Cuatro Poderes
Por Jorge Arturo Estrada García
México atraviesa septiembre con demasiados frentes abiertos. El caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, recluido en el Altiplano tras su regreso desde Argentina, volvió a colocar el huachicol fiscal en el centro de la tormenta. Farías niega las acusaciones y sostiene que la investigación está construida sobre inconsistencias; la Fiscalía, por su parte, lo señala como uno de los presuntos operadores de la red de contrabando de combustibles. Al mismo tiempo, la presión de Washington aumenta. Donald Trump reclama a México acciones contra funcionarios corruptos vinculados con los cárteles, mientras Marco Rubio cuestiona la estrategia mexicana contra el crimen organizado. La soberanía se invoca desde Palacio Nacional. La presión, sin embargo, ya está instalada.
El problema se agrava porque el expediente del combustible ilegal dejó de ser solamente un asunto aduanero ahora es un grave conflicto internacional. Los decomisos recientes muestran la dimensión económica del fenómeno: esta semana las autoridades aseguraron en Guanajuato 59 millones de litros de presunto combustible, el mayor decomiso del sexenio. Y mientras las investigaciones avanzan, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán aparece en el debate político por señalamientos de presuntos vínculos con redes de contrabando, aunque la fiscal general Ernestina Godoy negó que existan órdenes de aprehensión contra él y Amílcar Olán.
No obstante, la propia presidenta Sheinbaum ha reconocido que existen investigaciones sobre Olán, pero no admitió la presencia de revelaciones contra López Beltrán.
Washington, entretanto, aprieta donde más duele: seguridad, corrupción, comercio y dinero. Trump ha exigido procesar a funcionarios corruptos y ha cuestionado la insuficiencia de las inversiones mexicanas en seguridad. El T-MEC se convierte así en parte de una negociación mucho más amplia. Ya no se discuten solamente las reglas comerciales, aranceles o cadenas productivas. También aparecen narcotráfico, migración, aduanas y combate al lavado de dinero.
La llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump del 17 de septiembre fue descrita como constructiva, ocurre bajo ese clima de presión creciete, es temporada electoral en la unión americana. Igual que siempre, el Palacio Nacional responde con “soberanía y coordinación”. Washington persiste con exigencias. Y entre ambos discursos está la economía mexicana, que no puede darse el lujo de ignorar ningún detalle. El vecino país es nuestro socio clave.
Mientras las cúpulas discuten soberanía, candidaturas, expedientes y controles políticos, México sigue acumulando señales de una crisis institucional que no se resuelve con propaganda. El país necesita instituciones capaces de investigar a propios y extraños, jueces independientes, prensa libre y autoridades que puedan explicar sus decisiones. La corrupción se ha extendido y la política se ha convertido en refugio morenista. Esa es la tormenta que viene.
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