Uruapan, Michoacán 07/05/26 (Más).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, criticó duramente la protección que autoridades federales otorgaron a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y cuestionó que su esposo, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público del Día de Muertos, no haya recibido medidas de seguridad similares.
De acuerdo con la alcaldesa, pese a que Manzo realizó reiteradas solicitudes de seguridad ante autoridades federales, estas fueron ignoradas.
“Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Hoy estarías aquí, junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos”, escribió Quiroz en sus redes sociales.
La presidenta municipal señaló que la falta de protección se debió a que su esposo pertenecía a un “movimiento ciudadano y no a un movimiento político”, y cuestionó los criterios sobre cómo, cuándo y para quién se activan los mecanismos de protección en México.
En sus declaraciones, Grecia Quiroz afirmó:
“Estoy convencida de que mis ojos verán caer uno por uno, porque sé que Dios no se quedará nada; lo declaro”, en referencia a los responsables de la muerte de su esposo.
Tras este hecho trágico, Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan, continuando la gestión de su marido y enfrentando los retos de seguridad que dejó su ausencia.
Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y tras solicitar licencia temporal como gobernador de Sinaloa, recibió protección federal asignada por el Servicio de Protección Federal.
Según Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rocha Moya no solicitó el cuidado, pero las evaluaciones de riesgo determinaron que se le asignara una escolta especializada.
La disparidad en la atención a figuras políticas ha generado críticas y cuestionamientos. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, expresó su desacuerdo al señalar que mientras a ciertos actores políticos se les asigna protección, ella ha sido criticada por decisiones administrativas que derivaron en incidentes, como el desmantelamiento de un laboratorio para la elaboración de drogas que causó la muerte de cuatro personas, incluyendo a dos agentes de la CIA.
En el caso de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas de las acusaciones presentadas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad. Esta acción refleja el involucramiento de instancias federales y diplomáticas en la protección y seguimiento de acusaciones internacionales contra autoridades mexicanas.
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