicta que las verificaciones podrán ser ordinarias y extraordinarias, las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas en cualquier tiempo.

NOM 028 FEDERAL

Aparte de la legislación en la materia, está una regla que aplica y es conocida como Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 que habla de la prevención, tratamiento y control de las adicciones; esta NOM lleva el objetivo de establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones.

El documento dice que la NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, reducción del daño, investigación, capacitación y enseñanza o de control de las adicciones.

Con referencia a esta NOM-028-SSA2-2009 existen establecimientos especializados en atención a la rehabilitación de las adicciones que afirman que la gran mayoría de los anexos, entre ellos los incumplidos y clandestinos, la desconocen por completo.

Derivado de todo lo anterior la Secretaría de Salud y el Comité Estatal Contra las Adicciones, además de la CONADIC tendrán que aplicarse y emprender mayores acciones de regulación y vigilancia tanto sanitaria como en seguridad y derechos humanos.

Ello de manera preventiva a la par de presionar al Congreso local a gestionar mayores recursos federales para la atención oportuna y debida a este tipo de situaciones, de lo contrario seguirán las eventualidades de suspensión de los anexos por incumplimiento en su regulación y cierre ante sucesos relacionados con inseguridad y violencia.

Al respecto quedan dos precisiones, la primera, en el sentido de la necesidad de incrementar los inspectores ya que la Subsecretaría de Regulación no se da abasto para recorrer la entidad y verificar de manera más adecuada los anexos e identificar los que funcionan irregularmente.

Y, la segunda, en el sentido de que los diputados modifiquen la ley para darles mayores atribuciones a los verificadores y ellos mismos detecten áreas de oportunidad en cuanto a inseguridad de los internos y pongan la voz de alarma preventiva.