Ciudad de México, 01/04/26 (Más).- La disputa entre México y Estados Unidos por la operación de la minera Vulcan Materials ha escalado al terreno legislativo estadounidense, donde el Congreso analiza una ley que podría derivar en sanciones contra el Gobierno mexicano.
El conflicto gira en torno a la decisión de México de declarar área natural protegida los terrenos de explotación de piedra caliza en Quintana Roo, lo que impide a la empresa continuar con sus actividades en la zona.
De acuerdo con El País, la iniciativa denominada Acto para Proteger a las Empresas Estadounidenses en el Extranjero, ya aprobada por la Cámara de Representantes y pendiente en el Senado, surge en respuesta directa a este caso. La propuesta fue impulsada por el congresista August Pfluger, quien ha argumentado que México ha colocado a la compañía en desventaja y ha vulnerado compromisos del tratado comercial entre ambos países.
La minera posee una explotación a cielo abierto de aproximadamente 2,000 hectáreas cerca de Playa del Carmen, además de una concesión en la terminal marítima de Punta Venado vigente hasta 2037.
Desde 2022, mantiene un conflicto con el Gobierno mexicano, que culminó en 2024 con la declaratoria de área natural protegida sobre más de 53,000 hectáreas en la península de Yucatán, incluyendo los terrenos de la empresa. Esta medida frenó cualquier actividad extractiva y llevó a la compañía a iniciar un arbitraje internacional en el que reclama 1,900 millones de dólares.
La tensión aumentó tras la clausura de la mina en 2023, cuando fuerzas del Ejército y la Marina participaron en el operativo. Legisladores estadounidenses han denunciado presiones adicionales contra la empresa, incluso a través de mecanismos fiscales, mientras el litigio sigue en curso.
Por su parte, el Gobierno de México ha rechazado que exista expropiación o confiscación de activos, al sostener que la propiedad de los terrenos continúa en manos de la empresa y que la restricción responde exclusivamente a criterios ambientales. La administración federal mexicana argumenta que la minera excedió los permisos originales de explotación, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente vigila el cumplimiento de la prohibición.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su gobierno busca alternativas para evitar una confrontación bilateral, incluyendo la posibilidad de ofrecer nuevos terrenos donde la empresa pueda operar fuera del área protegida. La mandataria también ha minimizado la posibilidad de sanciones inmediatas por parte de Estados Unidos.
El diferendo se produce en un momento clave para la relación comercial entre ambos países, en medio de la revisión del T-MEC, que tiene como fecha límite el 1 de julio.
Desde Washington, funcionarios comerciales han insistido en que la compensación a la minera es un tema prioritario en la negociación, lo que añade presión para alcanzar un acuerdo que evite mayores repercusiones económicas y diplomáticas.
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