Washington, D.C., 06/02/25 (Más / IA).- La criminalización de los inmigrantes en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel bajo la administración de Donald Trump. Imágenes de personas esposadas y encadenadas al abordar vuelos de deportación han generado controversia y han puesto en evidencia una tendencia que expertos han denominado “crimigración”: la fusión entre el derecho migratorio y el derecho penal.
Recientemente, Trump se refirió a un grupo de colombianos deportados como “criminales”, aunque el gobierno de Gustavo Petro desmintió esta afirmación, asegurando que ninguno tenía antecedentes penales ni en Colombia ni en Estados Unidos. Aun así, la estrategia de la actual administración ha resultado en un aumento de arrestos de inmigrantes indocumentados, incluyendo personas sin historial delictivo. “Es un gran cambio cultural en nuestra nación ver a alguien que viola nuestras leyes de inmigración como un criminal. Pero eso es exactamente lo que son”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La política migratoria de Trump no solo afecta a quienes ingresan sin documentos al país, sino también a aquellos que han seguido procedimientos legales para regularizar su estatus. Este fenómeno ha sido ampliamente analizado por la jurista Juliet Stumpf, quien acuñó el término “crimigración” en 2006.
“Históricamente, hemos visto a los inmigrantes sin autorización como miembros de alguna manera de esta sociedad, ofreciendo su trabajo u otras ventajas”, explicó Stumpf. “Pero cuando criminalizamos a los inmigrantes, realmente empezamos a despojarlos de esa idea de membresía en Estados Unidos”.
El concepto de crimigración ha cobrado mayor relevancia en el ámbito académico y legal. La Universidad de Harvard, por ejemplo, ha desarrollado una Crimmigration Clinic para estudiar y defender los derechos de los migrantes. Sin embargo, más allá de la teoría, las consecuencias de esta política son tangibles: inmigrantes son detenidos, encarcelados y deportados en condiciones que emulan castigos penales, aunque legalmente la deportación sea una medida administrativa.
La criminalización de la migración en Estados Unidos tiene raíces históricas. Según Stumpf, aunque el país ha regulado la migración desde hace siglos, fue en 1929 cuando se aprobó la primera ley que convirtió en delito el cruce no autorizado de la frontera. “Investigaciones han mostrado que la razón por la que se aprobaron esas leyes fue la influencia de un senador supremacista blanco y eugenista, que creía en la pureza de las razas y en la necesidad de frenar la inmigración mexicana”, detalló la experta.
A partir de la década de 1990, la política migratoria estadounidense comenzó a endurecerse aún más. Se estableció que incluso personas con residencia legal podían ser deportadas si tenían antecedentes penales, sin importar si ya habían cumplido sus sentencias. “Todo esto ha creado una tendencia en Estados Unidos de ver a los inmigrantes como criminales, personas indeseables o peligrosas”, agregó Stumpf.
El fenómeno de la crimigración ha sido impulsado, en gran medida, por la retórica pública y la forma en que los medios y los políticos han presentado la inmigración. En el pasado, el sentimiento antiinmigrante fluctuaba según la economía: en tiempos de crisis, aumentaba el rechazo a los migrantes; cuando la economía mejoraba, la percepción cambiaba. Sin embargo, desde los años 90, esta correlación se ha desdibujado. Ahora, la criminalización de los inmigrantes parece estar más ligada a factores raciales y políticos que a razones económicas. “La imagen pública del inmigrante ha sido moldeada para asociarse con personas de color, especialmente de Centroamérica y Sudamérica”, explicó Stumpf.
Las restricciones en las leyes migratorias también han favorecido la expansión del tráfico de personas. Al dificultar los cruces fronterizos legales, los migrantes han recurrido cada vez más a traficantes para ingresar a Estados Unidos, lo que ha fortalecido las redes de crimen organizado en la frontera. “Hemos trasladado la migración indocumentada a lugares más peligrosos”, dijo Stumpf. “La consecuencia no ha sido menos migración, sino más tráfico de personas”.
La criminalización de los inmigrantes se refleja incluso en la forma en que son deportados. Fotografías de personas esposadas y encadenadas han generado indignación, ya que, legalmente, la deportación es una acción administrativa y no una sanción penal. Sin embargo, al aplicar medidas típicas del sistema de justicia criminal, se refuerza la percepción de que los inmigrantes son delincuentes. “El uso de esposas y grilletes manda un mensaje poderoso de que estas personas son peligrosas y necesitan ser contenidas físicamente”, afirmó Stumpf.
El fenómeno de la crimigración continuará siendo un tema central en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en un contexto donde las deportaciones y la vigilancia fronteriza se han intensificado. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y académicos siguen analizando las implicaciones de tratar la migración como un delito en lugar de una cuestión social y económica.
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