Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 06/08/26 (Más).- La Alianza Mexicana contra el Fracking exigió al Gobierno federal prohibir constitucionalmente esa técnica en todo el país y rechazó que el uso de agua salada, el reciclaje del líquido o la incorporación de nuevos productos químicos permitan convertirla en una actividad “sustentable”.
El pronunciamiento se da después de que el comité científico convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de continuar estudiando proyectos en la Cuenca de Burgos y en la región Sabinas-Burro-Picachos y estableció algunas condiciones para su aplicación.
La organización emitió esta mañana un boletín donde afirmó que proteger únicamente la cuenca Tampico-Misantla no es suficiente y demandó que tampoco se permita el desarrollo de pozos piloto en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.
“Fracking, ni aquí ni allá”, sostuvo la Alianza al considerar que las conclusiones del comité científico representan un incumplimiento del compromiso de prohibir esta técnica y abren la puerta a su aplicación en el noreste del país, una región que ya enfrenta problemas de disponibilidad de agua.
El pronunciamiento se conoció después de que el comité integrado por especialistas recomendó descartar la explotación de gas no convencional en Tampico-Misantla, debido a su densidad poblacional, presencia de comunidades indígenas y valor ambiental y cultural. En cambio, planteó continuar evaluando la viabilidad en Sabinas-Burro-Picachos, localizada en Coahuila y Nuevo León, y en la Cuenca de Burgos, en el noreste de Tamaulipas.
Claudia Sheinbaum aclaró que todavía no se ha autorizado la extracción de gas y que la siguiente etapa consiste en determinar si en esas regiones existen suficientes depósitos profundos de agua salada, separados de los acuíferos de agua dulce, así como precisar cuánto gas podría recuperarse.
“Apenas vamos a ver dónde es factible, ver cuánta agua salada hay, cuánto gas hay, entonces pasaríamos a la siguiente fase”, declaró la mandataria. También señaló que, si no se encuentra agua salada suficiente, se cerraría la posibilidad de explotar gas no convencional en la zona.
Antes de considerar pozos de extracción, se perforarían pozos profundos con fines de investigación hidrogeológica; estos servirían para verificar la existencia, volumen y composición del agua salada disponible, pero no serían utilizados todavía para producir gas.
El comité también recomendó no emplear agua dulce destinada al consumo humano, la agricultura o la ganadería; reciclar por lo menos 75 por ciento del líquido utilizado; evitar sustancias altamente tóxicas; publicar los aditivos empleados; reducir la afectación superficial; monitorear los acuíferos y la actividad sísmica, y consultar previamente a las comunidades.
La Alianza cuestionó que estas condiciones sean suficientes. Sostuvo que tecnologías como el uso de agua salobre, la espuma de dióxido de carbono, los compuestos biodegradables y el reciclaje aparecen principalmente en investigaciones o experiencias limitadas, pero no como soluciones aplicadas de manera generalizada que hayan eliminado los riesgos del fracking.
De acuerdo con la organización, las nuevas técnicas no suprimen la posibilidad de contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos ni afectaciones sociales y sanitarias. También señaló que el Gobierno no ha explicado cómo se dispondrán finalmente las aguas residuales, que pueden contener metales, compuestos disueltos y materiales radioactivos.
La inyección de esos residuos en pozos de disposición tampoco sería segura, agregó, porque las fisuras o fallas estructurales podrían provocar contaminación subterránea y movimientos sísmicos. La Alianza advirtió además que el tratamiento de estas aguas es poco común, costoso y no siempre consigue retirartodos los contaminantes.
Otro de sus argumentos es la dimensión que alcanzaría la industria si los proyectos piloto derivan en una explotación comercial. Con base en una investigación de CartoCrítica, indicó que recuperar apenas 10 por ciento de los recursos prospectivos requeriría más de 25 mil pozos y aproximadamente 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
La organización añadió que más de seis millones de personas viven dentro de las áreas con potencial de hidrocarburos no convencionales o en su posible radio de afectación. Alrededor de 40 por ciento de esas superficies presentan estrés hídrico alto o extremo y, según sus cálculos, ocho de cada diez litros que demandaría el fracking serían utilizados en lugares donde provocarían un riesgo hídrico grave.
El argumento del Gobierno federal es que México necesita disminuir su dependencia del gas estadounidense. Actualmente, alrededor de 75 por ciento del gas consumido en el país procede de Estados Unidos.
Sheinbaum explicó que el impulso a las energías renovables, la eficiencia energética y una mayor producción de gas convencional permitirían reducir esa dependencia a cerca de 50 por ciento, pero que para bajarla todavía más sería necesario evaluar los yacimientos no convencionales.
Los estudios presentados por el comité estiman un recurso prospectivo nacional de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional, concentrado principalmente en Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Esa cantidad representa una posibilidad geológica, no reservas comprobadas ni gas que necesariamente pueda extraerse.
La Alianza Mexicana contra el Fracking rechazó también que la soberanía energética justifique los proyectos y cuestionó la posible participación de capital privado nacional o extranjero mediante un fideicomiso o contratos mixtos. A su juicio, esa alternativa contradice el discurso gubernamental de soberanía y trasladaría los costos ambientales y sanitarios a las comunidades.
Además, acusó que el comité científico tuvo un sesgo de origen porque fue creado para estudiar cómo aprovechar el gas no convencional y no para determinar si debía prohibirse. Criticó que no se incorporara directamente a las comunidades potencialmente afectadas ni a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se han integrado al frente Noreste Sin Fracking. En el caso de Coahuila, el pronunciamiento señala particularmente a la región Carbonífera, a la que considera un territorio de sacrificio que durante décadas ha soportado los costos ambientales, sociales y laborales del modelo energético nacional.
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