Ante el punto de quiebre

Por Francisco Ortiz Pinchetti

En medio de la polémica desatada en torno a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias en radio y televisión, que según expertos limitarían gravemente el derecho a la información, Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que dará a conocer decreto para prohibir que las dependencias federales reserven información de manera discrecional.

Entre ambos temas se observa una aparente contradicción. En el fondo, lo que está en juego es otra vez el derecho constitucional a la información, sustancial de un sistema democrático. ¿Lo es todavía el nuestro?

Me parece que esto hace oportuno repasar con cuidado y de manera objetiva –y sincera, diría yo– cuáles son los elementos esenciales de una democracia de acuerdo a criterios internacionales, para contrastarlos luego con la realidad mexicana actual. Veamos:

– Soberanía popular y elecciones libres: En democracia, el poder reside en los ciudadanos, quienes eligen y pueden remover a sus gobernantes mediante procesos de votación libres, periódicos, limpios y competitivos.

– Independencia y autonomía de la autoridad electoral: Existencia de órganos electorales imparciales y profesionales, libres de injerencia gubernamental o partidista, que garantizan la equidad, legalidad y certeza en las contiendas.

– Estado de derecho: Supremacía de la Ley, donde autoridades y ciudadanos están sujetos a la Constitución, con contrapesos institucionales para evitar abusos y concentración del poder.

– División de poderes: Distribución de las funciones del Estado entre distintos órganos para evitar la concentración del mando y garantizar un sistema efectivo de controles y contrapesos institucionales.

– Autonomía del Poder Judicial: Asegura su independencia frente a los otros poderes, permitiéndole así vigilar la constitucionalidad de los actos públicos, y frenar cualquier exceso gubernamental y violaciones constitucionales.

– Respeto a los derechos humanos y protección a las minorías: Garantía de las libertades fundamentales para todos, asegurando que las decisiones de la mayoría no vulneren los derechos de los grupos minoritarios.

– Libertad de expresión, de prensa y acceso a la información: Existencia de un periodismo libre, independiente y sin censura para fiscalizar al poder, denunciar la corrupción y nutrir el debate público.

– Pluralismo político y alternancia en el poder: Coexistencia de diversas corrientes ideológicas y partidos que compiten en igualdad de condiciones, con la posibilidad real de que sean reemplazados pacíficamente a través de los votos.

– Rendición de cuentas y fiscalización del poder: Obligación permanente de los gobernantes y funcionarios públicos de transparentar sus actos, justificar sus decisiones y someterse a mecanismos institucionales de control y sanción ante la Ley.

Con igual objetividad repasemos ahora las más importantes medidas o reformas tomadas por los dos gobiernos de la autollamada 4T:

– Intervención oficial en los procesos electorales: Empleo sistemático de recursos públicos, programas sociales y plataformas institucionales de comunicación para influir de manera directa en las campañas y en la equidad de las contiendas en favor de las opciones oficialistas.

– Desmantelamiento y cooptación del Poder Judicial: Sustitución de la carrera judicial mediante un proceso de “elección popular” caracterizado por una bajísima participación ciudadana, el uso de listas inducidas y operadores políticos imponiendo juzgadores y ministros afines al oficialismo. Esto anula la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales y jueces, cancelando el contrapeso constitucional frente a los otros poderes.

– Pérdida de neutralidad en los órganos electorales: Inserción de perfiles con vínculos partidistas directos en las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) y en las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), comprometiendo la imparcialidad técnica requerida para el arbitraje de las contiendas y la sanción de infracciones legales.

– Eliminación de los organismos constitucionales autónomos: Supresión de instituciones técnicas de fiscalización, regulación y medición (como el INAI, la Cofece, el IFT y el Coneval) cuyas funciones fueron absorbidas directamente por secretarías de Estado, eliminando el escrutinio independiente sobre el ejercicio gubernamental.

– Subordinación del Poder Legislativo: Formación de una “mayoría gandalla”, que vulnera la decisión ciudadana; uso sistemático de la disciplina partidista estricta y de la vía rápida sin modificación ni análisis plural para aprobar iniciativas procedentes del Ejecutivo, reduciendo al Congreso a una oficialía de partes que anula el debate parlamentario.

– Restricción sistemática al derecho de acceso a la información: Aplicación discrecional de acuerdos de reserva bajo criterios de seguridad nacional e interés público para ocultar contratos, costos, licitaciones e impacto de obras y compras gubernamentales, vulnerando la rendición de cuentas.

– Hostigamiento institucional contra la prensa crítica: Utilización reiterada de espacios de comunicación oficial y conferencias gubernamentales para descalificar, estigmatizar y exponer públicamente a periodistas e investigadores independientes, en deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

– Militarización de funciones civiles y de seguridad: Asignación progresiva de tareas de seguridad pública, administración aduanal, control migratorio y construcción u operación de infraestructura civil a las fuerzas armadas, debilitando el principio de supremacía civil y los mecanismos ordinarios de fiscalización.

A todo lo anterior hay que agregar ahora la mencionada Iniciativa sobre derechos de las audiencias y control de contenidos. Se trata de impulsar nuevos lineamientos regulatorios en materia de telecomunicaciones, que otorgan facultades a instancias gubernamentales para intervenir en la revisión de espacios informativos, bajo criterios ambiguos para calificar contenidos como falsos o descontextualizados. Esto debilita los mecanismos internos de autorregulación, y abre la puerta a la censura indirecta y a la tutela estatal sobre la labor periodística.

Preocupa obviamente, por su gravedad, el intento de expansión regulatoria hacia medios impresos y digitales, como es la pretensión de extender criterios de supervisión de contenidos, tipificación de informaciones y figuras de defensoría hacia la prensa escrita y los portales de internet. Sirve también para esta reflexión la afirmación sincera de la presidenta, este jueves: “Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso, la interpretación legal”.

A la luz de este ejercicio elemental, pienso que podemos dilucidar si vivimos en una democracia o nos encaminamos a un régimen autoritario. Válgame.