Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 27/05/25 (Más).- El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) permitió que el Municipio de Ciudad Acuña, gobernado por Emilio de Hoyos, se tomara tres años para responder a una solicitud de información, sin promover ninguna acción para sancionar a ningún funcionario.
A lo más que llegó el organismo, supuesto garante del derecho de acceso a la información), fue hacer durante todo el tiempo que tardó el resolver el caso, una amonestación pública al Municipio, lo que en términos reales significa notificar por escrito por desatender a una solicitud de información.
El ICAI cuenta con la figura de amonestación y también puede poner multas como medidas de apercibimiento, pero no usó la segunda, lo que en el argot político se le dice: No usó los dientes.
Antonio Herrera Casillas, director de Cumplimiento y Responsabilidades del ICAI, explicó que el organismo siguió el proceso legal al emitir solo un dictamen de incumplimiento. “Le decimos: oye Acuña, no has dado información… ha sido omiso en dar cuando menos una respuesta, porque el Consejo General lo que te resolvió es darle una respuesta”, narró el funcionario.
Más aún, el funcionario responsabilizó en parte al solicitante de la información por no haber añadido a su queja actuaciones adicionales que indicaran al ICAI que se mantenía el interés de obtener la información. La falta de sanción más severa —como una multa o un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa— se atribuyó a la falta de impulso procesal por parte del solicitante.
“En todo procedimiento, tanto administrativo, civil o mercantil, cuando las partes dejan de tener inactividad en un procedimiento, se decreta por sí la caducidad… si deja de haber inactividad, quiere decir que las partes dejan de tener interés en el procedimiento”, aseguró el representante del ICAI.
Aunque este medio sí envió un oficio de seguimiento, aun cuando no hay obligación legal de ello, el funcionario respondió que no tenía constancia documental de ellos. “Desde el 2022 no hay alguna constancia o algo que acredite que desde entonces tú hayas interpuesto algún oficio… si tú la tienes, me la puedes pasar”, comentó el funcionario, al tiempo que señaló que las actuaciones visibles en el expediente estaban basadas solo en lo recibido a través de la plataforma oficial.
Ante la insistencia sobre la ausencia de consecuencias para quienes en el Municipio de Acuña incumplieron con su obligación de informar, el funcionario reiteró que no se presentó ninguna denuncia ante la Contraloría Interna de Acuña ni ante el Tribunal de Justicia Administrativa. “No se realizó ninguno de esos. Porque si te fijas, el incumplimiento lo único que hizo fue decirle: da una respuesta como tal. Ya no llegamos al incumplimiento de una amonestación pública”.
El entrevistado también admitió que el ICAI, por sí solo, no promovió un procedimiento de responsabilidad administrativa. “De conformidad con la ley, los únicos facultados para presentar faltas no graves es el órgano interno (de control del ayuntamiento) o bien, si es una falta grave, denunciarlo al Tribunal de Justicia Administrativa… no es de que no se haya realizado, sino que no llegamos hasta allá”, declaró.
Es decir, tres años no bastaron para llegar a ese momento.
El funcionario respondió que el contexto institucional también influyó en este asunto y su tardanza, pues hubo meses en que no se completó el cuórum por falta de consejeros y otras veces hubo cambio de consejeros. “El ICAI, no nada más el ICAI sino también el INAI, estaban en aras de desaparición… lo que se le daba prioridad era a sacar resoluciones en el tiempo que estaban y atender el rezago de los sujetos obligados que nunca hicieron caso”, reconoció.
Aunque el ICAI reconoce el retraso y la omisión del municipio, el instituto optó por resolver el caso a través de una amonestación sin mayores consecuencias.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.