En el corazón agrícola de Michoacán, el crimen organizado encabezado por César Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ impuso durante años un sistema de extorsión a productores de limón. Este líder de Los Blancos de Troya exigía altas cuotas millonarias y, bajo amenaza, controlaba los precios de venta
Redacción Más
Durante al menos cinco años, los productores de limón en los municipios de Apatzingán y Buenavista fueron víctimas de extorsión sistemática por parte de César Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, quien les imponía el pago de hasta 600 mil pesos mensuales por permitirles comercializar sus cosechas.
Esta cuota del miedo fue identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2021, pero el presunto criminal fue detenido apenas el pasado 22 de enero en un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal Animal Político, el Ejército mexicano detectó que El Bótox exigía un peso por cada kilo de limón producido, lo que representaba una extorsión diaria de al menos 20 mil pesos, considerando que la producción promedio era de 20 toneladas diarias.
Además de imponer esta cuota, Sepúlveda Arellano también determinaba el precio de venta de la fruta. En 2022, por ejemplo, fijó el precio del kilo de limón a 4 pesos, obligando a los agricultores a acatar sus condiciones bajo amenazas.
Los informes de inteligencia obtenidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Occidente de la Sedena revelan que la actividad delictiva de Sepúlveda Arellano se extendía mucho más allá del sector agrícola. Controlaba también la venta de productos como pollo, cobre, aluminio, vidrio, cigarros y hasta cerveza. En 2022, ordenó que sólo tres personas pudieran vender cerveza Corona en algunas localidades de Buenavista, a cambio del pago de cuotas.
Los recursos generados por esta red de extorsión eran utilizados para financiar las operaciones de Los Blancos de Troya, quienes disputan el control del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Bótox también era identificado como un operador logístico clave para entorpecer operativos de seguridad en la región. Según la Sedena, era quien organizaba bloqueos carreteros y movilizaba a civiles para enfrentar a policías e impedir detenciones.
La impunidad con la que operaba El Bótox también se explica por su historial judicial. En 2018 fue detenido en el estado de Morelos por el delito de homicidio, pero logró salir de prisión y retomar sus actividades criminales. En 2020, las autoridades intentaron recapturarlo, pero el operativo fracasó debido a los bloqueos que organizó su grupo para facilitar su fuga.
A partir de entonces, su nombre apareció con frecuencia en los reportes de inteligencia del Ejército, sobre todo por su creciente influencia criminal en el control de mercados agrícolas y su participación en conflictos con otros grupos, como Los Viagras, liderados por Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Coruco’.
La gravedad del caso también se reflejó en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, quien fue ejecutado tras denunciar públicamente las extorsiones impuestas por Sepúlveda Arellano. Las autoridades señalan a El Bótox como principal responsable de ese crimen, que evidenció el riesgo extremo al que están expuestos los agricultores que se atreven a romper el silencio.
El caso de El Bótox es una muestra clara del entramado de violencia y control económico que ejerce el crimen organizado en Michoacán, donde los agricultores no solo enfrentan precios bajos o incertidumbre climática, sino también amenazas de muerte y cobros ilegales que condicionan su derecho a trabajar. Aunque su captura representa un golpe a la estructura de Los Blancos de Troya, los productores aún viven bajo presión y temor.
La detención de Sepúlveda Arellano ocurre en un contexto en el que otras figuras del crimen, como Juan José Farías, alias ‘El Abuelo’, y líderes de grupos como Cárteles Unidos o Los Viagras, también son señalados por su control territorial en el estado. Las autoridades han reconocido que la disputa entre estos grupos ha hecho de Michoacán uno de los estados más peligrosos para dedicarse a la agricultura, como lo confirma la reciente muerte de otro agricultor tras pisar una mina en un campo de cultivo.
A pesar de la vigilancia federal y de los informes que documentaron desde hace años las actividades delictivas de El Bótox, su captura tardó en concretarse. Ahora, los agricultores exigen no solo justicia, sino garantías para poder ejercer su trabajo sin depender de los dictados del crimen organizado ni del abandono institucional.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.