Ya van tres deportaciones “por error”

Washington, 20/05/25 (Más).- Tres casos de deportaciones reconocidas como errores por parte del Gobierno de Estados Unidos se han acumulado en lo que va del año, en el marco de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El más reciente involucra a un migrante guatemalteco identificado como O. C. G., quien había recibido protección judicial contra su deportación y se encuentra actualmente oculto en su país de origen tras haber sido expulsado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con una declaración presentada ante un tribunal de Massachusetts, O. C. G. fue deportado a México en marzo, en un procedimiento que derivó de un error en la base de datos utilizada por ICE para rastrear casos individuales de deportación.

Según documentos oficiales citados por el medio Político, los agentes fundamentaron la deportación en una supuesta respuesta del migrante en la que indicaba no temer llegar a México. Sin embargo, los abogados del Departamento de Seguridad reconocieron que tras una investigación más exhaustiva, los demandados no pudieron identificar a ningún oficial que le preguntara al O.C.G. si temía ser deportado a México.

O. C. G. había ingresado a Estados Unidos por primera vez en marzo de 2024, alegando persecución y tortura en su país de origen. De acuerdo con su declaración, durante su breve estancia en México, antes de llegar a territorio estadounidense, fue víctima de violación y secuestro en Iztapalapa por parte de un grupo de hombres que lo retuvieron hasta que su hermana pagó un rescate. Posteriormente, al iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos, un juez le otorgó protección que impedía su devolución tanto a Guatemala como a México, debido al riesgo de represalias por su orientación sexual y antecedentes de violencia.

No obstante, tras ser detenido durante dos días, fue subido a un autobús junto a otros 20 migrantes con destino a México. Asegura que las autoridades ignoraron su solicitud de consultar con su abogado y omitieron la protección judicial vigente.

Según su testimonio, fue entonces que le ofrecieron dos opciones: solicitar asilo en México con la condición de permanecer detenido durante varios meses o aceptar su traslado a Guatemala. “Después de lo que me había sucedido en México, tenía demasiado miedo de pedir asilo allí. No tenía opciones seguras, así que les dije que me enviaran de regreso a Guatemala”, explicó.

La deportación de O. C. G. constituye el tercer caso reconocido por el propio Gobierno como un error. Le anteceden los casos de Kilmar Abrego García, un salvadoreño acusado sin pruebas de pertenecer a la pandilla MS-13, y de Daniel Lozano-Camargo, un venezolano enviado a El Salvador a pesar de que existía un acuerdo judicial que ordenaba resolver previamente su solicitud de asilo.

En el caso de Abrego, el Tribunal Supremo ha intervenido para solicitar en varias ocasiones que se le permita regresar a Estados Unidos, sin que la Administración haya cumplido.

Pese a que O. C. G. contaba con respaldo judicial y protección contra la deportación, las autoridades procedieron con su expulsión amparadas únicamente en la información incompleta de una base de datos. Actualmente, permanece en Guatemala en condiciones de inseguridad, mientras sus abogados continúan apelando a las instancias judiciales para revertir la deportación y obtener su retorno a Estados Unidos.

El caso ha vuelto a poner en cuestión los mecanismos de revisión y verificación empleados por ICE y otras agencias encargadas de la política migratoria. En particular, los abogados de O. C. G. subrayan que ni siquiera se cumplió con el requisito básico de verificar directamente con el migrante si temía regresar al país al que iba a ser deportado. Este procedimiento es un paso obligatorio establecido por diversas normas internacionales y por las propias leyes de protección de derechos humanos del país.

Las tres deportaciones se han producido durante la campaña de Trump para alcanzar un millón de expulsiones en el primer año de su actual mandato, una meta que ha incrementado la presión sobre las agencias migratorias. Organizaciones de derechos humanos han señalado que dicha presión ha contribuido a la comisión de errores administrativos, falta de supervisión y la vulneración de garantías judiciales mínimas.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha revertido ninguno de los tres casos. La defensa de O. C. G. continúa presionando a través de recursos legales, pero advierten que la Administración ha ignorado las órdenes judiciales en instancias anteriores. “Me dijeron que podía solicitar asilo en México, pero que me mantendrían encerrado durante los meses que tardaran en tomar una decisión”, relató el migrante. Actualmente, su situación sigue sin resolverse, mientras permanece oculto por temor a ser nuevamente víctima de violencia.