Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 13/04/26 (Más).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió desde 2014 que la exploración de gas shale impulsada por Pemex en la Cuenca de Burgos, incluyendo tres municipios de Coahuila, avanzaba sin una normativa específica suficiente para regular técnica y ambientalmente ese tipo de operaciones.
Más aún, a 12 años de esto, las instancias públicas no han terminado de regular la actividad como es necesario. Uno de los rubros más sensibles de la fractura hidráulica o “fracking” es el manejo de agua producida y fluido de retorno, que aún carece de una norma que lo regule, siendo éste uno de los pasos del proceso de mayor importancia ecológica.
La ASF emitió una observación que alcanza al estado porque la franja coahuilense de la Cuenca de Burgos formó parte de la experiencia mexicana temprana en yacimientos no convencionales, con pozos perforados en los municipios de Hidalgo, Guerrero y Nava.
La Auditoría revisó el proyecto “Aceite y Gas en Lutitas” de Pemex Exploración y Producción y concluyó que, a agosto de 2015, todavía no se había emitido la normativa específica para regular las operaciones técnicas y ambientales de exploración y explotación en yacimientos no convencionales.
Además, la ASF señaló que algunos trabajos vinculados a esa evaluación se realizaron sin que existiera un esquema regulatorio diferenciado y plenamente desarrollado para el gas shale.
Aunque el expediente auditado fue nacional y no exclusivo de Coahuila, la entidad quedó directamente relacionada con sus hallazgos porque en la prolongación mexicana de Eagle Ford, dentro del noreste coahuilense, Pemex perforó pozos como Emergente-1, Habano-1, Chucla-1, Montañés-1, Nómada-1 y Gamma-1, ubicados en los citados municipios coahuilenses lo que convierte a esa zona en una de las referencias concretas de la experiencia que el país intentó desarrollar antes de contar con reglas completas para el gas shale.
Aunque Pemex intentó solventar la falta de normativa, la ASF mantuvo una recomendación formal para que la empresa promoviera e impulsara ante las autoridades competentes la elaboración, emisión e implementación de normativa específica para yacimientos no convencionales. Hasta la fecha esto no se ha cumplido.
Si bien el tema se abrió a consulta el año pasado, con la publicación del aviso de consulta pública del PROY-NOM-024-ASEA-2025, al 13 de abril de 2026 no se aprecia todavía, en la revisión del Diario Oficial de la Federación (DOF), que esa actualización haya culminado con la publicación de una norma definitiva vigente.
La advertencia de la ASF cobra nueva vigencia ahora que vuelve a plantearse la posibilidad de explotar gas shale en la Cuenca de Burgos, incluida su porción coahuilense.
Ciertamente México ya no está en el mismo escenario regulatorio que hace una década: hoy cuenta con una Ley del Sector Hidrocarburos vigente desde marzo de 2025, su reglamento desde octubre de ese mismo año y lineamientos técnicos más recientes para construcción y mantenimiento de pozos.
Sin embargo, el vacío no puede darse por superado. Parte de la regulación de no convencionales ha sido sustituida o reordenada con disposiciones transitorias, y uno de los rubros más sensibles del fracking, el manejo de agua producida y fluido de retorno, seguía en actualización normativa hacia finales de 2025.
Por eso, aunque el país sí ha construido un andamiaje legal más amplio que el observado por la ASF, todavía no resulta del todo riguroso afirmar que México tenga en 2026 un marco plenamente cerrado y específico para una expansión intensiva del shale en Burgos.
Para Coahuila, el saldo es claro: la entidad no sólo aparece como una zona con potencial gasífero, sino también como uno de los territorios donde quedó exhibida la distancia entre la ambición de explotar gas no convencional y la madurez regulatoria necesaria para hacerlo con reglas completas.
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