Pijijiapan, 21/07/2025 (Más). – La escena fue tan poderosa como inesperada: una estudiante de preparatoria en Pijijiapan, Chiapas, tomó el micrófono durante su graduación y denunció que había sido víctima de acoso sexual por parte de uno de sus profesores. Pidió que quienes hubieran vivido algo similar levantaran la mano. Al menos cinco lo hicieron. El momento fue grabado, difundido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Pero, para Lourdes Ovando Wong, la abogada que representa a la joven, la verdadera gravedad del caso no está en el video, sino en todo lo que lo precede: años de impunidad, omisión institucional y una cultura que responsabiliza a las víctimas.
“El escándalo no debería ser el discurso grabado ni el hecho de que se hizo viral. El escándalo es que hubo profesores que sabían lo que ocurría y no hicieron nada. Que hubo directivos que escucharon a la víctima y decidieron ignorarla. Y que luego intentaron silenciarla”, afirma Ovando, integrante de la Red Nacional de Abogadas Digna Ochoa, una organización feminista con presencia en todo el país.
El caso estalló públicamente cuando la estudiante —que había sido acosada durante casi dos años por el profesor José N, de 39 años— decidió romper el silencio tras no recibir respuesta ni apoyo dentro del plantel. Acudió primero a una maestra, luego al director del centro, pero los hechos fueron minimizados. Fue entonces cuando contactó a Ovando. “Cuando llegó por primera vez a mi oficina estaba en estado de shock. Había vivido una situación de acoso continuo que escaló tras cumplir la mayoría de edad, y además, había sido culpada y presionada para desistir”, relata la abogada.
La denuncia formal se presentó el 5 de abril ante la Fiscalía de Distrito de la zona Costa. Ese mismo día, la policía acudió al colegio y el caso salió a la luz entre la comunidad estudiantil. Lo que siguió, según relata Ovando, fue una ola de hostilidad contra su representada por parte de otros profesores y alumnos. “Sufrió violencia institucional dentro de la propia escuela. Fue revictimizada, señalada, aislada. Y aún así, continuó adelante”, sostiene.
La letrada asegura que el caso no es aislado, sino parte de un patrón ampliamente normalizado en Chiapas. “Lo que ocurre en esta preparatoria ocurre también en secundarias, universidades, en centros públicos donde maestros, adultos con poder, hostigan a niñas y adolescentes con total impunidad. Es una violencia estructural y sistemática”, advierte. Según sus estimaciones, en la misma escuela podrían existir al menos una treintena de víctimas, aunque muchas no denuncian por miedo, por presiones familiares o por temor a la exposición pública.
Incluso tras la detención del profesor y la renuncia del director, el silencio institucional persiste. Una queja formal presentada ante la Secretaría de Educación Pública el pasado 9 de abril no ha recibido respuesta. Y aunque la Secretaría de las Mujeres estatal expresó públicamente su apoyo a la joven, Ovando considera que las autoridades deben ir más allá de los pronunciamientos simbólicos. “Las víctimas no necesitan palmaditas en la espalda ni que les digan que se cuiden entre ellas. Necesitan justicia, acompañamiento real y sanciones ejemplares para quienes cometen estos delitos”, sentencia.
Ovando enfatiza que el proceso legal avanza no por la presión mediática, sino por el trabajo jurídico de fondo. “Este caso no es una historia viral. Es una historia de violencia, impunidad y resistencia. Mi representada no buscaba hacerse famosa, solo quería que se reconociera el daño que sufrió y que no quedara impune”.
Mientras tanto, otras alumnas de la misma preparatoria han comenzado a compartir sus propios testimonios con ella. Algunas quieren denunciar, pero aún temen las represalias. Para la abogada, este caso es apenas la punta de un problema mucho más amplio que exige atención urgente: “La violencia contra las adolescentes en espacios educativos no es nueva. Lo nuevo es que ellas están empezando a hablar. Y ahora les toca a las instituciones escucharlas”.
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