Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 06/08/26 (Más).- La Cuenca de Burgos puede convertirse en el proyecto que ayude a Coahuila a frenar su declive económico, pero su efecto dependerá de que la planta de procesamiento o refinación del gas se instale dentro del estado y no sea trasladada a Nuevo León o Tamaulipas.
Antonio Serrano, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en crecimiento económico, advirtió que la extracción de gas por sí sola no garantiza una transformación económica.
El verdadero valor se encuentra en los procesos posteriores de concentración, limpieza, tratamiento, distribución y comercialización del hidrocarburo.
“A mí no me importa solamente sacar el gas; me importa la refinería. Sacar gas no te va a dejar nada”, planteó el académico al alertar que Coahuila podría quedarse únicamente con la parte más básica de la cadena productiva, por lo que debe “pelear” para que la refinería se quede en el estado.
Serrano describió la Cuenca de Burgos como un posible “paracaídas” para una economía estatal que, según su diagnóstico, pierde impulso desde 2017. Sin embargo, aclaró que el proyecto no representa una solución inmediata ni automática.
En el escenario más favorable, calculó, el desarrollo necesitaría al menos cinco años antes de comenzar a generar una actividad significativa. Primero deben concluirse las autorizaciones, bases de licitación y contratación de las empresas responsables de la exploración.
Una exploración de esa magnitud requeriría entre seis y ocho meses, incluso trabajando de manera continua, pues no se trata solamente de confirmar que existe gas, sino de determinar el tamaño de los yacimientos, las condiciones geológicas, el volumen aprovechable y el número de años durante los cuales podría sostenerse la producción, explicó.
Después vendrían la perforación, la instalación de ductos, los sistemas de almacenamiento y la infraestructura para procesar el gas. Por ello, Serrano consideró equivocadas las expectativas de que Burgos pueda comenzar a reactivar la economía coahuilense en unos cuantos meses.
El investigador estimó que, si Coahuila logra conservar tanto la extracción como el procesamiento, la cadena asociada con Burgos podría llegar a representar entre 10 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Aclaró que se trata de una proyección sujeta al tamaño de las reservas, las inversiones y la ubicación de las instalaciones industriales.
Si la refinería queda fuera del estado, advirtió, el impacto sería mucho menor y podría reducirse a empleos operativos, servicios para las empresas extractoras y algunas compras locales.
La explicación se encuentra en que los hidrocarburos son propiedad de la nación y su extracción constituye una actividad de competencia federal. En consecuencia, el gas que salga del subsuelo coahuilense no necesariamente se traducirá en ingresos directos para el Gobierno estatal.
Serrano puso como referencia lo sucedido en otras entidades petroleras, donde la riqueza extraída es administrada por la Federación mientras los estados conservan una parte limitada del beneficio económico y enfrentan los daños ambientales, sociales y de infraestructura derivados de la actividad.
Ese riesgo crecería si Coahuila recibe los pozos y las operaciones extractivas, pero las plantas de procesamiento, los corporativos y los principales proveedores se concentran en entidades vecinas.
Nuevo León y Tamaulipas parten con ventaja porque poseen experiencia en la industria energética, infraestructura instalada y personal familiarizado con los procesos de refinación. Coahuila, en cambio, no ha desarrollado una cadena productiva de hidrocarburos ni cuenta todavía con suficientes especialistas.
“Estamos asumiendo que nos vamos a quedar con todo el pastel y no es cierto”, advirtió Serrano.
La disputa no se limitará a la ubicación de la refinería. También estará en juego la sede de las oficinas corporativas, desde donde se contratarían servicios profesionales, tecnología, financiamiento, seguros, transporte, mantenimiento y proveeduría.
Saltillo, Ramos Arizpe y los municipios de las regiones Carbonífera y Norte podrían competir por esas instalaciones, pero también lo harán Monterrey, ciudades de Tamaulipas e incluso la Ciudad de México.
Si las decisiones administrativas se toman fuera de Coahuila, una parte considerable del gasto y de los empleos especializados también quedará fuera.
Por esa razón, el investigador consideró indispensable que el Gobierno estatal presente un proyecto integral para la Cuenca de Burgos y negocie desde ahora la instalación de la planta de procesamiento, las oficinas centrales y la mayor cantidad posible de empresas proveedoras.
La estrategia, añadió, debe definir los terrenos, servicios, carreteras, ductos, suministro eléctrico, agua, vivienda y condiciones fiscales que Coahuila ofrecerá para retener los eslabones más rentables de la cadena.
Otra condicionante será la preparación de personal. Serrano señaló que actualmente las universidades coahuilenses no cuentan con una oferta suficiente de carreras y especialidades orientadas a exploración, perforación, procesamiento de gas, geología energética, mantenimiento de ductos y administración de proyectos de hidrocarburos.
Los nuevos proyectos energéticos suelen comenzar con una primera capa integrada por especialistas, directivos y gerentes con experiencia previa. Como Coahuila no dispone actualmente de suficiente personal con ese perfil, los puestos mejor pagados serían ocupados inicialmente por trabajadores procedentes de otros estados.
Una segunda capa, formada por supervisores, técnicos y operadores especializados, también podría llegar de otras regiones si las instituciones educativas no comienzan a preparar personal antes de que arranquen las inversiones.
“No le vas a dar la gerencia a alguien que no tenga al menos cinco años de experiencia”, explicó Serrano. Por ello, consideró que durante los primeros años buena parte de los cargos directivos no serían ocupados por habitantes de la región.
El problema es especialmente delicado para la región Carbonífera, donde la falta de oportunidades ha provocado la salida de jóvenes y trabajadores capacitados.
La instalación de pozos no garantiza por sí misma que esa población regrese ni que los empleos generados sean ocupados por habitantes de la zona.
Para revertirlo, propuso adaptar desde ahora las carreras universitarias, crear certificaciones técnicas, establecer convenios con empresas energéticas y atraer profesores y especialistas que permitan formar una base laboral local.
Serrano también pidió evitar que la expectativa de Burgos sustituya la planeación. El proyecto puede tardar, reducirse, cambiar de ubicación o dejar menos gas del esperado, por lo que Coahuila no debería depender exclusivamente de él para recuperar su economía.
No obstante, reconoció que actualmente es la única iniciativa de gran escala con capacidad potencial para reconfigurar al estado. Precisamente por ello, sostuvo, las autoridades no pueden limitarse a esperar que la inversión llegue por sí sola.
La diferencia entre un proyecto transformador y una operación extractiva, concluyó, será la capacidad de Coahuila para quedarse con el valor agregado. Si obtiene la refinería, las oficinas, los proveedores y los especialistas, Burgos podría impulsar una nueva etapa económica; si solamente aporta el territorio y el gas, recibirá una fracción de la riqueza y cargará con la mayor parte de las consecuencias.
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