CRCC vuelve a participar en un proyecto ferroviario en México, lo que revive la polémica de 2014 por fallida licitación. Hace 12 años, haría el tren México-Querétaro; ahora participará en el tren Querétaro-Irapuato
Ciudad de México, 29/06/26 (Más).- La empresa estatal china China Railway Construction Corporation (CRCC), que hace más de una década encabezó el consorcio ganador de la fallida licitación del tren México-Querétaro, volvió a participar en el proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno de México, ahora mediante una de sus subsidiarias y empresas vinculadas a la constructora española Aldesa, dentro de las obras complementarias del tramo que conectará Querétaro con Irapuato, Guanajuato.
De acuerdo con información publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la presencia de la firma china en este nuevo contrato se concreta a través de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), subsidiaria de CRCC, así como de cinco empresas pertenecientes al grupo Aldesa, constructora que fue adquirida casi en su totalidad por el corporativo chino entre 2020 y 2023.
El consorcio integrado por CCECC, Aldesa y dos empresas mexicanas obtuvo el contrato para el diseño y construcción de cuatro edificios auxiliares destinados a zonas de repostaje, talleres, cocheras y bases de mantenimiento del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes adjudicó la obra por un monto de 3 mil 279 millones de pesos a una alianza conformada por Impulsora de Desarrollo Integral, Jaguar Ingenieros Constructores, Proacon, Coalvi, Aldesa Construcciones, Aldesa Polska, Construcciones Aldesem y China Civil Engineering Construction Corporation.
La licitación contó inicialmente con la participación de cinco consorcios, aunque únicamente dos llegaron a la etapa final del proceso. Dentro de la alianza ganadora destaca que una de las compañías pertenece directamente al conglomerado chino CRCC y cinco más forman parte del grupo Aldesa, cuya propiedad quedó prácticamente en manos del corporativo asiático tras sucesivas ampliaciones de capital realizadas entre 2020 y 2023.
El contrato fue firmado el 6 de marzo de 2026 y establece que los trabajos iniciaron ese mismo mes, con una fecha prevista de conclusión en julio de 2028. Según la documentación revisada, varias de las empresas del consorcio fueron representadas por un mismo apoderado legal, debido a que forman parte del mismo grupo empresarial controlado por Aldesa.
El regreso de CRCC al proyecto ferroviario revive el antecedente registrado en 2014, cuando la empresa encabezó el consorcio que obtuvo la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el contrato fue revocado apenas tres días después de su adjudicación, en medio de los cuestionamientos derivados del caso conocido como La Casa Blanca de Peña Nieto.
En aquel proceso participaba también Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, identificado como cercano al entonces mandatario. Posteriormente, una investigación periodística reveló que Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, habitaban una residencia valuada en siete millones de dólares construida por Grupo Higa bajo un contrato de compraventa, situación que generó señalamientos por un posible conflicto de interés. Tras la cancelación del proyecto, el Gobierno mexicano indemnizó al consorcio encabezado por CRCC con alrededor de 16 millones de dólares por gastos no recuperables.
La publicación también documenta que CRCC y su subsidiaria CCECC han enfrentado diversos señalamientos internacionales relacionados con procesos de contratación pública. Entre ellos figura una sanción temporal impuesta por el Banco Mundial en 2019 por irregularidades detectadas en una licitación financiada por ese organismo en Georgia. Ese mismo año, empresas del grupo aparecieron en listas de sanciones multilaterales vinculadas con casos de fraude y corrupción en Nigeria.
Asimismo, en 2023 un tribunal federal de Nigeria procesó a CCECC y a una exministra de Aviación por presuntos delitos de soborno, lavado de activos y manejo de cuentas bancarias anónimas.
Ese mismo año, una comisión investigadora del Congreso de Perú incluyó a la empresa entre las compañías favorecidas en contratos públicos que posteriormente fueron objeto de investigaciones por presunto lavado de activos.
Además, el Banco Europeo de Inversiones suscribió un acuerdo de conciliación con CCECC tras indagatorias relacionadas con presuntas irregularidades en proyectos desarrollados en varios países.
El reportaje también señala que otra de las empresas integrantes del consorcio ganador, Jaguar Ingenieros Constructores, fue inhabilitada en 2019 por la entonces Secretaría de la Función Pública durante 15 meses y recibió una multa de 604 mil 500 pesos por presentar un documento alterado relacionado con obligaciones ante el Infonavit en un procedimiento de contratación vinculado al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde participaba en la construcción de la Torre de Control.
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