La propuesta de reemplazar al Instituto Nacional de Acceso a la Información por una dependencia gubernamental pone en riesgo el derecho a saber. En dos décadas, las solicitudes de información aumentaron más del 1,000%
Ciudad de México, 19/11/2024 (Más/IA).- En dos décadas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en México han experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 172,169 solicitudes gestionadas en el sexenio de Vicente Fox a casi dos millones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este incremento de más del 1,000 por ciento subraya la relevancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un pilar de la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información gubernamental.
Sin embargo, la reciente propuesta para trasladar las funciones del INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha despertado dudas sobre el futuro de la transparencia y la protección de datos en el país.
Desde su creación, el INAI ha consolidado herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que desde 2016 centraliza las solicitudes y ha procesado más de un millón de ellas. Este avance tecnológico ha permitido gestionar un promedio diario de 900.5 solicitudes durante el sexenio de López Obrador, frente a las 157.2 diarias en el gobierno de Vicente Fox.
La plataforma no solo ha facilitado el acceso a la información pública, sino que ha sido clave para resolver casos de alto impacto, como la desclasificación de documentos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los contratos para la compra de vacunas durante la pandemia de covid-19.
El cambio propuesto pone en entredicho la imparcialidad en el acceso a la información, pues trasladar estas funciones a una dependencia gubernamental podría restar independencia en las decisiones sobre qué información se entrega y cuándo. Ejemplos como el caso Ayotzinapa y los contratos de vacunas evidencian que, sin la intervención de un organismo autónomo como el INAI, muchas solicitudes quedarían sujetas al arbitrio de las instituciones responsables.
En términos de recursos de revisión, herramienta que permite a los ciudadanos impugnar respuestas insuficientes o negativas de los sujetos obligados, el INAI ha gestionado 113,610 recursos durante el sexenio de López Obrador, un aumento del 116.1 por ciento respecto al periodo anterior. Este mecanismo refleja la constante necesidad ciudadana de un contrapeso ante las respuestas incompletas o evasivas del gobierno.
El INAI ha logrado avances significativos en términos de atención oportuna a solicitudes de información, con sectores como el energético alcanzando un cumplimiento del 99.6 por ciento, mientras que otras áreas, como sindicatos y el Poder Judicial, muestran niveles significativamente más bajos, con tasas de atención del 72.9 y 79.5 por ciento, respectivamente.
Sin un organismo autónomo, los ciudadanos enfrentarían mayores barreras para acceder a información en sectores con baja disposición a la transparencia. Además, la falta de un mediador independiente podría exacerbar las desigualdades en el cumplimiento de las solicitudes.
La desaparición del INAI y su reemplazo por una dependencia gubernamental no solo representa un cambio administrativo, sino un riesgo para los derechos de acceso a la información y la protección de datos. En ausencia de un organismo autónomo, el acceso a la verdad podría depender de la discrecionalidad y los intereses políticos, dejando a los ciudadanos sin garantías claras para exigir transparencia.
El INAI no es solo un instrumento técnico, sino una pieza clave en el sistema democrático que protege el derecho ciudadano a conocer y exigir cuentas al gobierno. Su desaparición marcaría un retroceso significativo en la construcción de un México más abierto y participativo.
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