Saltillo, Coahuila, 09/10/25 (Más).- El Congreso del Estado de Coahuila recibió una proposición con punto de acuerdo impulsada por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional, en la que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emprender campañas informativas sobre los derechos y límites del uso de cámaras de vigilancia privadas, en coordinación con las corporaciones de seguridad pública estatales.
La iniciativa advierte que aunque las cámaras particulares representan una herramienta útil para la prevención del delito, su uso inapropiado puede traducirse en violaciones a derechos fundamentales como la privacidad, el honor y la intimidad personal y familiar. Por ello, el legislador subrayó la necesidad de generar conciencia entre los ciudadanos sobre las implicaciones legales y éticas de grabar en espacios públicos o hacia inmuebles ajenos.
El documento propone que, entre los aspectos a considerar en las campañas informativas, se incluya la recomendación de no orientar cámaras hacia el interior de viviendas o negocios vecinos, evitar la difusión de imágenes sin consentimiento y abstenerse de hacer uso indebido del material captado, especialmente en redes sociales.
También se sugiere colocar señalizaciones visibles que informen sobre la presencia de estos dispositivos de videovigilancia en propiedades privadas.
La Comisión de Seguridad Pública del Congreso fue la encargada de dictaminar la propuesta, la cual fue turnada para su análisis desde el 6 de mayo de 2025 y recibió dictamen favorable el pasado 22 de agosto.
El diputado Paredes López reiteró que la intención de su iniciativa es fomentar una cultura de seguridad responsable, que reconozca el valor de la tecnología como aliada en la protección ciudadana, pero siempre enmarcada dentro de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En un contexto donde cada vez más ciudadanos instalan sistemas de videovigilancia en sus hogares y negocios, la propuesta busca equilibrar el interés legítimo por la seguridad con el resguardo de las libertades individuales, garantizando que el uso de estas herramientas no se convierta en una forma de vigilancia intrusiva o de exposición pública sin justificación.
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