La falta de un registro formal impide identificar necesidades y diseñar políticas públicas eficaces. Los afectados enfrentan consecuencias emocionales, económicas, educativas y familiares
Ciudad de México, 28/08/26 (Más).- La crisis de desapariciones en México podría afectar de manera directa a alrededor de 165 mil hijas e hijos de personas desaparecidas, quienes enfrentan consecuencias emocionales, económicas, educativas y familiares sin que exista hasta ahora un registro oficial que permita conocer con precisión su situación y garantizarles una atención diferenciada.
De acuerdo con información difundida por Infobae, la organización Tejiendo Redes Infancia presentó durante agosto de 2026 el informe “Hijas e hijos de personas desaparecidas en México”, en el que advierte que esta población permanece prácticamente invisible para las instituciones, pese a que la desaparición de un familiar modifica sus condiciones de vida y puede comprometer el ejercicio de derechos relacionados con educación, salud, protección social y acceso a la justicia.
La estimación parte del análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hasta agosto contabilizaba 103 mil 176 registros, y de la aplicación del promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona reportado por la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023. Con esos datos, la organización calculó que aproximadamente 165 mil personas podrían ser hijas o hijos de quienes se encuentran desaparecidos.
El informe señala además que más de la mitad de las personas registradas como desaparecidas se encuentran en el grupo de edad de 15 a 29 años, circunstancia que eleva la posibilidad de que una proporción importante de sus familiares directos sean niñas, niños o adolescentes.
La organización aclaró que la cifra no constituye un conteo individual ni sustituye la obligación gubernamental de generar información específica sobre los vínculos familiares de las víctimas.
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, explicó que el ejercicio busca exhibir la ausencia de información institucional suficiente para identificar a las hijas e hijos de personas desraparecidas y conocer las necesidades que enfrentan.
Esa falta de datos, sostuvo la organización, dificulta la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación destinadas a quienes son considerados víctimas indirectas.
La desaparición de una persona puede provocar cambios inmediatos en la organización de los hogares, particularmente en la distribución de los cuidados y los ingresos familiares. También puede afectar la continuidad escolar, el acceso a servicios médicos, la seguridad y las relaciones entre integrantes de la familia, mientras madres, abuelas, hermanas y otros parientes suelen asumir simultáneamente las tareas de búsqueda, cuidado y gestión ante las instituciones.
En ese escenario, niñas, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a una mayor carga de trabajo doméstico, necesidad de incorporarse a actividades remuneradas o interrupción de sus estudios. A ello se agrega la dificultad para acceder a representación legal, atención especializada en salud mental, protección frente al estigma y programas sociales diseñados específicamente para las consecuencias derivadas de la desaparición de un familiar.
El reporte también recupera experiencias documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León entre niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años que enfrentan la desaparición de algún integrante de su familia.
Los testimonios reflejan miedo, incertidumbre, modificaciones constantes en su estado emocional, problemas de rendimiento escolar, burlas y falta de sensibilidad en planteles educativos, además de dificultades para comprender los trámites gubernamentales relacionados con la búsqueda.
Las niñas, niños y adolescentes participantes reclamaron condiciones que permitan involucrarse en los procesos relacionados con sus familiares sin exponerlos públicamente. En el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, sus peticiones fueron resumidas de manera colectiva en la expresión: “Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.
Tejiendo Redes Infancia advierte que, aunque las normas nacionales y los estándares internacionales reconocen derechos a familiares y víctimas indirectas, persisten deficiencias para convertir esas disposiciones en mecanismos concretos de identificación, protección y acompañamiento.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas también ha reconocido que las consecuencias de una desaparición pueden prolongarse más allá de la minoría de edad.
La situación mexicana también ha sido objeto de atención internacional.
El 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada remitió el caso de México a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo el artículo 34 de la Convención, al considerar que existían indicios bien fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos. Esa determinación, sin embargo, no atribuyó responsabilidad federal directa ni estableció que la totalidad de las desapariciones registradas en el país tengan carácter forzado.
Ante este panorama, la organización considera necesario construir una ruta nacional de atención que articule al Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
El diagnóstico sostiene que actualmente las instituciones no comparten suficiente información ni desarrollan una estrategia común para atender a las hijas e hijos de las personas desaparecidas.
La propuesta contempla identificar de manera segura el vínculo familiar, valorar las condiciones particulares de cada niña, niño o adolescente, activar servicios de protección, educación, salud y desarrollo social, garantizar continuidad en la atención y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
También plantea evitar que las familias deban repetir constantemente sus testimonios ante diferentes dependencias o enfrentar cambios continuos del personal responsable de sus casos.
Tejiendo Redes Infancia subraya que cualquier mecanismo de registro y acceso a servicios debe proteger los datos personales, contar con consentimiento y evitar transformarse en un instrumento de vigilancia sobre las familias. El informe sostiene además que la capacitación de servidores públicos resulta insuficiente cuando no existen procedimientos definidos, responsabilidades claras y consecuencias ante fallas institucionales.
La organización considera que la atención a las hijas e hijos debe incorporarse de manera expresa a las políticas relacionadas con desapariciones, pues la ausencia prolongada de un familiar puede alterar durante años sus condiciones de desarrollo.
El reto, plantea el reporte, es evitar que quienes ya enfrentan las consecuencias de una desaparición deban sufrir además exclusión, desprotección o negligencia por parte de las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.
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