La expansión empresarial de las Fuerzas Armadas elevó sus contrataciones a más de 271 mil millones de pesos entre 2019 y 2025, al asumir el control de aeropuertos, puertos, trenes y proyectos turísticos. Una cuarta parte de esos recursos quedó concentrada en unas 20 compañías, algunas de las cuales modificaron sus actividades para competir por obras militares
Ciudad de México, 01/08/26 (Más).- Las Fuerzas Armadas mexicanas dejaron de concentrarse exclusivamente en tareas de defensa y seguridad para convertirse en administradoras de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, empresas turísticas, una aerolínea y algunos de los proyectos de infraestructura más costosos del país.
Esta transformación institucional estuvo acompañada por un crecimiento extraordinario de sus contrataciones: entre 2019 y diciembre de 2025, las dependencias y empresas bajo control militar entregaron contratos por más de 271 mil millones de pesos, recursos cuyo destino detallado permanece parcialmente oculto debido a excepciones legales y clasificaciones relacionadas con la seguridad nacional.
De acuerdo con información publicada por El Universal, el gasto contractual vinculado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional alcanzó en 2025 alrededor de 76 mil millones de pesos, cinco veces más que lo ejercido durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El incremento no solo refleja una ampliación presupuestal, sino la creación de un aparato empresarial militar que participa directamente en la ejecución de obra pública y en la operación de servicios que anteriormente estaban en manos de dependencias civiles o entidades especializadas.
El contraste con la situación existente hace poco más de una década muestra la dimensión del cambio. En 2012, los ramos presupuestales de Defensa y Marina registraron dos mil 683 contratos por mil 912 millones de pesos. La mayoría correspondía a compras internas de refacciones, accesorios, medicamentos, pólizas y otros insumos necesarios para el funcionamiento de las instituciones. En aquel momento, el monto promedio por contrato rondaba los 713 mil pesos y la adquisición de mayor tamaño fue una póliza entregada a Axa Seguros por más de 215 millones de pesos para proteger bienes patrimoniales de la Marina.
La dinámica comenzó a modificarse gradualmente y registró un primer salto importante en 2015. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió en 2018, último año de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando el gasto contratado por las Fuerzas Armadas llegó a 13 mil 231 millones de pesos, casi el doble de lo ejercido durante el año anterior. A partir de entonces, las contrataciones militares aumentaron de manera sostenida y dejaron de responder únicamente a las necesidades operativas del Ejército y la Marina.
La expansión se aceleró desde 2021, cuando al ramo de Defensa se incorporaron los contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Posteriormente fueron agregados el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, la Aerolínea del Estado Mexicano y el Tren Maya. Estas entidades convirtieron a la Secretaría de la Defensa Nacional en una dependencia responsable de actividades comerciales, aeroportuarias, ferroviarias y turísticas, además de sus atribuciones constitucionales en materia de seguridad.

Un proceso semejante ocurrió en la Secretaría de Marina. En 2021 se integraron a su estructura presupuestal las 18 Administraciones del Sistema Portuario Nacional y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Más adelante fueron sumadas Turística Integral Islas Marías, el Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para 2025, los ramos de Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana acumulaban siete mil 361 contratos.
La justificación oficial para trasladar obras y empresas a las Fuerzas Armadas estuvo relacionada con la intención de eliminar la corrupción en la ejecución de proyectos estratégicos y en la administración de puertos y aduanas. No obstante, el modelo también creó condiciones para reducir la transparencia sobre el uso de los recursos públicos, pues las dependencias militares pueden invocar disposiciones especiales, excepciones administrativas o criterios de seguridad nacional para limitar la publicación de información.
Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, explicó que los vacíos existentes entre la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Transparencia favorecen un escenario de opacidad. A diferencia de las dependencias civiles, las Fuerzas Armadas no siempre publican en Compranet la totalidad de anexos, convenios, desgloses técnicos, modificaciones, justificaciones y documentos que permiten conocer las condiciones bajo las cuales fueron asignados y ejecutados los contratos.
El crecimiento de las funciones militares también provocó una ampliación del número de proveedores. Antes del cambio de gobierno de 2018 existían tres mil 329 empresas que suministraban principalmente materiales, servicios logísticos y productos necesarios para el funcionamiento de las instituciones castrenses. Con la incorporación de proyectos civiles, aeropuertos, ferrocarriles y puertos, se añadieron ocho mil 102 contratistas.
Sin embargo, el aumento del padrón no produjo necesariamente una competencia más amplia. Poco más de una cuarta parte del dinero contratado durante el periodo terminó concentrada en alrededor de 20 empresas. Pegsa Construcciones, Gami Ingeniería e Instalaciones, DLG Industrias, Grupo Nacional Provincial, Seguros Atlas y Trans Ce Cargo se encuentran entre las compañías que recibieron los mayores montos.
Varias de estas empresas modificaron su objeto social para adaptarse a los nuevos sectores administrados por las Fuerzas Armadas. Personas y Paquetes por Aire, por ejemplo, comenzó a participar en 2021 mediante una licitación de más de mil 358 millones de pesos para adquirir tres plataformas aéreas durante un periodo de tres años. En 2024 intervino en la compra de 12 locomotoras de camino y siete locomotoras de patio para el Tren Maya por aproximadamente dos mil millones de pesos.
Aunque la empresa estaba originalmente enfocada en transporte aéreo, servicios de logística y comercialización de vehículos, posteriormente modificó sus estatutos para incorporar actividades vinculadas con el sector ferroviario. Entre las nuevas facultades incluyó la fabricación, venta y arrendamiento de locomotoras diésel, diésel-eléctricas y eléctricas, así como la comercialización de equipos de carga ferroviaria.
Gami Ingeniería e Instalaciones también se colocó entre las compañías beneficiadas por el nuevo esquema. En asociación con Infraestructura Marítima y Portuaria obtuvo en noviembre de 2025 un contrato por cinco mil 930 millones de pesos para construir un rompeolas en el puerto de Veracruz. El acuerdo se extenderá hasta junio de 2029, por lo que asegura ingresos plurianuales provenientes de recursos públicos.
Otro caso relevante es el de Pegsa Construcciones, perteneciente al Grupo Duxon. La compañía pasó de no aparecer entre los principales proveedores federales a ocupar el primer lugar entre las empresas con mayores ingresos vinculados con este tipo de contrataciones. En 2021 modificó su objeto social para ampliar sus actividades desde la construcción de vivienda, edificios, puentes y comercialización de materiales hacia proyectos de infraestructura naval, ferroviaria y energética.
Su primera licitación con la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada fue obtenida en 2023 por 149 millones de pesos y correspondió a la construcción de un centro de control de tráfico marítimo. La Auditoría Superior de la Federación formuló observaciones por la determinación de precios y por la falta de documentos legales para justificar pagos extraordinarios, pero las irregularidades señaladas no impidieron que la empresa continuara recibiendo contratos.
En 2025, con apenas dos años de experiencia en grandes obras públicas federales, Pegsa obtuvo por adjudicación directa la ampliación del Puerto de Dos Bocas. El contrato superó los siete mil millones de pesos y fue otorgado sin competencia abierta. Además, su carácter plurianual garantiza recursos para la empresa hasta 2029.
La Secretaría de Marina explicó que, aunque el contrato se encuentra dentro del ramo 13, la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. Según la dependencia, su participación se limita a vigilar el cumplimiento de la normatividad, sin intervenir directamente en los procesos de contratación de la entidad paraestatal.
El crecimiento de Pegsa está relacionado con la operación de Grupo Duxon, conglomerado con sede en Boca del Río, Veracruz, que controla diversas empresas proveedoras de servicios portuarios. A través de razones sociales dedicadas a la construcción, seguridad, servicios médicos, administración de personal e inspección marina, el grupo consiguió una presencia dominante en los contratos de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Dos Bocas.
Una de esas compañías es Sepiver, división de seguridad de Grupo Duxon, que recibió su primera adjudicación en 2021 por 5.7 millones de pesos para brindar vigilancia en la Administración del Sistema Portuario Nacional de Coatzacoalcos. Para diciembre de 2025 ya acumulaba 28 contratos por más de mil 300 millones de pesos.
Servicios y Soluciones La Heroica y Vitalcare del Golfo también se incorporaron al padrón de proveedores. Ambas empresas obtuvieron contratos por más de 340 millones de pesos para actividades que incluyeron el arrendamiento de ambulancias y la administración de personal de la Central de Emergencias Portuaria de Dos Bocas.
A esa red se sumó Todo México por Mar, constituida a inicios de 2025. En abril de 2026 recibió por invitación un contrato de 2.9 millones de pesos para realizar inspecciones marinas con vehículos operados de manera remota. Entre sus socios figura Sintegra Capital, empresa cuyo capital social incluye a Duxon Capital Management, lo que evidencia los vínculos corporativos entre las distintas compañías.
Mediante este entramado, Grupo Duxon obtuvo más de nueve mil millones de pesos entre 2021 y 2025. Esa cantidad representa casi nueve de cada 10 pesos del monto total contratado por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Dos Bocas, una concentración que plantea dudas sobre la competencia efectiva y la diversificación de proveedores.

La Secretaría de Marina sostuvo que el sistema mexicano de contrataciones dispone de mecanismos para evitar prácticas contrarias a la competencia y señaló que ha promovido el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica entre las instituciones y empresas que se encuentran bajo su coordinación. La Secretaría de la Defensa Nacional, en cambio, no respondió a las solicitudes para explicar los controles aplicados a sus empresas, proyectos y obras.
El crecimiento de los contratos militares revela que la expansión de las Fuerzas Armadas no se limita a la presencia de soldados en tareas de seguridad pública. También comprende un aparato económico y administrativo que controla infraestructura estratégica, empresas paraestatales y miles de millones de pesos. Mientras los detalles de numerosos contratos permanezcan incompletos, reservados o dispersos, el país tendrá un Ejército con cada vez más funciones y recursos, pero con menores posibilidades de vigilancia ciudadana sobre la manera en que se gastan.
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