Sólo 23 candidatos tienen protección

Ciudad de México, 05/03/24 (Más / IA).- En el marco de las campañas electorales que se desarrollan del 1 de marzo al 28 de mayo, solo se ha asignado protección a 23 candidatos federales de por lo menos  2 mil aspirantes que participarán en los comicios de este año.

Desde julio de 2023, se han registrado 16 asesinatos de candidatos, sin incluir el último asesinato registrado2. El caso más reciente es el de Alfredo González, del Partido del Trabajo, quien aspiraba a la alcaldía de Atoyac, Guerrero2.

Los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez ya cuentan con seguridad proporcionada por el gobierno federal1. Para solicitar protección, los candidatos y candidatas federales deben presentar la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE), que a su vez comunica la solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La SSPC coordina con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional, y luego se informa la disposición del servicio de seguridad2.

Dependiendo del nivel de riesgo, se asignan diferentes medidas de protección. Para un riesgo alto, se asignan escoltas, un vehículo principal, un total de 10 elementos y más de cuatro vehículos. Para un riesgo medio, se asignan ocho elementos y tres vehículos. Para un riesgo bajo, se asignan dos elementos y un vehículo2.

Es importante mencionar que, aunque las campañas oficiales comenzaron recientemente, la consultora Data Int documentó el lunes el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han matado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”1.

Para tener protección, los candidatos deben solicitarlo al INE, que turna la petición a la SSPC, el Ejército y la Guardia Nacional, según detalló Rodríguez1. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la SSPC presentaron el protocolo de seguridad para las elecciones de 20241.

Estos datos subrayan la importancia de garantizar la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral, así como la necesidad de políticas efectivas para prevenir y responder a la violencia política.


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